Felipe Cárdenas- Támara, columnista habitual de El Observatorio y Director Red Iberoamericana de sociopolítica, cultura y ambiente, cuestiona críticamente el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en Colombia, y plantea cómo, según él, esto es producto del modelo educativo adoptado en las facultades de derecho.
Finalmente, como era de esperar, dada la presión ejercida por el lobby abortista nacional e internacional, el 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia decidió despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24, es decir hasta los seis meses de gestación. Una medida anti-científica, poco ética y demencial que no tiene ningún respaldo en la embriología y la genética, donde se catapulta a Colombia en el peor de los escenarios de violación de derechos humanos en el mundo. Este escrito tiene como propósito identificar en el terreno jurídico las fuentes doctrinales, académicas e intelectuales, emanadas del mundo universitario y que llevaron a cinco magistrados de la Corte Constitucional a votar a favor del aborto en una clara violación del espíritu legal consagrado en la Constitución de 1991 y que se materializó en la usurpación de competencias y funciones que no le corresponden a la Corte Constitucional de Colombia. Recordemos que los magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto son todos hombres (Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas y Julio Andrés Ossa) con excepción de la magistrada Diana Fajardo. Votaron en contra tres mujeres (Paola Meneses, Gloria Stella Ortiz y Cristina Pardo y un hombre (Jorge Ibáñez).
Llama la atención que fueron hombres los que terminaron co-legislando y usurpando las funciones de la rama legislativa e imponiéndole al país una agenda normativa que no responde a los valores y principios del marco cultural de la nación colombiana. Podrían decir algunos sectores feministas, que se impuso el “patriarcado”, por encima de la representación de la mujer colombiana en la figura de las magistradas que no votaron a favor del aborto y que, en lo más profundo del ser, representaban los valores supremos del pueblo colombiano, que en su esencia e idiosincrasia cree en los valores de la vida.
Veamos de manera general las fuentes doctrinales, académicas e intelectuales que se trasmiten en las Facultades de Derecho y Ciencia Política del país, y del mundo y que en parte explican los equívocos, y uno tan grave como el del aborto, que estructuran los esquemas mentales de los juristas y jueces con las más altas dignidades de Colombia.
Hace algunos años identifique el discurso dominante que prima en las Facultades de Derecho y en las concepciones académicas existentes en las carreras de ciencia política en el mundo (Cárdenas, 2010). La discusión teórica de aquel entonces sigue siendo válida para comprender las razones intelectuales, forjadas en determinada institucionalidad universitaria y que en parte explican la irracionalidad de los jueces y conjueces que votaron a favor del aborto el pasado 21 de febrero. Si miramos los enfoques dominantes en la formación universitaria de abogados y politólogos en Colombia, su formación en términos generales responde a un modelo mundial que entiende la política como una acción práctica encaminada por el poder. Ese decir, el objeto de estudio en su concepción dominante es el poder. En el fondo, los arquitectos del Estado moderno, Hobbes y Maquiavelo, como las escuelas contemporáneas de ciencia política, no están interesadas en un enfoque de estudio cuyo objeto sea la experiencia de orden de los pueblos. Por lo tanto, un inmenso número de juristas se formó desde una concepción del Derecho (Kelsen) que no tiene ningún interés por la verdad ni por proyectar una armonía universal en sus modelos normativos. Consecuentemente, el accionar de la Corte Constitucional no está interesada en renovar o conservar ningún orden. Su territorio y cartografías, marcadamente elitistas, sin contacto con el universo cultural de los colombianos, sus creencias o costumbres, niegan cualquier tipo de apertura a verdades trascendentes que actúen como marcos regulativos de la acción de individuos y de la sociedad en su conjunto. Los enfoques teóricos que priman en la formación de científicos sociales, juristas y politólogos tienen un marcado acento positivista que se nutre y origina en las voces utópicas de los movimientos ideológicos modernos y en todas sus violencias legitimadas. Enfoques que siguen marcando la influencia de las escuelas dominantes en las ciencias sociales para nada interesadas en una formación humana que esté en relación con anclajes noéticos, como en el estudio y enseñanza de principios no negociables.
Así las cosas, prima un marco ideológico partidista y la reducción de la acción legal a un criterio jurídico condicionado y manejado por el escepticismo, el positivismo y el relativismo. No existe una visión clásica de orden o de principios humanos que definan los límites del comportamiento humano, en su formulación ejemplar como la que hemos podido vislumbrar en el comportamiento de instituciones tales como la Corte Constitucional. Lo afirmado hace unos años mantiene su vigencia en el marco del debate sobre el objeto de estudio de lo político y jurídico:
(…) lo cierto es que el paradigma dominante de la teoría de la acción colectiva puede ser incapaz de entender campos del comportamiento humano, porque reduce las acciones colectivas a una base racional, con un fuerte énfasis en la intencionalidad económica y los postulados de la razón económica instrumental, de tradición mercantil y capitalista. El socioeconomicismo de la afirmación definitoria de lo político tiene continuidad con una importante línea de pensamiento que viene desde Maquiavelo, Tomás Moro, Jean Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, y Stuart Mill, quienes afirman que la sociedad es un fin en sí mismo.
La acción racional positivista e instrumental no está interesada en la sabiduría y tampoco tiene límites a su pretendida acción en la realidad. La gran mayoría de los juristas carecen, en un paulatino proceso de adoctrinamiento ideológico que se ha impuesto en la formación universitaria, de una formación que les permita enriquecer su mundo vital y existencial desde anclajes que no sean racionalistas o positivistas (Kelsen).
La crisis de la universidad contemporánea tiene que ver con la erosión y el vaciamiento de la educación en símbolos clásicos que reconozcan el valor trascendente de la vida y la delimitación de fronteras entre lo sagrado y lo profano o en la necesaria identificación de principios normativos que están más allá de la existencia cultural o histórica de nuestro dato biográfico o cultural de orden individual por importante que sea. La ausencia de principios regulativos de orden trascendentes genera una psicopatología cultural que erosiona toda autentica construcción cultural centrada en pautas que enriquezcan la conciencia y el potenciamiento existencial de la comunidad y de los hombres (Por ejemplo, la irracionalidad del aborto). El positivismo, en autores como Hans Kelsen, sin duda está en la base del gran equivoco que se plasmó en la decisión mencionada de los cinco magistrados de la Corte Constitucional de Colombia (Estas son las universidades en las que estudiaron). Un positivismo que no tiene conciencia de la historia, de la apertura a la dignidad trascendente del ser humano, que carece de una teoría de la vida, la conciencia humana y de las herramientas necesarias para restaurar el orden en un país como Colombia, donde el Estado ha sido uno de los grandes motores de la violencia que vivimos los colombianos. Con la decisión de la Corte Constitucional, ganó el totalitarismo jurídico, ganaron las ideologías de la muerte y se instaura como hito la ruptura definitiva con el orden transcendente que habían fijado (de manera muy tímida) los constituyentes del 91. Los magistrados que votaron a favor del aborto claudicaron y se arrodillaron a los peores “valores” de la modernidad. La base antropológica que justifica la decisión es de una pobreza absoluta y no resiste mayor análisis. Adicionalmente, se puede identificar la ausencia total de una metafísica de la vida. La decisión “democrática” de la Corte, recibe el nombre de dictadura constitucional en la literatura jurídica especializada sobre el tema. Se puso de manifiesto la debilidad y fracturas del aparato jurídico del Estado colombiano y la debilidad de un Ejecutivo que no tiene capacidad de veto sobre decisiones de las altas cortes o del Congreso; en decisiones que son absolutamente irracionales y criminales y que arrastrarán a la nación por los caminos del genocidio legalizado. El enfoque positivista de la Corte, en su relato dominante en materia del aborto, expresa con toda claridad la enfermedad espiritual que carcome a la civilización occidental y la ceguera que acompaña el relato de la violencia dominante, cuya base emotivista e ideológica da por resultado la generación de una cultura de la muerte y la violencia amparada en mentiras, engaños y argucias jurídicas que simplemente le suman más violencia de la sociedad colombiana.
La tarea que tenemos por delante los colombianos que queremos construir un orden social más justo y que somos educadores de educadores tiene dos dimensiones:
- Una a corto plazo: Empezar a trabajar en un plebiscito o referendo que convoque al pueblo colombiano y nos permita contrarrestar en el terreno democrático, la decisión perversa, que de manera arbitraria fue ejecutada por cinco jueces que usurparon las funciones del Congreso, funcionarios que no fueron elegidos por el pueblo y que han puesto de manifiesto toda su incapacidad e irracionalidad, originada en su demencial respuesta, a la incapacidad del Congreso para actuar en la materia.
- Otra a mediano y largo plazo: Estructurar de manera más clara y contundente acciones educativas que frenen la cultura de la muerte que está detrás de la decisión de la Corte en su despenalización unilateral y arbitraria del aborto en Colombia.
La tarea para la universidad colombiana es inmensa: tiene que ver con el rescate y restauración del vínculo entre trascendencia e inmanencia roto por la acción de las prácticas sociales utópicas y revolucionarias que están en la base del mesianismo político que hemos heredado de la peor versión de la modernidad y que ha devastado al continente en sus falsas promesas de redención social.
El mundo y los colombianos hemos sido testigos en estos últimos días de la revolución egofánica de algunos de los magistrados de la Corte Constitucional que impusieron por la acción legal, todo el poder de la violencia en las vidas de todos los colombianos vivos y por nacer, como también de los que se asesinaran en los próximos años.
Los hechos referidos, nos advierten de problemas estructurales en el diseño de la institucionalidad política de Colombia. La Corte Constitucional, como todo el aparato de Estado, tiene que tener límites en su accionar. Los colombianos no podemos estar sometidos a la voluntad de cinco jueces o conjueces que usurpan funciones legales y constitucionales, dictaminando e imponiendo su voluntad antidemocrática y violenta sobre la voluntad de cincuenta millones de colombianos.
En el fondo, los hechos y el breve análisis realizado, nos permite comprender, que la acción unilateral de cinco magistrados, no fue capaz de leer los valores del pueblo colombiano; los magistrados fueron incapaces de reconocer la diferencia; fueron incapaces de valorar que en Colombia hay seres distintos (muchos de ellos están por nacer), y que, la gran mayoría de la población, se orienta por fines en su existencia que están en contraposición a los criterios que cinco individuos de manera unilateral, criminal y poco transparente le han querido imponer al pueblo y la nación colombiana. En suma, la tarea es resistir de manera creativa y pacífica, el totalitarismo del Estado, definiendo marcos educativos, filosóficos y políticos que frenen la colonización espiritual y cultural de nuestros pueblos.
