Sept 26/25 En menos de dos meses, el proyecto de ley por el cual se crea la Universidad del Ministerio Público, liderado por el Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, ya fue aprobado en comisión y plenaria de Senado y en próximos días se discutirá en Cámara de Representantes.
El hoy Procurador (foto centro), quien fue Secretario General del Congreso de la República muchos años, conoce muy bien la dinámica de la célula legislativa, de tal manera que esto le ha ayudado a agilizar su iniciativa de convertir el Instituto de Estudios del Ministerio Público IEMP en una institución de educación superior de carácter público nacional vinculada a la Procuraduría General de la Nación, en Universidad del Ministerio Público.
Su experiencia congresional le ha servido para gestionar mucho más rápido este proyecto de nueva universidad, a diferencia de lo sucedido, por ejemplo, con el de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, radicado hace un año por el Ministerio de Educación y que hasta ahora va en segundo debate (aprobación de Senado).
Es más, el articulado señala que la nueva universidad podrá crearse sin contar con el estudio de factibilidad socioeconómica aprobado por el Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, como lo define la Ley 30 de 1992.
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En cambio, la propuesta de crear la Universidad del Ministerio Público ya va para su tercer debate, en mes y medio.
El proyecto de ley 123 de 2025 (clic para descargar el texto), fue radicado el 5 de agosto de 2025 en la Secretaría General del Senado de la República. Fue aprobado en la Comisión Sexta del Senado de la República, con la ponencia de Alex Xavier Flórez Hernández, quien repitió su condición de ponente en la plenaria del Senado, que también lo aprobó, y ahora, con la ponencia de Julián David López Tenorio (foto derecha), actual Presidente de la Cámara de Representantes, será discutido en la Comisión Sexta de la Cámara baja.
Desde cuando era Secretario General del Senado de la República, el hoy Procurador siempre impulsó actividades de carácter formativo a través del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, a través del cual realizaba convenios con IES oficiales y privadas para programas de formación para el sector legislativo. Con su llegada a la Procuraduría General de la Nación encontró que allí existe desde hace más de tres décadas el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que ha venido ofreciendo formación para servidores públicos en temas afines, pero con un carácter no formal. Ahora quiere aprovechar toda la experiencia para constituir esto en una Universidad del Ministerio Público.
Procuraduría quiere convertir en Universidad su Instituto de Estudios del Ministerio Público
Enfoque de la nueva universidad
El objeto del proyecto es transformar el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) en la Universidad del Ministerio Público, como una institución de educación superior especializada “destinada a fortalecer las capacidades académicas, técnicas y profesionales de los servidores que integran el Ministerio Público en Colombia: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las personerías municipales y distritales”.
Según señala el documento base, la nueva IES “no pretende replicar funciones ni programas del sistema universitario general, sino establecer una entidad académica orientada específicamente a las necesidades institucionales del Ministerio Público, con una naturaleza misional complementaria al aparato estatal de educación superior, bajo el régimen previsto en la Ley 2142 de 2021”, que es la que permite a centros e institutos de investigación ofertar maestrías y doctorados.
Así operaría
1) Su sede principal estará en Bogotá.
2) Funcionará con planta de personal que se adopte para su funcionamiento o mediante Convenios con otras Universidades, Centros o Institutos de investigación.
3) Aclara que la transformación del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) en la Universidad del Ministerio Público no requiere de lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30 de 1992.
Lo que dice el art 58 de la Ley 30: “La creación de universidades estatales u oficiales y demás instituciones de educación superior corresponde al Congreso Nacional, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales o a los concejos municipales, o a las entidades territoriales que se creen, con el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Al proyecto de creación debe acompañarse por parte del gobierno un estudio de factibilidad socioeconómica aprobado por el Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU”.
4) No obstante el punto anterior, señala que se regirá por la Ley 30, la autonomía universitaria y la inspección y vigilancia.
5) Indica que podrá ofertar programas de pregrado y posgrado.
6) Su enfoque, que llama Extensión Académica, se relacionará con las áreas de la función pública, derechos humanos, integridad, control disciplinario, transparencia, innovación pública, gobierno digital y demás materias que contribuyan al fortalecimiento institucional del Estado.
7) Tendrá un Consejo Superior, presidido por el Procurador General, el Ministro de Educación, el Defensor del Pueblo, entre otros.
8) El primer rector será designado por el Procurador
Se dice que los recursos vendrán de los asignados del Presupuesto General de la Nación, mas no se detalla si directamente o a través de los que recibe la Procuraduría General de la Nación.
Esta iniciativa tiene similitudes con la creación de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia – CIJ, comúnmente conocida como la “Universidad de la Fiscalía”, del entonces fiscal Luis Eduardo Montealegre, en el gobierno Santos, y que terminó recibiendo múltiples críticas, al punto que nunca funcionó como tal.
