Junio 4/24 El no pago a tiempo de la nómina en mayo no fue una contingencia. La situación es crítica: no hay flujo de caja, no hay forma de hacer traslados de recursos para pagar nómina, los ingresos no alcanzan para los gastos de funcionamiento, la universidad está desfinanciada y evalúan un plan de austeridad que muchos dijeron estar viviendo hace tiempo ya.
Lea: Tras casi 50 años de pagos a tiempo, U. de Antioquia no cancela la primera quincena de mayo
La dirección de la Universidad de Antioquia justifica la situación en que es una realidad advertida de tiempo atrás, la reducción en contratos con otras entidades y que la pandemia les demandó recursos no programados.
Y aunque en los últimos dos gobiernos (tras el paro estudiantil de 2018) el Estado ha incrementado sus aportes de transferencias por encima de lo definido por la Ley, estos no parecen ser suficientes tanto para la Universidad de Antioquia, como para las universidades públicas. El exsecretario general y exaspirante a rector Luquegi Gil Neira, ha advertido que “muchos de los gastos que comprometen la calidad de la educación o el aumento de cobertura, siguen aumentado muy por encima de los ingresos” (clic para leer su análisis).
Lo cierto es que la Universidad viene gastando más de lo que recibe, el patrimonio viene cayendo y el pasivo subiendo.
Los críticos advierten que ha habido mala planeación en la universidad, que se ha dejado llevar por los sobrecostos y mínimos ahorros y no deja de ser llamativo que si es una situación prevista de tiempo atrás, por qué viene a estallar públicamente pocos días después que el rector John Jairo Arboleda (foto) fue re-elegido por el Consejo Superior Universitario.
¿Por la elección estaba escondida la noticia de la situación financiera, de un desfinanciamiento de 340 mil millones, de la que algo se mencionó en la campaña, pero que se demeritó por parte de Arboleda y no fue incidente en la campaña?
Arboleda andaba por Europa mientras la situación estalló, y aún no ha salido públicamente a explicar la situación. Entre tanto, docentes y estudiantes avanzan en una asamblea permanente.
El diario El Colombiano recogió una descripción general de lo que pasa, así:
Las últimas asambleas generales de profesores y estudiantes dejaron en evidencia que la Universidad de Antioquia no está en su mejor momento. Hay malestar por la crítica situación financiera —a 2023 el desfinanciamiento ascendía a $348.095 millones por aportes de Ley 30—, que ya causó retrasos en el pago de salarios, algo que según dicen no sucedía hace por lo menos 50 años, y demostró que los recursos no son suficientes para los gastos de funcionamiento.
La cosa es tan seria que docentes y estudiantes están en asamblea permanente y hablando en la escena pública estos asuntos. Aunque en días recientes ambos temas se han cruzado en pasillos, salones, auditorios y redes sociales, el mal tiempo que atraviesa el alma mater de los antioqueños ha mostrado síntomas desde los últimos meses, con mayor ruido durante la campaña para la designación del rector 2024-2027, que resultó en la reelección de John Jairo Arboleda Céspedes.
Él empezó en abril su tercer periodo con una presión más alta que nunca para que gestione recursos y procesos que permitan encontrar soluciones que algunos creen debió anticipar en sus dos periodos pasados para mitigar lo que hoy está pasando.
El lunes 20 de mayo, el personal recibió un comunicado según el cual el pago no sería ese día como es habitual, sino que se tardaría, pero se haría esa misma semana.
“Esta situación es consecuencia del estado de liquidez actual de la universidad, derivado de los pagos y transferencias que recibe periódicamente la institución”, señalaron en la comunicación, que empezó a generar especulaciones sobre un posible déficit financiero y la pregunta de si había retrasos en las transferencias de los gobiernos nacional y departamental.
Varias personas pidieron respuestas y la Gobernación de Antioquia salió al paso comunicando que estaba al día con las transferencias y que desde 2003 hay un acuerdo de pago para las deudas acumuladas por muchos años que se sigue y se seguirá cumpliendo. El secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, aseguró que por parte de la Gobernación las cuentas están al día.
Entonces, los profesores convocaron al vicerrector general Elmer Gaviria a la asamblea general el 24 de mayo para que dijera qué pasaba, porque Arboleda estaba de viaje misional. Era el último día de la semana, no les habían pagado y el vicerrector, en la reunión, les dijo que ya no podía dar una fecha tentativa de pago.
Gaviria dijo que el costo de nómina representa más del 80% de los recursos que reciben de los gobiernos nacional y departamental. En 2023, con un presupuesto de casi $1,4 billones —incluidos recursos propios— los gastos de personal fueron de $680.000 millones. Para 2024 el presupuesto es de $1,9 billones, pero el costo de la nómina sube.
Los recursos de la U. de A. los aportan en un 44% entre el gobierno nacional —da el 94% de ese 44%— y el departamental —pone entre el 4% y el 5% de ese 44%—. Más del 50% son propios, generados por grupos de investigación, convenios interadministrativos o educación continua, entre otros.
Pero la situación es mucho más compleja. Sumado a que no hay flujo de caja, tampoco tienen cómo mover recursos de un lado para otro y en los últimos cuatro años se han endeudado en tres ocasiones para capital de trabajo: un crédito en 2020 por $36.345 millones, otro en 2021 por $30.000 millones y uno más en 2023 por $43.000 millones.
Además, en los últimos años han gastado del fondo patrimonial, al que habían ingresado $70.000 millones para apalancar con su rentabilidad recursos de funcionamiento. Gaviria aseguró en la asamblea que Mauricio Alviar —rector 2015-2018— habría solicitado $10.000 millones y Arboleda, $50.000 millones, por efectos de la pandemia.
Así que no se pueden hacer nuevos créditos de tesorería ni usar recursos del fondo patrimonial, tampoco hay mucha maniobra para vender bienes que recibieron en pago de la Gobernación de Antioquia para saldar deudas acumuladas en el tiempo y que se destinaron a obtener recursos para apalancar los proyectos.
Esto ha llevado a que en los últimos días crecieran las críticas a Arboleda, muchos consideran que hay cierta “ineficiencia administrativa” en la gestión de recursos y que desde años pasados se pudieron preparar para la crítica situación que viven hoy. Además, ven con malos ojos que no haya comunicado la situación con claridad de forma pública y solo se hiciera por la coyuntura con la nómina.
El vicerrector defendió la gestión del equipo rectoral ante los docentes y afirmó que llevan seis años diciendo que los ingresos son insuficientes. Pidió tener en cuenta que la pandemia significó solo en un año $150.000 millones menos para gastos de funcionamiento, pero no hubo despidos.
Por otro lado, algunos hablan de un crecimiento misional desbordado, en 2023 se tuvo el aumento de gastos de funcionamiento más alto de los últimos 14 años. Y un profesor dijo que en promedio un estudiante de pregrado —hay más de 35.000— le cuesta a la de Antioquia $11 millones, de los cuales debe poner unos $3 millones de recursos propios.
La cosa está más crítica todavía porque han disminuido los ingresos de este tipo. Solo por poner un ejemplo, en comparación con 2023, tienen $40.000 millones menos en contratación por convenios interadministrativos, asesorías o auditorías con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín; Gaviria aseguró que pasaron de 118 a 73 contratos en un año.
Aunque el pasado lunes el Ministerio de Educación comunicó que también estaba al día con las transferencias de 2024, Gaviria había dicho tres días antes que la fragilidad de la caja empeoraba porque en esa fecha no habían ingresado del gobierno nacional $20.000 millones por concurrencia de pensiones, $9.000 millones por cobertura y $14.000 millones de puntos adicionales.
Y los recursos que transfieren para financiar la universidad aparte de que son insuficientes no suben al ritmo del IPC y el incremento del costo de vida. En 2023 la universidad cerró con déficit de $60.000 millones, según Gaviria. Pero muchos piensan que los condicionantes externos no eximen a las directivas de la universidad y que debe haber una autoevaluación seria. Por ello, quieren ayudar a construir el plan de austeridad para mitigar la crisis financiera.
Medidas como revisar horas de docentes que son a la vez vinculados y de cátedra; disminuir costos en viáticos, seguridad, aseo y cafetería; hacer uso racional del agua y la energía; o reducir gastos de papelería, publicidad y bienes institucionales fueron propuestas para analizar y se han tratado en asambleas y reuniones recientes.
Muchos docentes dijeron que la austeridad hace tiempo es pan de cada día y contaron que trabajan con las uñas: encontrar un marcador con tinta es difícil; deben sacar de su bolsillo para comprar implementos de clase o para los refrigerios de eventos; y hacen ventas o rifas para financiar viajes académicos de estudiantes.
Se preguntan cómo ahorrar en papelería si tienen las impresoras y las fotocopiadoras de algunas facultades en mal estado. Asimismo, cuestionaron si el equipo rectoral es austero en viáticos, papelería, cafetería, vehículos, entre otros aspectos, a lo que Gaviria respondió que también harán revisiones al respecto.
La mala hora que atraviesa la institución se da en medio del ruido por las relaciones entre el rector y el gobernador Andrés Julián Rendón —presidente del Consejo Superior Universitario (CSU)— en especial por precedentes como el hecho de que el mandatario haya roto la tradición para hacer público su descontento con la reelección, pues la candidata que apoyó era Natalia Gaviria.
