Sept 23/26 ¿Cuánto le ha costado, en dinero, a la Universidad Nacional de Colombia el litigio que enfrentó la designación rectoral en 2024, las protestas, la frustrada constituyente, y las rectorías de Leopoldo Múnera y José Ismael Peña Reyes?
Desde que se inició el conflicto por las diferencias entre los resultados de la consulta estamentaria para la elección y designación de rector y las actuaciones del Consejo Superior Universitario, que llevaron a que el gobierno del entonces presidente Petro interviniera abiertamente en el Consejo Superior para desconocer la designación de José Ismael Peña Reyes (foto) e imponer a Leopoldo Múnera, el sector tenía claro que eso le iba a costar mucho al país, a la vida y gestión académica, a la convivencia de esa universidad, a la autonomía universitaria, a la congestión judicial y a las finanzas públicas.
Dicho y hecho.
Aunque la cifra final, en términos económicos, nunca se conocerá, ya comienzan a aparecer datos que muestran cómo decisiones de esta naturaleza terminan costándonos (a todos los colombianos), dinero.
Según el portal Revistaraya.com (cercano al gobierno Petro y en su momento defensor público de la actuación a favor de la designación rectoral de Leopoldo Múnera), luego que la justicia diera la razón al ahora rector José Ismael Peña Reyes, éste busca una indemnización por 1.971 millones de pesos por el tiempo en que, según él, no pudo ejercer el cargo en medio de controversias jurídicas (junio de 2024 a febrero de 2026).
Según esa publicación, “la petición de Peña se divide en seis exigencias concretas: 1.096 millones de pesos por el concepto de “salarios no percibidos” durante el tiempo en que no fue rector; 175 millones de pesos “por perjuicios morales” para sus dos hijos menores de edad y su esposa; el pago total de los honorarios de sus abogados; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; la publicación de la decisión en dos medios de circulación nacional y el retiro inmediato de grafitis en su contra del campus universitario”.
Es lógico que el hoy rector recurra a estas instancias para reivindicar la afectación que sufrió al no poder ejercer en propiedad la rectoría. Si la suma solicitada es mucha o poca, es otra discusión.
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El conflicto costó mucho más
Es muy difícil saber, en dinero, cuánto le ha costado y terminará costando a las finanzas públicas este conflicto, pues además de la indemnización pedida, valdría la pena (ojalá) que se conozca, por ejemplo:
- ¿Cuánto dejó de trabajarse y costó la recuperación física de los edificios tomados por los manifestantes que rechazaron la designación inicial de Peña Reyes de parte del Consejo Superior?
- ¿Cuánto ha sido la afectación, en tiempo, productividad y dinero, de las diferentes protestas y desmanes ocasionados en el campus y su entorno y movilidad, a raíz de esto?
- ¿Cuánto dinero realmente se destinó, del presupuesto de la Universidad, a la propuesta de la hoy frustrada Constituyente Universitaria, que alentó a Múnera Ruiz?
- ¿Cuántos fueron los gastos y salarios de Leopoldo Múnera?
- ¿Cuánto fueron los honorarios pagados a abogados en su momento por la Universidad para defender la posición de la anterior rectoría y la defensa jurídica del Consejo Superior Universitario, así como los diferentes comités de conciliación?
- ¿Cuánto dinero le costó al Ministerio de Educación Nacional la defensa jurídica de los entonces directivos implicados en este caso: La exministra Aurora Vergara, el exviceministro Alejandro Álvarez Gallego?
- Gastos derivados de las exigencias accesorias de la conciliación, tales como la publicación de la decisión en dos medios de circulación nacional y la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad.
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La democracia, la legalidad y la autonomía universitaria son maravillosos, pero impactan los presupuestos de las IES públicas y, por ende, el presupuesto nacional.
