La privatización de la Uniatlántico

Existen dos formas de privatizar una institución pública como la Universidad del Atlántico: la primera es a través de lo que se conoce como privatización neoliberal, que se concreta al sustraerle las funciones sociales a la institución mediante la elevación de las matrículas, o por otros medios que nieguen el acceso de los sectores con menos ingresos al Alma Mater. La cumbre de esta privatización consistiría en entregar una organización estatal como ésta a los privados, lo cual la convierte en otra cosa.

La otra forma de privatización ha sido menos estudiada y muy poco reconocida, aunque por eso no deja de ser menos peligrosa. Esta se presenta cuando los grupos políticos la secuestran y la depredan para beneficio propio, negándole de paso su carácter público por sustracción de materia, pues cuando esa roya ataca acaba con cualquier Universidad.

Ese fenómeno ocurre  al caer la institución en manos de los sectores politiqueros y clientelistas, cuya principal agenda no es la academia sino aprovechar los cargos y el presupuesto para acrecentar el número de sus seguidores ideológicos, o sus probables votantes en los procesos electorales externos o internos.

Este segundo tipo de privatización es tan perverso como el primero, pero tiene unas características peculiares que lo hacen un poco distinto. Mientras la neoliberal se hace acompañar a menudo de una visión tecnocrática y profesionalizante que le sirve de justificación, la privatización politiquera se realiza a nombre de la democracia, de la defensa de la educación pública y de la protección de los intereses populares.

En ambos casos el objetivo primordial de la Universidad Pública se pierde: en el primero, mediante un procedimiento áspero e inhumano que niega el uso del presupuesto para generar una redistribución del ingreso que beneficie a las mayorías populares, entregándoles una oportunidad de estudio que de otro no tendrían.

En el segundo, dejando en manos de núcleos politiqueros una institución que solo les sirve como medio para satisfacer sus reales fines: hacer politiquería empleando el presupuesto y los cargos para favorecer a sus amigos o aliados. Una dinámica de esta clase trae acompañado el desorden, la malversación de los fondos públicos y la anarquía de los procesos académicos, pues en ella los líderes no son los académicos sino los politicastros oportunistas.

Existe una larga experiencia nacional y local que sirve para demostrar que la privatización politiquera tampoco le conviene a la Universidad del Atlántico, pues de ella no se salvan ni las paredes. Y porque lo nuestro no debería ser la llamada cultura de la papa, ni la guerra apasionada por los cargos (como si estos fueran el botín a que tienen derecho los depredadores después de una lucha feroz por imponerse), sino la academia en todas sus expresiones, pero más que nada como docencia de calidad, o como investigación y extensión que conecten bien a la universidad con el entorno.

En este asunto tan importante poco importa que uno sea de izquierda, de centro o de derecha. Todo el mundo puede hacer parte de ese pelotón de destrozadores de la educación pública, aunque sea bajo el ropaje de las buenas intenciones, de la creencia de que se actúa por fidelidad a unos principios superiores o por el deseo de redimir o de favorecer al pueblo.

Si lo que le metemos a la institución es la guerra de rapiña por el presupuesto y por los cargos, las consecuencias son muy fáciles de prever: la pérdida de la función académica, el desorden en el funcionamiento institucional y una anarquía que lo desarma todo.

La historia y los intereses de las mayorías regionales indican que no se puede estar de acuerdo ni con la privatización neoliberal ni con la privatización politiquera, a menos que uno traicione los principios asociados a la defensa de la educación pública, y al papel más importante que cumple esta en la entrega de oportunidades de formación universitaria para los sectores más necesitados.

Ya va llegando el tiempo de que más allá de las ideologías y de las posiciones políticas que instrumentalizan la educación para beneficio de grupos o partidos con una agenda principal no académica, podamos llegar a unos acuerdos de fondo entre los habitantes de todo el espectro político para preservar el nicho universitario para su función primordial, es decir, para la ciencia, el conocimiento, el arte y la cultura.

La politiquería y el clientelismo que se derivan del democraterismo trasplantado del mundo externo al delicado universo de la educación pública, no traen sino problemas y retrocesos indeseables, como lo ha probado la experiencia histórica. Lo que requiere este campo tan delicado no son politiqueros desbocados imbuidos de pasión ideológica, o fieles a una causa o a una doctrina portadores de una psicología de cruzados (o de inquisidores medievales dispuestos a matar o a que los maten), sino gentes de mentalidad moderna que comprendan bien el rol de la educación universitaria en el contexto de una región pobre como la nuestra.

Requerimos de un gran pacto nacional por la defensa de la Universidad Pública que no le rinda culto ni a la privatización neoliberal ni a la privatización politiquera. Un acuerdo que parta de una comprensión profunda del carácter de esa Universidad, y que defienda su función social y la necesidad de que sus procesos sean regidos por el mérito, mas no por las filiaciones ideológicas o las alianzas políticas.

Un convenio de esta clase, que busque la preservación de la educación pública para las mayorías, no tiene color ideológico ni político, porque puede ser asumido (y debería ser asumido) por todos los que dicen querer y defender la educación para el pueblo, al margen de que sean de izquierda, liberales o de cualquier otro partido.

Un pacto así no tiene por qué excluir la formación humanística de los universitarios, ni la discusión ideológica o política de altura. Pero sí sería un importante antídoto contra los depredadores politiqueros de todo el espectro y contra todos los que destrozan la educación pública, disfrazados de mansos corderos o de salvadores de la humanidad.

Esta sería una ruta parecida a la que han seguido otros países exitosos en materia educativa, como los finlandeses o los cubanos, para quienes la educación pública es un bien común que no puede ponerse en manos de los depredadores politiqueros.

El democraterismo politiquero ha probado ser el mejor camino hacia el desastre en una institución tan frágil como la Universidad del Atlántico. Detenerlo es un asunto de principios si lo que se quiere es defender los derechos de las mayorías, a través de la defensa de su oportunidad de educarse.