Junio/23 Lorenzo Portocarrero Sierra, Director ejecutivo de ACIET y Ph.D. en Administración, con amplia experiencia en dirección universitaria,presenta la evolución del concepto de gobierno universitario en Colombia, sus dimensiones y retos.
El gobierno universitario en las instituciones colombianas de educación superior –ICES, tiene una historia y evolución significativa que han moldeado su estructura y funciones a lo largo del tiempo. Desde los primeros establecimientos educativos en el país hasta la actualidad, se han producido cambios importantes en la forma en que se gobiernan y toman decisiones en las IES de Colombia.
La historia del gobierno universitario del país se remonta al período colonial, cuando se establecieron las primeras instituciones educativas. Durante la colonia, las universidades eran controladas por la Iglesia Católica y tenían una estructura jerárquica con fuerte influencia religiosa. La Universidad de Santo Tomás de Aquino en Bogotá fue la primera universidad fundada en 1580 y estableció un modelo de gobierno que se replicó en otras instituciones posteriores.
Con el tiempo, surgieron nuevas universidades y se fueron adoptando modelos de gobierno similares. En el siglo XIX, durante la época de la independencia, se promovió la idea de la educación como un medio para la construcción de la nación. En este período, se establecieron instituciones educativas con un enfoque más secular y se empezaron a discutir ideas sobre la autonomía universitaria.
La Ley 66 de 1870, conocida como “Ley Sarmiento”, fue un hito importante en la historia del gobierno universitario en Colombia. Esta ley estableció las bases para la organización y el gobierno de las instituciones de educación superior, otorgándoles autonomía y definiendo la estructura de los órganos de gobierno. Sin embargo, la influencia del gobierno central y la intervención política en las universidades persistieron durante muchos años, y seguramente como suele comentarse, esta intervención continúa.
A lo largo del siglo XX, se produjeron cambios significativos en el gobierno universitario en Colombia. En la década de 1930, se implementaron reformas que buscaban fortalecer la autonomía y la democratización de las instituciones. Se crearon nuevos órganos de gobierno, como los consejos directivos y los consejos académicos, con la participación de diferentes actores de la comunidad universitaria. Durante las décadas de 1960 y 1970, las universidades en Colombia se enfrentaron a movimientos estudiantiles y sociales que demandaban mayor participación y democratización en el gobierno universitario. Estas luchas llevaron a cambios significativos en la estructura y las políticas universitarias, promoviendo la participación estudiantil y la inclusión de otros sectores de la sociedad en los órganos de gobierno.
En la actualidad, el gobierno universitario en Colombia está regulado por la Ley 30 de 1992, que establece el marco normativo para la organización y el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Esta ley enfatiza la autonomía universitaria, la participación democrática y la representatividad de los diferentes sectores de la comunidad académica en los órganos de dirección.
Además, en los últimos años, se han promovido iniciativas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno universitario. Se han implementado mecanismos de evaluación de la calidad educativa, así como de control y vigilancia por parte de organismos externos, con el objetivo de garantizar la excelencia académica y la eficiencia en el uso de los recursos.
El gobierno universitario en las instituciones de educación superior IES, es un verdadero reto para el buen funcionamiento de las mismas como por el tamaño desafío alrededor de su sostenibilidad, más en los actuales momentos de perplejidad tanto para las IES oficiales como para las que no reciben recursos del estado, unas porque no tienen la categoría de universidad y otras porque simplemente son de carácter privado, como si en Colombia no se conociera de manera clara y categórica, que el Sistema Colombiano de Educación Superior SCES es mixto, es decir, privado y público, soportado hoy por 216 IES privadas y 89 IES de carácter oficial, que juntas a 31 de diciembre de 2021 (última cifra oficial del MEN), albergaban 2.448.271 educandos equivalente al 53,94% de la cobertura en educación superior para la fecha.
Los desafíos del sistema educativo en el marco del gobierno universitario, como, por ejemplo, la financiación y cobertura debe abordarse con los actores directos de la educación superior y no con una parte de ella, naturalmente buscando los mecanismos legales que permitan evitar, o por lo menos, amainar un poco, la crisis por la que está pasando el SCES, ya que se debe mirar asertivamente cómo se toman las decisiones y se ejerce la autoridad en estos espacios. Sin embargo, en Colombia, se podría inferir ciertas limitaciones y desafíos que ponen en tela de juicio la eficacia y la legitimidad del sistema de gobierno universitario, en consecuencia la ecuación de las 3E + C = DAS: eficiencia, eficacia, economía + calidad, se ven menguadas para encontrar un Desarrollo Armónico Sostenible, que permita afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades para mejorar integralmente la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación superior en el país, que desde luego, legitime todos los procesos inherentes al desarrollo académico colombiano.
De otra parte, es un poco auspicioso ver como se ha avanzado tímidamente en la búsqueda de la autonomía universitaria, la que debe incluir todas las tipologías y los dos sectores oficial y no oficial, premisa fundamental para garantizar la independencia académica y la libertad de cátedra. Por ello, es importante que se siga fortaleciendo y protegiendo esta autonomía frente a posibles intervenciones políticas e intereses externos que puedan limitarla, y desde luego, dar al traste con las iniciativas que de muchos gremios y actores desde distintas orillas se reclaman.
En cuanto a la representatividad equitativa en el gobierno universitario, aún hay mucho trabajo por hacer. Es esencial promover la inclusión de diferentes sectores de la comunidad universitaria, como mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad, en los órganos de toma de decisiones. Esto garantizará una visión más diversa y representativa en la formulación de políticas y la gestión en el marco del gobierno corporativo La transparencia y la rendición de cuentas son elementos cruciales para fortalecer la confianza y la legitimidad de las instituciones de educación superior. Es fundamental que las IES promuevan la transparencia en sus procesos de toma de decisiones, así como en la gestión financiera y administrativa. Además, deben establecer mecanismos claros y oportunos de rendición de cuentas, como auditorías externas y evaluaciones periódicas, para garantizar un uso adecuado de los recursos y una gestión en el marco del Desarrollo Armónico Sostenible.
Naturalmente, en la línea del gobierno universitario en las instituciones colombianas de educación superior, se debe apostar a la educación innovadora y pertinente, que debe ser aquella que contribuya a las soluciones integrales del país, y no solo a la empleabilidad, es decir, en el contexto de la reciprocidad entre las IES y el entorno, o mejor, elevando la calidad de vida de los habitantes como propiciando cambios sostenibles para el bienestar comunitario, por ello, en buena hora bienvenidos los medios digitales para avanzar en la producción de conocimientos que aporten a mejorar la calidad del jardín de vida de los distintos colectivos.
De otra parte, el Decreto 1330 de 2019, relacionado con el desarrollo fundamental de la operación formal de la IES, en relación al gobierno universitario institucional, ha generado diversas opiniones y debates dentro de la comunidad educativa. Desde mi perspectiva, el Decreto 1330 ha sido un avance importante en términos de fortalecer el gobierno institucional en las organizaciones educativas de Colombia, sin embargo, requiere de los ajustes adecuados, inherentes, flexibles y simétricos para una mejor aplicación en toda su extensión, así lo reclaman los distintos actores del sistema, lo que por fortuna hoy ha tenido un poco eco.
El enfoque en la participación activa de la comunidad educativa y la toma de decisiones de manera conjunta es fundamental para construir una gestión democrática y efectiva, por tal razón, uno de los aspectos positivos de este decreto es la creación de los Comités de Evaluación Institucional, que permiten la integración de diferentes actores, como docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, en los procesos de evaluación y mejora de la calidad educativa. Esto fomenta una visión más integral de los desafíos y permite que las decisiones sean más representativas de las necesidades de la comunidad, claro está, siempre y cuando estos comités funcionen.
En conclusión, el Decreto 1330 de 2019 ha generado un marco normativo que busca fortalecer el gobierno institucional en los organismos educativos de Colombia. Aunque presenta desafíos en su implementación, considero que es un paso importante hacia una gestión más participativa y democrática, que puede contribuir a la mejora de la calidad educativa en el país. Es fundamental continuar evaluando y ajustando las políticas para asegurar su efectividad y lograr un sistema educativo más inclusivo y de excelencia.
Igualmente, aunque seguramente puede permanecer en el cuarto de ‘San Alejo’, no se puede desatender el ejercicio llevado a cabo en el año 2014 que se condensó en el Acuerdo por lo Superior 2034, dado que es una propuesta de política pública que representa un paso importante hacia la mejora de la educación superior en Colombia. Esta iniciativa es crucial para fortalecer la calidad y la excelencia en las instituciones de educación superior del país y da un horizonte al gobierno universitario. Una de las fortalezas del Acuerdo por lo Superior 2034 de 2014 construido por el CESU, es su enfoque en la excelencia, que busca elevar los estándares académicos y fomentar la investigación de calidad. Esto es fundamental para garantizar que los estudiantes reciban una educación de alto nivel y adquieran las competencias necesarias para enfrentar los retos del mundo laboral. Además, el acuerdo pone énfasis en la pertinencia de la educación superior, promoviendo la vinculación entre las instituciones y el sector productivo. Esto favorece la formación de profesionales que puedan responder a las demandas del mercado laboral, facilitando así la inserción de los graduados en el aparato productivo del país.
Otro aspecto positivo es la inclusión y la equidad, que son principios fundamentales del acuerdo. Se busca garantizar el acceso a la educación superior a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a aquellos que tradicionalmente han enfrentado barreras para ingresar a la educación superior. Esto contribuye a reducir las brechas sociales y a construir una sociedad más justa e igualitaria.
Es importante tener en cuenta que el Acuerdo No. 02 de 2017, expedido por el Consejo Nacional de Acreditación “Por medio del cual se establece la política pública para el mejoramiento del gobierno en las instituciones de educación”, tiene como fin el mejoramiento del gobierno en las instituciones de educación superior, a fin de cualificar el gobierno de las mismas y asegurar así la más alta calidad y pertinencia en el cumplimiento de las funciones misionales. Es importante para las IES tener definida la política que demanda el buen gobierno para el fortalecimiento de la calidad y pertinencia en el cumplimiento de las funciones Misionales, soportado en buenas prácticas para el buen gobierno universitario con autorregulación, buscando en si una gestión eficiente, eficaz, integra y transparente.
En síntesis, una de las críticas principales al ejercicio del gobierno universitario actual, es la persistente intervención política en las instituciones de educación superior, que influye en la toma de decisiones y limita la independencia administrativa y académica autónoma. Es necesario garantizar una separación clara entre el ámbito político y el académico, para asegurar que las decisiones se tomen de manera objetiva y en beneficio de la comunidad educativa.
En conclusión, el gobierno universitario en Colombia presenta tanto fortalezas como desafíos que requieren atención y mejora. Aunque se ha avanzado de manera timorata respecto a la autonomía universitaria y la participación democrática, aún existen muchas oquedades que ponen en riesgo la eficacia y legitimidad gobierno universitario.
