Hora de revisar la composición y rol del CESU

Junio 14/20 Consejo Nacional de Educación Superior opera con la lógica de 1992, pero no asesora ni lidera un sector que poco escucha y representa.

El escepticismo e incredulidad de gran parte de directivos de IES con el rol del CESU, los retos que el sistema de educación superior tiene con el Covid 19 y las tres convocatorias que tiene vigente ese Consejo para escoger (y muy probablemente re-elegir) a algunos de sus consejeros, invitan a un diagnóstico – reflexión en torno de la imperativa necesidad que tiene el sector de que bien sea por iniciativa del propio CESU, o vía proyecto de Ley en el Congreso de la República, se replantee su rol, composición y alcances, definido en la Ley 30 de 1992.

Esta es la caracterización de un Consejo que poco satisface al sector en el cumplimiento de sus funciones de coordinar, planificar, recomendar y asesorar.

Su agenda no es pública y se define a muy pocos días de la siguiente sesión; sus decisiones se demoran en conocerse y publicarse; los temas de vital interés para el sector (distintos de los de acreditación), tales como articulación, financiamiento, virtualidad, rankings, IES extranjeras… parecen ser ajenos a su debate y nunca pasan por allí; es común ver consejeros re-elegidos indefinidamente y que poco o nada rinden cuentas de su gestión; hay una inequitativa relación entre consejeros e instituciones representadas; además de conflicto de intereses; y miembros que poco o nada aportan y otros que sólo están por sus intereses institucionales.

Su mayor visibilidad mediática y de posible impacto en el sector se dio en 2014, con el Acuerdo por lo Superior

cuando logró aplacar las molestias generadas con la propuesta, frustrada, de reforma de la Ley 30, del primer periodo de Juan Manuel Santos, y con la ministra María Fernanda Campo lideraron la construcción de este documento de propuesta de política, mismo que fue aceptado por el hoy expresidente, pero que fue enterrado por la ministra Gina Parody.

Por lo demás, el CESU se caracteriza y cobra interés por emitir acuerdos relacionados con acreditación, de elegir consejeros del CNA, de autorizar una que otra sanción a IES, así como nuevas personerías jurídidas y de uno que otro acuerdo en temas como, por ejemplo, bienestar.

En cambio, pasa de agache en el análisis y toma de posición frente a temas determinantes para la educación superior.

Por ejemplo, temas cruciales como el modelo de financiamiento de la educación superior, el paro estudiantil de 2018, la presencia de oferta académica de IES extranjeras, la virtualidad, el marco nacional de cualificaciones, los efectos y cuestionamientos a Ser Pilo Paga, y el drama actual de las IES por el Covid 19, no han ameritado ni un solo comunicado del CESU.

Puede ser en la propia Ley 30 donde surge el problema de su “auto-restricción”, al ubicarlo como un “organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional”, pues aunque legalmente se supone que tiene autonomía en su actuar, en la práctica es un organismo colegiado que opera según las instrucciones, agenda y temas que define el o la ministra de Educación de turno, generalmente a través de su Viceministro(a) de Educación Superior.

Es decir, desde la concepción misma de la Ley 30 se presume que el Ministerio es el responsable, delegado por la Presidencia, de crear y gestionar las políticas públicas. No obstante, la naturaleza y realidad de la educación superior indica que dicha cartera educativa se enreda más en los trámites burocráticos, con un personal con relativo poco recorrido en el sector, que poco o nada tiene tiempo para pensar la educación superior. A juicio de algunos, el Ministerio no está para crear la política en educación superior, sino para contribuir como un integrante colegiado más, con la específica responsabilidad institucional de, eso sí, operacionalizar la política.

 

¿Quiénes son sus integrantes y a quiénes representan?

Según el artículo 35 de la Ley 30, son integrantes del CESU:

a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside, y tiene el poder de decidir los empates en las votaciones. Es común que los titulares de esta cartera asistan esporádicamente a las sesiones y deleguen la agenda, citaciones, conflictos y otros temas en el viceministro de Educación Superior, quien con sus asesores y la directora de Calidad (que opera como Secretaria Técnica), definen todo… hasta los sitios de reunión y los refrigerios.

b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. Que en la práctica nunca va, y termina enviando un funcionario de tercer y hasta de cuarto nivel del DNP (al que regularmente cambian). Si bien, conceptualmente es interesante que esta entidad haga parte de un organismo de asesoría en temas de prospectiva de educación superior, la realidad es que las decisiones históricas del CESU poco o nada se han apalancado en esta entidad.

c) El Rector  de la Universidad Nacional de Colombia (rectora Dolly Montoya). Que en muchas ocasiones envía un delegado. Tiene asiento permanente en el CESU, así que generalmente va solo cuando los temas le atañen directamente, porque tiene su voto y asistencia asegurada. Generalmente habla por sí mismo(a) y no representa a las universidades públicas, ni les rinde cuentas de su gestión.

En aras de la reflexión, algunos piensan que la ley debería reemplazar este puesto por el del presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), al que también pertenece la Universidad Nacional de Colombia. Así habría una mayor representatividad de la universidad pública, y la Nacional podría participar, pero como producto de una verdadera elección y no por un privilegio heredado.

Así mismo, y por periodos de dos años, con posibilidad de renovación, están:

d) Un Rector de la universidad estatal u oficial. Además de la Nacional, las 33 universidades públicas cuentan con otro rector, que se puede re-elegir o renovar, y que generalmente termina opinando según la propia realidad de su universidad y muy poco protagonismo tiene tanto en el CESU como en el orden nacional (por lo menos eso ha pasado con los últimos consejeros). El actual, que podría buscar su reelección (aunque termina su periodo rectoral este año), es el rector de Unipamplona, Ivaldo Torres.

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e) El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias. Que ahora pasa a ser Minciencias, y que debería ser la ministra Torres y no uno de sus viceministros o directores (como ha pasado tradicionalmente).

f) Dos Rectores de universidades privadas. Son 53 universidades privadas que tienen dos representantes. Por un lado, el rector de Unisimón, José Consuegra, quien va a completar 14 años como consejero (¡6 reelecciones!) y por el otro el de la Javeriana, padre Jorge Humberto Peláez, reelegido una vez. Auncuando ambos informan en ASCUN algunas de sus actuaciones y votaciones, la realidad es que actúan por sus propios intereses y casi nunca consultan a sus pares rectores sobre los temas a tratar. También debe tenerse en cuenta que en ASCUN no están todas las universidades privadas.

g) Un Rector de universidad de economía solidaria. En la práctica, esto significa: La rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maritza Rondón, que es la única universidad de economía solidaria del país (ratificado por el Decreto 2167 de 2017), y que para efectos legales opera como una IES privada. Con el rector de la Nacional, son las dos universidades que tienen el privilegio de tener asiento perenne en el CESU, sin rendir cuentas a nadie.

h) Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial. Actualmente las 32 IES con esta caracterización cuentan, desde 2012, con el mismo vocero, el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero.

Obsérvese que la Ley no contempla un consejero de institución universitaria o escuela tecnológica privada, que ¡son 104!, y no tienen quién abogue por ellos frente a las decisiones del Consejo.

i) Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial. El actual rector del INTEP, Germán Colonia Alcalde, quien actúa como consejero desde 2014, y representa los intereses de 9 IES oficiales, mientras que las 20 privadas tampoco tienen un vocero que las represente.

j) Dos representantes del sector productivo. Que sean dos los hace más valiosos a la hora de votar. Aunque los actuales están allí desde hace varios periodos (Luis Hernando Andrade, por Fenalco, desde 2010; y José Fernando Zarta, por Fasecolda, desde 2012), no es clara la relación y agenda del llamado “sector productivo” que representan con la educación superior, y no se aprecia un acercamiento o actuación de escenarios como cámaras de comercio, comités Universidad Empresa Estado o pronunciamientos de ese sector sobre la realidad de la universidad colombiana.

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k) Un rector de institución tecnológica oficial o privada. Este cargo no aparece explícitamente mencionado en la Ley 30, pero fue adicionado por el Decreto 3440 de 2006, que también amplió el panorama para IES públicas o privadas. Desde hace dos años el consejero es Mauricio Chaves Ardila, rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá y presidente de ACIET.

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l) Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial. Actualmente, y re-elegido, es el profesor de Unimagdalena, Oscar García Vargas, en una figura que debe corresponder a un representante de grupos o centros de investigación de Colciencias.

No hay en la ley la posibilidad de que haya un representante de las comunidades académicas de las demás IES públicas ni de ninguna privada.

m) Un profesor universitario. Es el re-elegido docente Luis Orlando Aguirre, de la UIS, quien representa intereses de ARPUP y de ASPU, aunque difícilmente puede actuar a nombre de todo el profesorado colombiano.

n) Un estudiante de los últimos años de universidad, que haga parte de los consejos superiores. En la práctica esto se ha extendido a estudiantes de posgrado. Actualmente es la ingeniera de la Universidad Piloto, Julieth Rincón, quien responde a los intereses de Fenares (organización estudiantil cercana al Ministerio) y en pugna con UNEES y ACREES, críticos del gobierno.

o) El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), con voz pero sin voto. Actualmente es Mónica Ospina Londoño.

Es claro recordar que el ICFES ejercía las funciones que hoy realiza el Viceministerio de Educación Superior, en 1992, cuando se aprobó la Ley 30, pero en la actualidad y cada día más se distancia de la educación superior.

El Consejo opera según su reglamentación del Decreto 3440 de 2006.

 

Propuestas, por lo menos, a considerar e informar públicamente

A fin de favorecer la rendición pública de cuentas y, sobre todo, la tranquilidad y confianza que el sector pueda tener en el CESU como verdadero organismo colegiado que ayude a pensar, cuestionar, revisar o afianzar políticas, un gran favor haría al sistema si el Consejo analiza, actúa e informa en torno de los siguientes posibles temas:

– Revisión del rol del Ministerio como presidente del Consejo. ¿Qué tal si el presidente del CESU sale de los mismos consejeros, por votación interna, y no es, por defecto, la ministra?, ¿no ayudaría esto a disminuir el lobby y temor de muchos de los consejeros hacia el Ministerio, bien para evitar acciones o para promover favores en temas de registro y acreditación de sus propias IES?. Es interesante observar cómo muchos de quienes han pasado por el CESU han obtenido, durante su paso por el Consejo, la respectiva acreditación de muchos de sus programas e IES.

– Revisar la relación entre consejeros, representados y sectores presentes: No tiene lógica que cerca del 40 % de las IES no cuenten con un vocero oficial ante el Consejo. Revisar la proporción entre número de consejeros, IES representadas y sectores. ¿Por qué no revisar la lógica de asignación de plazas, y considerar -por ejemplo- que haya consejeros de IES acreditadas, pero también de no acreditadas; de IES presenciales, y de virtuales; de IES de ciudades y regiones apartadas…?

– Ajustar los mecanismos de rendición de cuentas de los consejeros a sus representados. Que actúen por real delegación, análisis previo de temas, discusiones públicas e informes a los representados, pero de conocimiento público a todo el sector. ¿Por qué no hacer públicas las sesiones, de forma virtual, ahora que esto se ha puesto de moda, y que el sector sepa cómo votan y actúan sus consejeros, y con qué agendas? Si lo hacen las Comisiones Sextas de Cámara y Senado, que tratan el tema de educación, ¿por qué no lo hace el CESU?. Varios exconsejeros (e incluso actuales consejeros) confirman que, internamente, para ciertas votaciones y definición de temas, se sigue una lógica clientelista política de votos a cambio de favores.

– Revisar el número de periodos de los consejeros y sus requisitos. Terminar la re-elección indefinida y aumentar formalmente limitaciones que generen posibles conflictos de interés, tales como: Que la IES tenga un Consejero CNA o X número de miembros en Conaces; que no haya habido otro miembro de la misma IES en el CESU en por lo menos X años; que no haya miembros del Gobierno identificados formalmente con una institución; que la IES tenga un litigio con el Ministerio; que se garantice la presencia de todas las regiones del país; y asegurar que los aspirantes -en el caso de rectores- no terminen estatutariamente su rectoría mientras son miembros del CESU. ¿Incluir un consejero en nombre de una veeduría ciudadana o especializada en el sector?

Y que la agenda central del Ministerio y del sector, sea prioridad del CESU. Eso le daría especial importancia al CESU y ayudaría a hacer más públicos y transparentes los debates del sector y su necesaria integración como sistema.

¿Será mucho pedir?

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