El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Juan Carlos Orozco Cruz, cuestiona los alcances de la propuesta de reforma presentada por el MEN, por desconocer aspectos sustanciales de la relación universidad y sociedad. Artículo exclusivo para El Observatorio.
El actual gobierno ha emprendido, como parte de la política educativa para la educación superior, la iniciativa de reforma integral de la Ley 30 de 1992. A los efectos, ha elaborado un extenso documento que contiene 164 artículos, acompañado de un texto con exposición de motivos del que muy poco se ha dicho en el debate que apenas se inicia y que no debería agotarse so pretexto de los afanes de una política de gobierno.
La elaboración de una Ley de Educación Superior no puede subordinarse a los intereses, aun asistidos de legitimidad, de un gobierno de turno. Lo que está en juego para la educación del país amerita de un ejercicio sereno y de una convocatoria que propicie la participación decisoria del conjunto de la comunidad universitaria y de los diferentes sectores que confluyen en el Sistema de Educación Superior del país.
El propósito gubernamental suscita todo tipo de controversias, expectativas y, por supuesto, no infundadas prevenciones; un mes después de la presentación del texto del proyecto, no se logra entrever el alcance de la voluntad de concertación que se ha manifestado desde el Ministerio de Educación. Sobre los grandes temas que contiene el articulado se han realizado presentaciones parciales, y a pequeños grupos, que no permiten hacerse a una visión de conjunto de la reforma propuesta y, menos todavía, inferir los fundamentos conceptuales y el modelo de educación superior que se pretende promover con el nuevo marco normativo.
El mecanismo con el que se ha conducido la socialización el documento oficial no constituye, de hecho, un mensaje de confianza a la comunidad universitaria. En particular, se genera la sensación de un tratamiento para los rectores del conjunto del Sistema Universitario como menores de edad frente a un asunto que, en pleno derecho, resulta de su total incumbencia. Se entre lee, además, una actitud de prepotencia por parte de los tecnócratas del Ministerio y de desbordada autosuficiencia por parte de los expositores artífices del proyecto, al mantener marginada a la comunidad académica universitaria de la discusión de un tema de tan trascendental importancia.
La Ley 30 ha permanecido vigente durante cerca de dos décadas, sometida a múltiples interpretaciones y a reformas sustantivas vía reglamentaria, ha terminado por ser desbordada por la realidad que hoy reviste la educación superior colombiana. Los asuntos centrales que pretendía desarrollar y los problemas estructurales que se esperaba resolviera siguen aún pendientes de una respuesta consonante con las demandas de las realidades sociales, políticas, económicas y, en particular, educativas propias del contexto colombiano.
Sin duda alguna, muchos esfuerzos han emprendido las IES colombianas y no pocas realizaciones se podrían enumerar en las dos últimas décadas en términos de cobertura; menos significativos quizás los logros alcanzados en el terreno de la calidad, por lo menos si se contemplan comparativamente en el concierto de los países iberoamericanos.
Entre otros, cuatro temas siguen mostrándose en especial críticos.
Por una parte, el tema de la Autonomía de las universidades. La Ley 30 no incorporó en su plenitud el espíritu que la Carta Constitucional consignó para este carácter consustancial a la institución universitaria en su Artículo 69.
Condición que, bueno es subrayarlo, no ha sido más que reafirmada en estos tiempos de globalización desmesurada, cuando más necesario se muestra el proceder autónomo frente al embate, no siempre filantrópico, del sector productivo y las demandas, no necesariamente nobles, del complejo empresarial financiero mercantilista que presionan sobre la naturaleza del producir universitario, producción que, dicho sea de paso, no está exenta de rentabilidad económica y de impactos sociales.
Es en virtud de su naturaleza autónoma que la universidad puede interponer sus intereses más caros frente a otras instituciones y dinámicas que pugnan por definir los derroteros de la sociedad y encuadrar la cultura. La Autonomía le es indispensable a la universidad para poder cumplir con su función crítica de la sociedad, para ser ella en su esencia y poder desplegar plenamente sus potencialidades.
La reforma que se perfila de la Ley 30, concebida bajo el marco de una política de gobierno, no podrá menos que comprometer lo poco que aún se sostiene de la Autonomía para la universidad colombiana, después de la agobiante contrarreforma que se llevó a cabo durante la última década con un excesivo protagonismo del poder ejecutivo. De aprobarse en el sentido en que se establece en la propuesta, profundizará la distorsión al conferirla ambiguamente al conjunto de las IES.
Grandes esfuerzos habrán de emprenderse por parte de las comunidades universitarias para exigir que este tema se discuta como corresponde y para que una definición en torno a ella no se subordine a los afanes propios de las políticas a corto plazo.
Un segundo aspecto que reclama toda atención en el ámbito de esta llamada reforma es el del fomento a la Educación Superior, un asunto que compete al conjunto de las Instituciones de Educación Superior e implica políticas en otros campos, como el de Ciencia, Tecnología e Innovación y la prospectiva económica.
Ninguna sociedad moderna ha logrado transformar sus sistemas productivos y propiciar otros escenarios de bienestar social de espaldas a su Educación Superior, sin un claro compromiso del Estado para con las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Esto presupone al menos dos campos de acción: una política pública que incentive los estudios superiores y la inversión del Estado y del sector productivo en el fortalecimiento de la capacidad investigativa y de formación de las IES. De otra parte, un pacto social auspiciado por el Estado, que reconozca el papel estratégico de la Educación Superior para la generación de riqueza con sentido de equidad y su necesaria articulación con la Educación Básica y Media.
En los últimos años, infortunadamente el fomento se ha confundido con una exasperante retórica de la calidad, que reduce esta importante demanda a un ejercicio mecánico de registros y certificaciones periódicas.
Lo que se infiere de una lectura detenida del proyecto gubernamental de reforma es una insistencia mayor en un esquema reduccionista y burocrático, que elude las urgentes inversiones que el Sistema de Educación Superior Colombiano requiere para no rezagarse aún más con respecto a la media de los países latinoamericanos.
En el caso de las universidades, las acciones de fomento lideradas por el Estado se hacen aún más importantes. Son las universidades las que mejor logran articular las inteligencias y canalizar los recursos para la investigación de frontera y la prospección de innovaciones, que solo se muestran rentables a mediano y largo plazo y que, por lo tanto, no resultan atractivas para gobiernos cortoplacistas o el sector productivo urgido de ganancias en el inmediato término.
Sobre este tema se precisa, por lo tanto, de una discusión amplia y participativa, que se concrete en una real y efectiva política de Estado en relación con el fomento a la Educación Superior, que subsane muchos de los vacíos y desentendimientos que en este campo se generaron en la última década y que se agudizaron con la transformación del ICFES y la escasa importancia otorgada por el gobierno a FODESEP.
Sin querer agotar la totalidad de asuntos importantes que debería incluir el proceso de construcción de una Nueva Ley de Educación Superior, un tercer tema de trascendencia es el relacionado con el financiamiento de las universidades públicas.
El desinterés de los gobiernos nacionales frente al desarrollo de la universidad pública es inocultable y ha sido una constante en las últimas décadas. Con renuencia se han limitado a respetar los mínimos establecidos por la Ley 30 para efectos de su financiación. No ha existido una política expresa y consistente para el fomento y los recursos de inversión se destinan de manera más o menos contingente, sin relación alguna con una política de mejoramiento de la calidad o, al menos, de atención a las necesidades básicas de desarrollo de las funciones misionales.
Aunado a ello, la presión ejercida en los últimos años, como consecuencia de la implementación de las políticas de cobertura, ha desencadenado un desmejoramiento paulatino de las infraestructuras físicas y tecnológicas, de los recursos destinados a la investigación, de la capacidad de respuesta frente a la internacionalización, de deterioro de los ambientes institucionales y de los equipos académicos.
Como un cuarto asunto se destaca la equidad del Sistema de Educación Superior. Equidad que no sólo se resuelve en términos de ampliación de cobertura, sino en una verdadera democratización del acceso y en un adecuado aseguramiento de la permanencia dentro del sistema. Este es un reto cuya solución desborda con creces la mera estrategia del crédito educativo.
Incorporar el componente de equidad resulta prioritario para atender una deuda histórica del Estado con los sectores de la sociedad menos favorecidos, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Implica claras políticas para atender a la permanencia de estudiantes en el sistema y estrategias curriculares y de bienestar universitario que permitan compensar los claros déficits de capital cultural de la mayoría de universitarios provenientes de estratos económicos bajos, de los sectores rurales y de las regiones apartadas de los grandes centros urbanos.
El Estado no puede desentenderse de las consecuencias que se desprenden de las dinámicas de universalización de la Educación Básica y del ostensible incremento de cobertura en Educación Media. Ello ha desencadenado una demanda creciente sobre las Instituciones de Educación Superior como expresión de las legítimas aspiraciones de los jóvenes bachilleres de formarse para un mundo cada vez más exigente y competitivo.
No se trata, como en otras épocas, de concebir la Educación Superior como factor de movilidad social. Se trata de contemplar también su capacidad para promover la realización personal, movilizar el sector productivo y, quizás lo más importante, salvaguardar la cultura de la creciente entropía a la que la someten las estrategias mediáticas, la colonización tecnológica de la vida y el desbordado flujo informacional.
La universidad acoge en su seno lo mejor de la inteligencia de la sociedad, que le otorga la condición de escenario privilegiado de la cultura. No puede, por ello, ser inferior a las exigencias que los tiempos de cambio le plantean. Le corresponde liderar a las comunidades académicas en sus dinámicas de interacción y de interlocución con las diferentes esferas de la vida pública.
Así pues, le es perentorio a la universidad pronunciarse a propósito de los asuntos que comprometen su futuro y sus posibilidades de pervivencia. Le es, por otra parte, obligatorio disponer sus espacios para el encuentro de múltiples perspectivas y aproximaciones en lo que constituye una de las actividades consustantivas al ser universitario: el debate democrático, la polémica sustentada en las diferentes formas de argumentación, la formación de nuevas generaciones en un ambiente dialógico en el que se despliegan la crítica y la solidaridad.
Disposición y acciones que se reclaman en toda su capacidad de movilización si se quiere brindar a la sociedad colombiana –y a sus futuras generaciones– la universidad y el Sistema de Educación Superior que reclama una cultura de la convivencia, de la democracia responsable y de la justicia social; muy diferente, por supuesto, a aquella que ha conducido a las condiciones de violencia, desigualdad, corrupción y exclusión, desde donde se ha justificado la desmedida inversión en la guerra.
