Sería bueno que para conmemorar los cien años del “Manifiesto de Córdoba”, investigáramos en realidad que ha ocurrido en América Latina frente a este tema y mirar cómo evolucionan estas variables de responsabilidad, financiación y seguridad. Seguramente han existido avances, pero también con certeza, muchos aspectos implícitos, son olvidados o no son tenidos en cuenta, afirma Jaime restrepo en Periódico Debate.
Estamos próximos a conmemorar los 100 años del “Manifiesto Liminar”, más conocido como “Manifiesto de Córdoba” de los estudiantes argentinos que se lanzó a la luz pública el 21 de junio de 1918, apenas un mes después de una reforma propuesta por los directivos de la Universidad Nacional, llamada reforma de Nicolás Mahenzo. Se le atribuye su redacción a Deodoro Roca (1890–1942) líder del movimiento, un abogado y periodista de la misma universidad, pero que es firmado por los miembros de la Federación Universitaria de Estudiantes. En su momento fue la expresión sentida, llevada a la rebeldía por el movimiento estudiantil, incluso con una clara defensa, casi que apologética, de la violencia que ejercieron durante las movilizaciones.
La causa fue el proceso de mediocridad que se había apoderado de la universidad, en dónde profesores y directivos, haciendo uso del principio de autoridad y de un claro dogmatismo, establecieron las famosas “dictaduras de la ignorancia”, defendidas sin criterio y atropellando el verdadero sentido de la enseñanza aprendizaje. No pocas veces ocurre también eso en Colombia, en donde el poder, empotrado en algunas instituciones, independientemente de los avances y desarrollos académicos, se perpetúa sólo por el interés personal de detentarlo o por buscar el enriquecimiento de algunas élites empotradas en la universidad.
El Manifiesto de Córdoba es una acto de rebeldía contra lo que ellos llamaron: “el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos (se supone que mentales), y –lo que es peor aún–, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar, hallaron la cátedra que las dictara”. Por eso se levantan contra una sociedad en decadencia, en donde la enseñanza, conceptúan ellos, no debe ser “mandando” sino “sugiriendo y amando”, al defender que la verdadera enseñanza es un verdadero acto de amor.
Abogan también por una vinculación mucho más espiritual entre profesores y estudiantes para evitar que la enseñanza sea hostil e infecunda. No hablan propiamente de autonomía, pero sí defienden que las decisiones no pueden ser tomadas por camarillas que no tienen en cuenta la voluntad de los estudiantes, no se refieren específicamente a un modelo de co–gobierno, aunque los movimientos estudiantiles que se desarrollaron con posterioridad si lo adoptan como parte del legado de los estudiantes argentinos. Valga hablar de la revolución de mayo de los estudiantes franceses en 1968, 50 años más tarde, dirigidos por Daniel Cohn-Bendit.
Estamos frente a casi cien años de discutir en América Latina sobre la autonomía universitaria, cuestión que fue inherente al desarrollo de las más antiguas universidades en el mundo como las de Bolonia, París, Oxford, Cambridge o Salamanca, y sin embargo, vemos que esta se vulnera de manera persistente, a veces por las autoridades judiciales y en otras por el gobierno mismo, pero lo cierto es que no la hemos podido garantizarla plenamente, en parte porque se ve permanentemente constreñida por la financiación, que sería necesaria para lograr una verdadera autonomía académica y en parte por leyes o normas que regulan en exceso el papel de las universidades o por los amigos de la violencia armada, en países como el nuestro, que imponen bajo amenazas y con el uso de las armas su régimen de terror al interior de las universidades, en especial de las públicas.
Necesitamos una autonomía no exenta por supuesto de la responsabilidad social que la libertad entraña como una obligación paralela y consustancial, sino bajo una financiación adecuada y suficiente, que no limite el desarrollo, las coberturas y la calidad, desligada de normas que asfixian los centros académicos y la limitan, y con la garantía real del Estado, de preservar las instituciones educativas de la violencia armada de grupos extremistas, las ventas ambulantes que se convierten en especies de mecanismos de infiltración de otros intereses ajenos a la cátedra, en especial de los grupos que apoyan el narcotráfico y que encuentran su escenario de distribución y consumo en las instituciones educativas.
Sería bueno que para conmemorar los cien años del “Manifiesto de Córdoba”, investigáramos en realidad que ha ocurrido en América Latina frente a este tema y mirar cómo evolucionan estas variables de responsabilidad, financiación y seguridad. Seguramente han existido avances, pero también con certeza, muchos aspectos implícitos, son olvidados o no son tenidos en cuenta.
