Sept 26/24 Porque aparentemente no se respetó el debido proceso y la igualdad en la forma como sancionó a un estudiantes, un juez conminó a la Universidad a reiniciar el proceso a partir de la ponderación de pruebas de oficio para esclarecer los hechos.
De no hacerlo, advierte el juzgado, la rectora podría enfrentar investigaciones penales y disciplinarias, conforme a la normativa vigente.
El Juzgado Décimo Penal de Bogotá dejó sin efecto la sanción impuesta por la Universidad de los Andes a Manasés Elías Freile Cepeda, un estudiante de pregrado de Derecho.
Según el fallo, la Universidad había decidido imponerle dos semestres de matrícula condicional, tras acusarlo de fraude académico. Sin embargo, la decisión del juzgado se basó en la protección de los derechos fundamentales de Freile Cepeda, particularmente en lo que respecta al debido proceso y la igualdad.
La acción de tutela fue presentada por el abogado William Flórez Noriega, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, quien destacó que el fallo reafirma la necesidad de que en los procesos disciplinarios se ordenen pruebas de oficio cuando sea necesario para esclarecer los hechos.
“La Corte Constitucional ha subrayado que esta facultad busca garantizar que las decisiones se basen en la verdad material, priorizando siempre la dignidad humana como un derecho fundamental”, expresó el abogado.
Tras la nueva decisión, se ordenó a la Universidad de los Andes que en un plazo de 48 horas tras la notificación del fallo, reinicie el proceso disciplinario desde el inicio de la investigación (23 de octubre de 2023), en el que se incluyan ajustes razonables que consideren las limitaciones cognitivas del estudiante.
El fallo también señaló que aunque no siempre es obligatorio decretar pruebas de oficio, es esencial hacerlo cuando la claridad de los hechos lo requiera, especialmente en casos donde el investigado presenta limitaciones cognitivas significativas.
El juzgado advirtió que la falta de cumplimiento a esta orden podría llevar a la rectora de la universidad a enfrentar investigaciones penales y disciplinarias, conforme a la normativa vigente.
Este caso subraya la importancia de la equidad en los procesos disciplinarios, destacando que el trato igualitario no puede ignorar las diferencias individuales, especialmente en situaciones donde se presentan discapacidades.
Así mismo, la resolución del juzgado marca un precedente significativo en la defensa de los derechos de los estudiantes en el ámbito académico, reafirmando la necesidad de un tratamiento justo y equitativo en todas las instituciones educativas.
Uniandes había recibido el respaldo de la Ley
El fallo del juzgado décimo revocó revocó una decisión anterior del Juzgado 90 penal municipal de Bogotá.
Adaptación de RCN Radio y El Tiempo
