Julio 28/23 La ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa está “jugada” para sacar adelante su propuesta de ley estatutaria y de reforma a la Ley 30/92, pese a los reparos del sector y el complejo momento político que vive el gobierno.
A su favor juega que cuenta con el respaldo del presidente Petro y el de toda la bancada del Pacto Histórico (partido de Gobierno), que esta semana se reunió con ella y le dio un espaldarazo, y que puede manejar algunos mensajes, mediáticamente poderosos, para “vender” la reforma. A lo anterior se podría sumar la confianza que se tiene con el respaldo del sindicalismo educativo, de gran parte de los estudiantes (que termina siendo un apoyo difuso y peligroso), que no ha sido objeto de críticas (como los otros ministros) de parte de los medios masivos de comunicación, que tiene el respaldo de la vicepresidenta Francia Márquez y, posiblemente, algún sesgo personal de obstinación porque el sistema quede, gracias a su gestión, impregnado de inclusión, cobertura y diversidad, entre otros aspectos.
En medio de la diversidad de conceptos jurídicos que hay sobre el camino legislativo que deben seguir la ley estatutaria y la reforma a la Ley 30 de 1992 (cuál primero, cuál después, impacto de una sobre otra….), al interior del Ministerio se habla de que la ministra quiere, sí o sí, radicar al tiempo los dos proyectos de ley.
Esto significa que el anhelado compás de espera que algunos rectores y asociaciones le han pedido no será tan grande como ellos lo quieren. Mientras que algunas universidades sueñan con escenarios de debate y de replanteamiento radical de los articulados, el Gobierno no quiere dilatar el tema, y muy posiblemente dirá que para eso ha puesto a consulta pública los textos y que se reunirá una vez más con las asociaciones, y que eso es suficiente para escucharlas, porque necesita presentar una gran “victoria” en el Congreso, y la educativa podría ser la reforma que se la dé ante el país.
Pero no todo el escenario está a favor de la ministra, pues con el pasar de los días, analistas, columnistas y algunos rectores han ido “perdiéndole el miedo al Gobierno” y han comenzado a levantar su voz con críticas. Ya parece consenso que la ley estatutaria puede estar bien intencionada pero que carece de fundamento técnico y, sobre todo, presupuestal, y que la reforma a la Ley 30 es más un remiendo del texto vigente, pero que está descontextulizada, incompleta y ajena a la realidad y a las tendencias de la educación superior.
Si bien el Gobierno parece haber logrado mantener fuerzas en la nueva composición de las mesas directivas de Senado de la República y Cámara de Representantes, esto no garantiza su control sobre la agenda legislativa. En la comisión sexta del Senado (sobre educación) llegó el joven santandereano Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, quien anunció que convocará audiencias públicas en varias regiones del país para escuchar a los diferentes sectores y lograr una reforma de consenso. “Desde esta Comisión vamos a escuchar a la gente, a los ciudadanos, a los estudiantes, a los padres de familia, a los gremios del sector, a los profesores que quieren una mejor calidad en la educación y un acceso más democrático a colegios y universidades”, y si cumple su palabra, esto podría dilatar los deseos del gobierno.
Es más posible que el gobierno opte por radicar reformas en la Cámara de Representantes, en donde tiene más adeptos. El nuevo presidente de la comisión sexta de esa corporación es Julián López es el vallecaucano, del Partido de la U. Julián López.
Si a los congresistas les da por unificar el debate en torno de todos los proyectos de Ley, gubernamentales o no, sobre educación, eso podría ser práctico, pero muy demorado.
La ley estatutaria tampoco tiene un camino expedito, no sólo porque van apareciendo las observaciones de otros sectores educativos (de básica y secundaria) sino también porque en las comisiones primeras, de Senado y Cámara, de asuntos constitucionales, el Gobierno tiene serios rivales.
La ministra también llega a agosto estrenando viceministro (a), que puede ser una sorpresa, así como lo fue la renuncia de Ana Carolina Quijano (quien era muy cercana y su asesora antes de ser ministra). ¿Será José Darío Sáenz?. Es también cercano a la ministra, así como lo era Quijano, viene del Valle, trabajó con ella en ICESI y actúa como el estructurador de la reforma. Su debilidad: Es poco conocido en el sector y, sobre todo, él conoce poco del sector. Si los articulados presentados fueron trabajados por él, ya se puede hacer un evaluación preliminar de su alcance. ¿O será que las malas gestiones sectoriales y la poco alabada redacción de los textos fueron todo responsabilidad de Quijano?
Por ahora, la ministra espera repetir la misma estrategia que usó antes del 20 de julio: reunir por aparte a las asociaciones y rectores de las IES públicas (con el SUE y la Red TTU lo hará el martes 1 de agosto) y de las IES privadas (con ASCUN y ACIET se reunirá el miércoles 2 de agosto). Una estrategia incomprensible en un sector que, al unísono, ha defendido la importancia de defender el sistema mixto y de generar un diálogo amplio y franco.
¿Y qué pasa con las IES que no hacen parte de ninguna de estas asociaciones?. ¿No se les está desconociendo su derecho a participar?. ¿Por qué reunirse por aparte con públicas y con privadas?, ¿por qué seguir desconociendo el rol del sector privado que, de forma timorata, no se ha atrevido a reivindicar como debe ser su papel y compromiso histórico con la educación superior?, ¿por qué jugársela sólo con el Pacto Histórico?, ¿está condicionando el apoyo de las IES públicas a los recursos que el Estado les asignaría con los hipotéticos 500 mil nuevos cupos (nada asegurados en un escenario en donde, por el contrario, lo que aumenta es la deserción)?. ¿Por qué acepta el sector que se negocie con ellos de forma fragmentada y no como colectivo?. ¿Y si en la reunión con el SUE, su presidente, se impone y habla como vicepresidente de ASCUN?, y si en las reuniones con las privadas sus miembros de junta directiva -de ASCUN y ACIET- de IES públicas demandan el diálogo sectorial pleno?
Apostar a dividir para reinar es riesgoso. A la ministra le puede salir en su estrategia y lograr que se apruebe una reforma, incompleta, pero políticamente triunfadora. Podría resquebrajar el diálogo entre los rectores y filtrarse por el enorme boquete que estos tienen abierto, dada su preocupante incapacidad histórica de romper egos y de sentarse en una mesa a acordar una agenda común; que firman declaraciones públicas y por detrás desmienten lo que aprobaron; que crean sub-asociaciones de IES de “mejor familia”, o que en programas radiales o columnas de opinión propias se explayan en críticas, que poco sostienen en el entorno sectorial. En estos escenarios, la ministra podría sacar adelante una reforma que terminen aceptando a regañadientes los rectores.
Pero Vergara también podría quemarse en el camino, y perder su Ministerio, que heredarían los cercanos al gobierno pero distantes de la vicepresidenta, y desperdiciar, para el país, la oportunidad de hacer una verdadera reforma a fondo.
Lo que se debate tiene un gran peso, y entre los posibles ganadores o perdedores no sólo debe estar la ministra, sino también las asociaciones y, particularmente, sus presidentes y los rectores de mayor visibilidad y acogida mediática en el país. Ellos pueden ser héroes o villanos. Depende de su habilidad para pensar como sector y sistema y no como subsector y grupo, y de su carácter para enfrentar, sin miedo, el debate con el gobierno.
