Oct/25 Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET, convoca a los directivos universitarios a ver la la regionalización como una estrategia integral de país —que combina inclusión, productividad, calidad y paz—, y llama a las instituciones a asumir un liderazgo corresponsable en la transformación de los territorios.
Llevar la educación superior con pertinencia, calidad y sostenibilidad a los territorios se ha convertido en uno de los grandes desafíos del país, no se trata únicamente de abrir programas en lugares apartados, sino de generar una verdadera presencia educativa capaz de transformar realidades, cerrar brechas y sembrar confianza en comunidades que históricamente han sentido lejana la responsabilidad del Estado. En Colombia, hablar de educación superior en los territorios es hablar de paz, de oportunidades y de soberanía, pues lo que está en juego no es solo el acceso a un título, sino la posibilidad de construir un proyecto de vida digno y de producir conocimiento propio que responda a los retos locales con impacto en la nación.
El marco normativo de las últimas décadas ha reconocido la importancia de este enfoque territorial, siendo la Ley 30 de 1992 quila que sentara las bases para un sistema de educación superior diverso, autónomo y con la misión de contribuir al desarrollo nacional. Con el Decreto 1330 de 2019, las condiciones de calidad se actualizaron para incluir elementos como la pertinencia y los resultados de aprendizaje, clave cuando se piensa en programas que deben dialogar con realidades sociales, culturales y productivas tan distintas como las que conviven en nuestro país. Más recientemente, el CESU, a través del Acuerdo 01 de 2025, ha impulsado un modelo de acreditación que no solo mide excelencia académica, sino que también valora la manera en que las instituciones se vinculan con los procesos de transformación de sus entornos. En otras palabras, la calidad dejó de ser un fin en sí misma para convertirse en una herramienta que legitima la presencia educativa en los territorios.
El sentido de llevar educación superior a las regiones tiene múltiples dimensiones. La primera es la equidad. En un país marcado por las desigualdades, acercar la educación a poblaciones rurales, étnicas y periféricas no es un gesto de generosidad, sino un imperativo ético y social. Cada joven que logra acceder a las instituciones de educación superior, al nivel de profesional universitario, tecnológico o técnico-profesional desde su propio territorio, es una oportunidad menos para la exclusión, un puente hacia la movilidad social y un paso en la construcción de cohesión. En este camino, iniciativas como “Universidad en tu Territorio” muestran que no se trata solo de presencia física, sino de una apuesta política por garantizar derechos en lugares donde la ausencia histórica del Estado ha facilitado el conflicto.
La segunda dimensión está en el desarrollo productivo local. Colombia no puede seguir dependiendo de modelos de formación desarticulados de la realidad económica de sus regiones. La pertinencia de los programas académicos se mide en la capacidad de responder a vocaciones como la agroindustria, la bioeconomía, el turismo, la acuicultura, las energías limpias o las industrias culturales. Cada vez que la educación se conecta con los clústeres regionales, se multiplican las posibilidades de generar empleo, aumentar la productividad y fortalecer cadenas de valor que no solo benefician a las empresas, sino que arraigan oportunidades en las comunidades. En ese sentido, la educación superior deja de ser una aspiración individual para convertirse en un motor colectivo de desarrollo.
Un tercer aspecto, a menudo subestimado, es la soberanía del conocimiento. La dependencia de soluciones externas, sean tecnológicas o científicas, ha limitado la capacidad de muchas regiones para resolver sus propios problemas. La educación superior territorializada tiene la misión de crear capacidades locales que permitan investigar, innovar y aplicar soluciones en asuntos tan sensibles como el acceso al agua, la salud pública, la movilidad, el ordenamiento territorial o la transición energética. Formar talento humano que pueda producir conocimiento desde y para el territorio es, en última instancia, una forma de ejercer soberanía. Se trata de que las comunidades tengan la posibilidad de decidir con base en sus propias evidencias y de apropiarse de procesos de innovación que respondan a sus realidades.
Ahora bien, regionalizar no es un proceso simple. Exige diagnósticos finos que identifiquen brechas de acceso, de permanencia y de pertinencia. Obliga a pensar en modelos de presencia diferenciados: desde sedes y extensiones hasta redes interinstitucionales que integren a las instituciones de educación superior públicas y privadas, al SENA, a hospitales universitarios y a centros de desarrollo tecnológico. Implica hablar de calidad situada, es decir, de currículos que dialoguen con la cultura y con las necesidades locales, de prácticas en campo, de proyectos que vinculen empresas y alcaldías, y de evaluaciones que reconozcan contextos específicos. También requiere asumir que la permanencia estudiantil no se resuelve con becas aisladas, sino con apoyos integrales que incluyan alimentación, transporte, residencias, tutorías y acompañamiento psicosocial. La evidencia demuestra que la vulnerabilidad socioeconómica es uno de los principales factores de deserción, y por tanto cualquier política de expansión debe integrar el bienestar como condición superior.
El reto del financiamiento sigue siendo uno de los más sensibles. La sostenibilidad de la regionalización no puede depender exclusivamente de los recursos nacionales; necesita cofinanciación territorial, alianzas con el sector productivo y una visión de largo plazo que articule regalías, fondos concursables y proyectos de ciencia e innovación. La eficiencia en el uso de la infraestructura y la planificación plurianual son clave para reducir riesgos y evitar que los esfuerzos se diluyan en el tiempo.
Hablar de educación en los territorios es, en el fondo, hablar de paz. Allí donde la violencia ha marcado generaciones, la presencia educativa se convierte en símbolo de esperanza y en una forma concreta de institucionalidad que salva vidas. Cada aula que se abre en una zona afectada por el conflicto, cada joven que encuentra en el estudio una alternativa productiva, es un paso hacia la reconciliación y la convivencia. Y junto a la paz, se fortalece la soberanía: la capacidad de los colombianos de decidir sobre sus recursos, su territorio y su futuro desde el conocimiento propio.
El aseguramiento de la calidad, en este contexto, debe ser visto no como un obstáculo, sino como un aliado. Las condiciones establecidas en la normatividad y los procesos de acreditación ofrecen garantías para que la expansión territorial no sacrifique estándares, sino que los adapte a las necesidades locales. El Ministerio de Educación ha avanzado en generar acompañamientos técnicos, mientras que asociaciones como ACIET tienen la posibilidad de articular redes de buenas prácticas, construir currículos pertinentes y promover la transparencia en los datos sobre cobertura, permanencia y resultados.
La regionalización de la educación superior en Colombia es, entonces, mucho más que un asunto técnico o administrativo. Es una apuesta de país. Es la posibilidad de que la educación deje de ser un privilegio concentrado en las grandes ciudades y se convierta en un derecho efectivo de acceso para todas las comunidades. Es un camino que exige coordinación entre el Estado, las instituciones de educación superior, el sector productivo y la sociedad civil. Y es, sobre todo, la manera más tangible de demostrar que la paz y la soberanía no se decretan, se construyen día a día con conocimiento, con presencia y con oportunidades reales para las generaciones que vienen. MEN – Orientaciones “Deserción en Educación Superior” (evidencia para planes de permanencia).
Finalmente, la educación superior en regiones, evita a toda costa el reclutamiento de jóvenes a grupos al margen de la ley, y de paso disminuye la migración de bachilleres a la grandes urbes, renovando y construyendo así, el tejido social que tanto requiere la verdadera paz en Colombia, en el marco de su soberanía de territorial. ESTA ES LA APUESTA Y EN ESA DIRECCIÓN DEBEMOS DARNOS LA MANO.
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