Nov 12/19 Aunque lo dicho en el artículo ha estado vigente por 17 años, para evitar protesta social el gobierno anunció que retirará la norma que habla de recursos para pagar demandas al Estado.
Así lo confirmaron tanto el presidente Duque como la ministra de Educación María Victoria Angulo.
En la Ley de Presupuesto -tramitada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla (foto)- quedó consignado, en su artículo 44, que: “En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992”.
Ahí fue Troya. Rectores del SUE rechazaron la confusa redacción y el movimiento estudiantil se ha pegado del tema para, entre otros, justificar sus protestas y, además, su adhesión al anunciado paro nacional del 21 de noviembre próximo.
Aunque el Gobierno ya había dicho que el espíritu de la norma no es el de obligar a las IES públicas a pagar las demandas contra el Estado, sino a un ejercicio de responsabilidad fiscal de las mismas para atender sus obligaciones por concepto de demandas (en las que el Estado también participa), las explicaciones no parecen haber sido suficientes, por lo que ha debido tomar la decisión de objetar la norma, para ver si eso ayuda a bajar la presión social.
El anuncio fue oficializado tras el Taller ‘Construyendo País’, del fin de semana en Barichara, Santander, donde presidente Iván Duque anunció que el Gobierno objetará el artículo 44 del Presupuesto General de la Nación.
“Por ahí había algunos diciendo que el presidente Duque quería que a través de la Ley de Presupuesto pasarle la cuenta a las universidades de las deudas del Estado. Yo quiero que quede muy claro que le he dado a usted instrucciones muy precisas, señora Ministra, y es que este Gobierno va a objetar el artículo 44 de la Ley de Presupuesto para que no exista más esa discusión falaz”.
Tan pronto se originó la polémica, el Ministerio expidió un comunicado en el que explica que este artículo ha existido desde 2002 y que no es reciente, como se había dicho inicialmente, y que la intención no es la que los críticos le atribuyen.
“Su propósito no era que con la plata de las universidades se pagaran deudas, en realidad, era que, como cualquier ente del Estado, tuviéramos una cuenta que dijera el rubro para cuando acontecen demandas contra la Nación, esta pueda dar los recursos a estos pasivos contingentes asociados a estas reclamaciones”, señala la Ministra
Lea: Universidades Públicas no deben pagar demandas contra el Estado
