Junio/24 Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, analiza los que considera “los injustos efectos e incompleto diseño de las políticas públicas en la educación superior colombiana”.
El Sistema Colombiano de Educación Superior – SCES, que históricamente representa uno de los mayores patrimonios de la Nación, gracias al aporte de todos sus actores, navega por aguas turbulentas. Las acciones gubernamentales para construir política pública, podrían estarse orientando de una forma irregular, poniendo en riesgo la subsistencia de algunos de sus actores y, sobre todo, sacrificando la esencia de la verdadera autonomía y gobernanza democrática en el ejercicio de la educación en Colombia.
La educación superior como solución y no como problema estructural
En el arremolinado mundo del poder aflora el imperio de la autoridad, muchas veces enmarcado en el caudillaje, como se presenta en los tiempos actuales y en medio de escenarios con mucha controversia gubernamental. Es un polémico liderazgo que convoca al pueblo a “manejar la cosa pública”, rompiendo el ejercicio democrático entregado por el constituyente primario y que desajusta la doctrina liberal representada desde sus orígenes en las formas más avanzadas de la cultura democrática, que bien le haría a nuestros tiempos de tantas preocupaciones y desesperanzas.
La democracia, concebida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ha sido uno de los pilares fundamentales de las sociedades modernas. Sin embargo, en la práctica, el ejercicio democrático enfrenta desafíos que ponen en entredicho su
verdadera eficacia y legitimidad.
Uno de estos desafíos radica en el poder del trono, es decir, en la concentración de poder en ciertas personas, élites o grupos de interés que socavan los principios democráticos y perpetúan desigualdades en diferentes ámbitos, sin ninguna clase de consideración, como podría ser el caso de la educación superior de nuestros tiempos, que como bien se conoce, hoy está llena de un cúmulo de incertidumbre para los actores del sector que navegan en un mar incierto que nadie sabe a qué puerto se arrimarán.
Desde una perspectiva global, la educación superior, sobre todo la no oficial, o privada, enfrenta a un panorama complejo marcado, incluso, por la difamación y desprecio, por no decir satanización, con epítetos de todos los tamaños y despropósitos. Tristemente se ve cómo ha sido perversamente estigmatizada con los injustos términos de usura, exclusión, mercantilismo, clasismo, privilegio e inequidad. Si bien la universalización en el acceso y la responsabilidad de los Estados con el financiamiento de la educación superior son deseos de todos los ciudadanos, esto no puede traducirse en una bandera política que descalifique y deslegitime, en un entorno de quimeras sobre la calidad educativa, el rol de la educación superior privada, que lo es por sus operadores, pero que
en su esencia y resultados también es pública y social.
En ausencia de un marco fiscal sostenible y pleno para garantizar el financiamiento de toda la educación superior pública, así como sus condiciones de oferta e infraestructura con calidad, es absurdo desconocer el peso histórico, social y numérico de la educación superior privada, mucho más cuando la realidad de hoy muestra que las instituciones de educación superior (IES) privadas atienden el 45 % de toda la matrícula del SCES, y que de esta participación un poco más del 80 % de sus estudiantes son connacionales de estratos 1, 2 y 3. Y eso que las IES privadas vienen enfrentando una crisis creciente y exacerbada por la falta de atención y apoyo por parte del Gobierno, seguramente no financiera, pero sí de respeto y consideración que las vea como socias o aliadas de la educación en este entorno que cada vez es más hostil.
Las cifras solo muestran el resultado de la matrícula formal en pregrados y posgrados, y no están dimensionando una realidad aún más compleja, y es la de 1 de cada 2 colombianos que no están accediendo al sistema, o que tienen su mente puesta en otras opciones de formación como las certificaciones, los microcréditos, programas de educación más cortos, independiente que sea con gratuidad total o parcial, como está ocurriendo actualmente.
Es indudable que, a pesar de los avances en la cobertura educativa en las últimas décadas, persisten desafíos estructurales que afectan la calidad y la equidad del sistema. La falta de suficiente inversión en infraestructura, la precarización laboral de los docentes y la insuficiente financiación estatal, son solo algunos de los problemas que aquejan al sector. Aunque es dable reconocer la voluntad que sobre gratuidad se han avanzado, pero siguen en deuda tanto el Estado como el sector privado en la corresponsabilidad que les asiste de manera fáctica para el desentrabe real, y no progresivo, de una verdadera educación competitiva en el nuevo orden mundial, que permita alistar a nuestros conciudadanos en los frentes profesionales de alto nivel, o como empresarios generadores de bienestar social laboral.
Sobre la falacia educativa
En este contexto, es fundamental reflexionar sobre la falacia en la democracia educativa, que consiste en no respetar el ordenamiento jurídico de las organizaciones educativas y la legitimidad de las decisiones de sus órganos de dirección y de gobierno, sin atropellar su autonomía y las fidedignas y perspicuas resoluciones o mandamientos propios de sus funciones como cuerpos colegiados que direccionan el giro ordinario de las universidades, entendido en esta categoría, todas las IES que hacen parte del SCES, pero fundamentalmente en lo atinente con la educación superior pública.
Lamentablemente, todo esto ha germinado en el marco del poder del trono, desde donde se mira despectivamente de manera vertical, sin ninguna clase de recato las decisiones a tomar, ni mucho menos con circunspección alguna, y que como consecuencia lacera directamente la gobernanza institucional e insta a la desconfianza de la misma gobernabilidad. Entre tanto, se proponen políticas y normas que, paradójicamente, hablan de inclusión de todos los actores, pero terminan reforzando la falta de políticas y de acciones afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades para construir una sociedad más justa y equitativa, que no solo logre gratuidad progresiva en la educación, sino también el necesario respeto a las instancias del gobierno universitario de las IES.
Ante los desafíos de esta falacia, en torno de una mirada errónea de lo que significa el poder del pueblo y del gobierno para repensarse, es necesario desarrollar estrategias integrales que promuevan la democratización fáctica de la educación superior. Esto implica una mayor inversión pública en educación, implementación real de políticas de inclusión y equidad, fortalecimiento y visibilidad de la autonomía universitaria para garantizar la calidad académica y la libertad de pensamiento, sin olvidar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, dada la existencia de barreras invisibles que perpetúan la exclusión y la marginalización de ciertos grupos sociales.
Esto demanda, también, fomentar un debate público informado y participativo sobre el papel de la educación en la sociedad y el rol de la democracia en la construcción de un sistema educativo justo y equitativo. Solo mediante un compromiso colectivo, respeto a las autoridades encargadas de impartir arbitrio y una acción decidida, se podrá superar los obstáculos y alcanzar la verdadera democratización del ejercicio horizontal de la educación superior, contribuyendo así al desarrollo humano integral y sostenible de
nuestra sociedad donde todos tengamos cabida.
Solo mediante la colaboración activa entre el Gobierno y los otros actores relevantes, será posible superar el abuso del poder del trono y alcanzar una verdadera democratización en el ejercicio de la educación en Colombia.
Llamado al diálogo y la concertación
En el caso específico de nuestro país, el papel del Ministerio de Educación Nacional es crucial en la configuración y supervisión del sistema educativo. Lamentablemente, por el poder del trono, su actuación ha estado marcada por desafíos y contradicciones que reflejan la complejidad de conciliar los intereses de diferentes actores en el ámbito educativo. Mientras que, por un lado, el Ministerio debe garantizar el acceso equitativo a la educación y promover la calidad académica, por el otro lado, enfrenta presiones
políticas y económicas que pueden influir en sus decisiones.
Es fundamental que el Ministerio adopte un enfoque transparente y participativo en la formulación de políticas educativas, asegurando la representación de todos los sectores involucrados, incluidos estudiantes, profesores, egresados, IES y la sociedad civil, respetando el orden jurídico como las legítimas decisiones mayoritarias de los corporados en los órganos de dirección y gobierno, todo ello en el marco de la autonomía universitaria y sus propias normas de gobierno que las resguardan.
El Estado, en sus diferentes manifestaciones, debe dar ejemplo de civilidad y respeto a la Ley y a la Autonomía Universitaria (Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992). De lo contrario, el agravamiento por la intervención estatal en los órganos de dirección y de gobierno, podría generar una crisis de proporciones incalculables jamás vistas en la vida del SCES.
En el marco de la democracia y no de su falacia, el gobernante debe enmarcarse en la categoría que le corresponde y no abusar de la envestidura del poder del trono. Su verdadero poder está en la autoridad y no en el atropello o la arbitrariedad.
El ejercicio sano de la democracia, como el juicioso poder del trono, podrán garantizar la autonomía universitaria, y estrechar nuestras manos por la educación y verdadera paz de Colombia.
¡REBASAR EL PODER DEL TRONO LASTIMA PROFUNDAMENTE LA DEMOCRACIA!
