Agosto/25 Para Lopera, director de www.universidad.edu.co, la pregunta no es cuántos cupos, sino para qué y, además, cómo garantizar estudio y vinculación laboral a quienes ya están estudiando.
La presentación del Ministerio de Educación de las cifras de matrícula y cobertura en educación superior en 2024 (sí, con 7 meses de retraso, en un mundo de digitalización e información en tiempo real), sirvió de excusa para un nuevo round de la garrotera, cada vez más habitual, entre el ministro Daniel Rojas y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.
El primero, fiel escudero del proyecto político del presidente Petro, hace lo que sea por tratar de mostrar el “éxito” del llamado Gobierno del Cambio, y para ello recurrió a una absurda fórmula para mostrar al país que cada vez está más cerca (es un decir) de la promesa de elevar la matrícula de educación superior en 500 mil nuevos cupos, diciendo que ya se va en 190 mil (generando confusión entre nuevos cupos y nuevos estudiantes), mientras que la segunda (que fue petrista, y ahora no) hábilmente se rodea de conocedores del sector para desmentir el artificio gubernamental y decir que en realidad son 125 mil los nuevos estudiantes que se incrementaron en el sistema entre 2022 y 2024.
Y ambos se aferran a sus interpretaciones, pese a que, como lo muestran las propias cifras del SNIES, entre 2022 y 2024 los matriculados pasaron de 2.466.228 (pregrado más posgrado) a 2.553.560 estudiantes; es decir, aumentaron solo en 87.332.
Pero el debate debe ir más allá. No hay que creer que la panacea está en más matriculados. Si bien más personas con educación superior traen mejores tasas de convivencia y de tributación, detrás del discurso de más cobertura y hasta gratuidad, hay serios y preocupantes impactos fiscales, laborales, de desestructuración de un proyecto de país y de riesgo de frustrar proyectos de vida.
Porque prometer educación superior (y ojalá gratuita) da votos y es muy difícil de contradecirlo en la plaza pública. Además, porque detrás de eso hay toda una estructura (sistema, negocio…) en el que participan más de 300 IES, con toda una economía y cientos de miles de familias dependientes de recursos.
Pero ninguno de los ministros de Educación (de este y de los anteriores gobiernos), senadores y representantes a la Cámara y expertos (de las propias universidades, gobiernos locales, estadísticos, columnistas o técnicos de entidades como el DNP y las asociaciones de IES), se ha atrevido a hacer las preguntas incómodas que debemos enfrentar si queremos que la educación superior responda a lo que el país espera de ella.
La educación superior ha dejado de ser un tema de primer orden en la agenda de preocupaciones de los colombianos (y el próximo gobierno, sea cual sea, deberá enfrentar el dilema de si seguir financiando a este ritmo la educación o, en medio de la crisis fiscal, priorizar otros sectores como seguridad, salud, campo, infraestructura, minería …) y hoy la pregunta esencial no es cómo dar más educación sino más empleo digno (pertinente, con calidad y bien pagado). Y esa respuesta no se tiene. Pese a los esfuerzos, es un diálogo de sordos entre el esquema Mineducación y el modelo Mintrabajo.
En ausencia de una respuesta, colectivamente construida y socialmente comprometida, de cuál debe ser el país que debe construirse desde la educación superior, la obsesión por aumentar la cobertura conlleva a una perversa, y preocupante situación: La cualificación del desempleo. Cada día son más profesionales luchando por alcanzar una plaza laboral, por la que cada día se piden más requisitos y se paga menos. Si bien la competencia en la oferta y la gratuidad han jalonado hacia abajo los costos de matrícula, también es cierto que los recién egresados hoy reciben, en promedio, menores salarios que los que en su época recibían los profesionales.
La creación de más y más cupos sin estudios técnicos territoriales y de pertinencia laboral que lo justifiquen (salvo la obsesión de abrir por abrir), la creación de nuevas IES y programas (incluidos los privados), la negligente despreocupación del Estado sobre las condiciones de cerca de un millón de jóvenes de estratos bajos matriculados en la educación privada, el gradual aumento de tasas de retorno negativas en algunos pregrados, la aparición de muy diversas, llamativas y lucrativas formas de actualización educativa (no necesariamente en las universidades), la carencia nacional de estudios que respondan a cuántos profesionales necesitamos, en cuántas áreas y en qué regiones, y cuál es la prospectiva temática y disciplinar que desde la educación superior debe darse a la Colombia de las próximas décadas, reflejan que el centro del debate debe ir más allá de los cupos y orientarse a repensar seriamente el sistema educativo, las políticas públicas, las fuentes de financiación, la articulación con los otros niveles de formación, la integración con el mercado laboral y el para qué de las tipologías, IES, movilizaciones, duración de programas, áreas de conocimiento e integración social.
Desde esta óptica, y es paradójico, pero en ausencia de un proyecto como el que se reclama, la presión y la frustración social es menor si los cupos o nuevos estudiantes (como los quieran llamar el ministro o la representante) son menores a los que la capacidad del Estado pueda responder con empleos dignos y pertinentes.
Este gobierno ya entra en su último año, y está demostrado que más allá de seguir hablando de nuevas sedes, inversiones y de su obsesión por aumentar cupos, no cuenta con el tiempo ni el escenario político, académico, técnico ni de credibilidad social para concertar una real reflexión y ejecución para volver a barajar el sistema de educación de los colombianos.
El último año del gobierno Petro se llenará de anuncios y una que otra inauguración, pero no heredará impactos que permitan responder a un cambio estructural de la educación como respuesta a lo que demanda el país.
