Agosto/24 Páramo Jiménez, analista en temas de calidad, llama a una concertación para revisar el actual modelo de calidad de la educación superior.
En Colombia la preocupación por la calidad de la educación superior, nació muchos años atrás, por la exigencia de la comunidad académica por garantizar a los estudiantes de Universidades Públicas y Privadas radicadas en el territorio nacional, la necesidad de instruirlos y formarlos en prácticas y competencias profesionales, equiparables con la educación superior del mundo. Así nacía la ley 30 de 1992.
Un equipo de académicos reconocidos por su desempeño docente y por su experiencia en Administración de IES, todos ellos sin ánimo de lucro económico o político, se dedicó a la tarea de analizar el estado real del problema, para representar a la comunidad académica en la redacción de un proyecto de ley, que pudiera ser objeto de reflexión y análisis, de los honorables parlamentarios de Senado y Cámara, para convertirlo en Ley de la República, lo cual requería la orientación de expertos en diseño de sistemas de medición de la calidad de bienes o servicios, así como de experiencia en efectos de la implantación de políticas públicas.
La ley, fue aprobada, y tuvo gran acogida entre las Instituciones, pero años después se generó una crítica razonable, en el sentido de que los académicos en beneficio de proteger la calidad de programas e instituciones, olvidó concentrarse en la estabilidad financiera, que toca directamente con la viabilidad y realidad de las instituciones públicas y privadas. Esa falencia era corregible, dado que la ley de Presupuesto Nacional puede asignar los recursos necesarios con base en los planes de desarrollo del gobierno de turno.
Un problema adicional resultó al crear el CNA o Consejo Nacional de Acreditación, muy impreciso en cuanto a la designación de sus miembros, pues la medición de la Calidad de bienes o servicios, es un problema técnico complejo, que exige rigurosidad metodológica para poder establecer lo que se denomina estándares de calidad, que se construyen inicialmente generando factores determinantes de la calidad a los cuales se les aplica análisis correlacional multivariables. Los primeros consejeros y la inmensa mayoría de quienes han ostentado el cargo de Consejeros, no han sido expertos ni titulados en sistemas de calidad, cuya función principal es la definición y medición de estándares, por este motivo, en Colombia no existen Estándares de Calidad, en cambio se generaron dizque condiciones de calidad, que no son otra cosa que percepciones arbitrarias y personales que no representan ningún rigor metodológico y que solo conducen a la ineficacia del sistema de control de la calidad de la educación superior.
Un estándar no es una opinión, es una forma matemática que expresa la correlación que tiene cada estándar con la definición de la calidad que se pretende obtener y construida alrededor de experiencias probadas y experimentadas en la realidad.
Creer que un estándar de calidad de la educación superior es el número de profesores de tiempo completo que tenga un programa, es una opinión que no tiene sustento alguno, pues un profesor no tiene que calificarse por ser de tiempo completo, medio tiempo o por hora cátedra, se podrá usar proponer su salario, pero no su idoneidad, ni su efectividad en el proceso educativo.
Ahora bien, si lo que se quiere medir es la capacidad institucional para generar investigación, desde luego que tener equipos de investigadores independientemente que sean o no catedráticos es muy importante.
Pero decir que se es mejor docente por ser investigador, es cuestionable, la obligación de un docente es estudiar los descubrimientos científicos e incorporarlos a su cátedra, en cambio el rol de los investigadores es aplicar con rigurosidad científica experiencias para encontrar lo que podrían llamarse nuevas teorías aplicables en las distintas ramas de la ciencia y desde luego a los sistemas educativos.
Independientemente de las distintas modalidades de educación superior, hay que entender, que la eficiencia y la eficacia son el resultado palpable de los procesos de capacitación y formación, que logren los estudiantes, es entonces ahí donde deben construirse los estándares.
Como asiduo lector del Observatorio de la Universidad Colombiana me enteré que ya hay alianzas de líderes educativos y empresariales que están en la mira de contribuir en la redacción de proyectos de ley para modificar la ley 30 de 1992, distintos al equipo de gobierno, es decir, del Ministerio de educación Nacional.
Ojalá se unieran, sin que falte voluntad de ninguna de las partes, personalmente pretendo acercarme al equipo del gobierno por que la información del Ministerio de Educación siempre es muy necesaria y verificable, para efectos de análisis.
Espero que, el Ministerio de Educación tenga a bien escucharme o delegue a alguno de sus colaboradores para transmitirle mensajes, lo mismo espero de la Alianza de docentes y empresarios con la que también tengo afinidades.
