Junio 24/26 El cambio de gobierno en Colombia (de izquierda a derecha) sigue el mismo rumbo del sucedido hace meses en Chile. Mantener la gratuidad y controlar los desórdenes universitarios son dos inmensos retos. José Antonio Kast, presidente del país austral (foto) contempla quitar la gratuidad universitaria a los estudiantes que cometan las llamadas “incivilidades”.
El nuevo presidente de Chile, el ultraconservador José Antonio Kast, busca castigar con la pérdida de beneficios sociales las llamadas “incivilidades”, como por ejemplo la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la calle, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada o la destrucción de equipamiento comunitario. Para ello se crearía un “Registro de Vándalos e Incivilidades”.
Dichas incivilidades se identifican con actividades que no constituyen, como tal, un delito y no pasan por el poder judicial. Y eso sería polémico en su definición.
El núcleo punitivo de la propuesta radica en condicionar la asignación de ayudas del Estado. Aquellos estudiantes de educación superior que participen en manifestaciones y sean sancionados por las conductas descritas en el registro perderán automáticamente el beneficio de la gratuidad universitaria.
“Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público” merece estos beneficios, señaló Kast en su primer discurso ante la Nación en el Congreso.
El mandatario anunció que se enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un registro de vándalos e incivilidades, donde se incorporará a los ciudadanos que hayan cometido determinados delitos -como atentar contra policías, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes o el daño a monumentos nacionales- y otras acciones que no están penalizadas de acuerdo a la ley chilena.
“Perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo”, explicó el presidente respecto de esta iniciativa que ha generado un gran debate público.
Argumentos de parte y parte
Mientras que para algunos como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, el registro propuesto apunta a fortalecer las herramientas del Estado para resguardar el orden público y recuperar espacios para “las familias chilenas”, para algunos juristas, implementar una medida e esta naturaleza conculcaría derechos adquiridos por la ciudadanía, como el derecho a la educación.
Para el jurista Alfredo Joignant, “los beneficiarios de derechos sociales (la gratuidad en educación superior, por ejemplo) no se distribuyen aleatoriamente en la población: son las personas más pobres y vulnerables y no las de los grupos sociales más favorecidos en donde, evidentemente, también existen vándalos e incivilidades”.
Para Jaime Bassa, diputado del Frente Amplio, esto es una “lista negra” que afectará a quienes más dependen del Estado.
Para la ahora oposición (y gobierno hace unos meses, con Gabriel Boric) hay señales de clasismo en la medida del oficialismo.
Para el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, de la derecha tradicional que forma parte del Gobierno, llamó a revisar con cautela el proyecto de ley, pues “quitarle la escolaridad gratuita a un joven puede llevarlo a marginarse del sistema y hacer que quede inmerso en un círculo de violencia”.
Claudia Sarmiento, profesora de derecho, señala que en Chile la Constitución no condiciona el goce al derecho a la educación, al comportamiento que pueda tener una persona.
Tribunal Constitucional pone un “alto” al gobierno Kast
No obstante su intención, el Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional la restricción de la gratuidad universitaria y las facultades dadas a las policías para revisar mochilas y vestimentas de alumnos, las cuales formaban parte de la ley Escuelas Protegidas.
El Tribunal ha objetado una medida proyectada desde el Congreso Nacional de quitar el beneficio de la gratuidad universitaria por cinco años a los estudiantes condenados por delitos graves. También ha rechazado la facultad otorgada a Carabineros y la PDI, el cuerpo policial chileno, de revisar las mochilas o vestimentas de los alumnos sin la orden de un fiscal.
Alcance de la gratuidad
Chile, antes que Colombia, avanzó primero en el tema de gratuidad.
La política de gratuidad en la educación superior chilena comenzó a aplicarse en el año 2016 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y se consolidó de forma permanente mediante la promulgación de la Ley 21.091 de Educación Superior en el año 2018.
Los beneficiarios, chilenos o extranjeros, son estudiantes de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos de la población del país.
A diferencia de Colombia, la gratuidad universitaria en Chile sí se puede dar, con respaldo del gobierno, en universidades privadas, y tanto las IES públicas como privadas que reciban beneficios deben limitar sus incrementos de matrícula.
En Colombia, críticos del nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella, advierten el riesgo de que la gratuidad universitaria se pierda. No obstante el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien como ministro de Hacienda de Duque gestionó la gratuidad en pandemia, ha insistido en que, por el contrario, la mantendrá y ampliará.
