“La educación superior no es un derecho fundamental”: Presidencia de La República


Feb 8/19 Contrario a lo que indica la Corte Constitucional, la Presidencia de la República indica que la educación superior no es un derecho sino un servicio, por lo que no habría responsabilidad directa sobre el consecuente subsidio.

Así lo denunció el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, a propósito de las denuncias que éste ha interpuesto en contra del Icetex por la capitalización de intereses y las argumentaciones que al respecto se dan desde la Presidencia del Gobierno de Iván Duque.

El debate sobre el Icetex viene siendo analizado en el Consejo de Estado, en un largo proceso lleno de dilaciones.

Según Sarmiento, el argumento de la Presidencia de la República señala que: “En este orden de ideas, la educación superior no es un derecho fundamental, sino un servicio público; de manera que no siendo la educación superior un derecho fundamental, y existiendo el deber el Estado de facilitar los mecanismos financieros que hagan posible acceder a ella y de los beneficiarios de concurrir a su sostenimiento, no se considera que mediante la aplicación de la parte demandada se vulneren principios constitucionales que permitan declarar esa nulidad”.

Vea el video del concejal en donde explica el caso

Corte Constitucional: Educación Superior sí es un derecho fundamental

No obstante la interpretación de la Presidencia, mediante Sentencia T-068/12, la Corte Constitucional señaló:

El derecho a la Educación Superior “es fundamental y goza de un carácter progresivo. En efecto, su fundamentalidad está dada  por su estrecha relación con la dignidad humana, en su connotación de autonomía individual, ya que su práctica conlleva a la elección de un proyecto de vida y la materialización de otros principios y valores propios del ser humano; y su progresividad la determina: i) la obligación del Estado de adoptar  medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía  de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. 

Así mismo, la Corte señala que “la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su goce efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que si bien éste último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo”.