Abril 29/26 Aunque las universidades tienen autonomía para otorgar títulos, lo ocurrido con el rector de una importante universidad pública colombiana genera un debate ético y legal al respecto. Aquí analizamos el caso.
Cuando, en 2016, llevaba dos años de su primera rectoría, el aún hoy rector de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Luis Fernando Gaviria Trujillo, se tituló como estudiante de la misma institución como “Especialista en Procesos Industriales Agroalimentarios”, y fue el propio Gaviria quien firmó su diploma; es decir, aparece como graduando y como rector en el mismo documento.
El hecho cobró relevancia luego que el Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, emitió una sentencia el pasado 23 de abril en la que analizó, y confirmó, la legalidad de la re-elección de Gaviria Trujillo como rector de la UTP para el periodo 2024-2028, tras una demanda interpuesta por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), en la que, entre otros motivos, buscaba la nulidad con varias peticiones, todas desvirtuadas, y entre ellas que el rector hubiera firmado su propio diploma, por considerar que esa situación le enfrentaba a un conflicto de intereses.
En su defensa, Gaviria Trujillo aclaró que dicho título “cumple con los requisitos estatutarios y legales”, por lo que “la firma del rector en el diploma no implica que lo otorgue en nombre propio, pues este va precedido de unos requisitos legales para su obtención”.
A su vez, la defensa jurídica de la Universidad indicó que “el juez electoral no tiene competencia para decidir sobre su validez, (pues) este goza de presunción de legalidad, el programa académico cuenta con registro calificado y la firma del rector en el diploma es una formalidad”.
Aunque es común que muchos directivos de IES estudien y se titulen en la propia universidad mientras laboran allí, es poco común que lo haga el rector, y es muchísimo más extraño, que sea el propio rector quien firme su diploma.
¿Es legal?
Respecto a la tacha sobre el título de especialista del rector (alegando que él mismo se lo otorgó como representante legal de la institución), el fallo indicó que la firma en un diploma es una formalidad y no implica que el título carezca de validez académica o legal.
Desde una perspectiva estrictamente administrativa, la respuesta es sí, es legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos académicos previos.
El Consejo de Estado ha señalado que el título se obtiene por haber cursado y aprobado el plan de estudios, no por el acto de la firma. Si el rector cumplió con los créditos y requisitos de ley, el diploma es un reconocimiento de un derecho adquirido.
Además, se argumenta que el rector es el representante legal de la institución, y que al firmar un diploma, no se está “otorgando a sí mismo” el conocimiento, sino dando fe pública, en nombre de la universidad, de que un estudiante (que en este caso coincide con su persona) cumplió los requisitos.
Así, el hecho de que un rector firme su propio diploma es una formalidad que no invalida el título ni lo hace ilegal, siempre que los estudios sean reales y verificables.
¿Y es ético?
Aquí las normas pasan a segundo plano y el debate adquiere una valoración subjetiva, pues aunque sea legal, aparece la percepción de un conflicto de intereses y posible falta de transparencia.
Primero, porque en las actuaciones públicas (y los rectores de universidades públicas son servidores públicos) no solo se debe ser transparente, sino también parecerlo. Un rector firmando su propio cartón puede interpretarse como un “juez y parte”, lo que podría afectar su imagen y la de la institución.
Por ello, bajo el principio de transparencia y para evitar cualquier sombra de duda, el rector debería delegar la firma en otro funcionario con autoridad (como un vicerrector o el secretario general) o declararse impedido para ese acto administrativo específico.
Pero si la firma está soportado en los certificados y pruebas del estudio del rector, y las normas internas de la Universidad así lo permiten, se admite como una conducta no reprochable éticamente.
¿Qué hacer?
Para evitar posteriores polémicas, evitar demandas o cuestionamientos éticos, lo ideal es:
1) Que el rector manifieste ante otras autoridades, personales o colectivas de su Universidad, que tiene un interés directo en el acto (su graduación) y pide que se designe un firmante ad hoc.
2) En consecuencia, que la firma del diploma sea realizada por otro directivo o un rector (ad-hoc) para el tema.
