Graciliana Moreno Echavarría analiza en el diario El Frente, de Bucaramanga, cómo la propuesta de reforma a la educación superior debe garantizar el derecho a la educación e impacta sobre la realidad educativa de Santander.
Dada la gravedad e importancia del debate sobre la propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 mejor conocida como ley de educación superior, toda vez que involucra el debate frente a la obligación que el Estado colombiano tiene en garantizar el derecho a la educación, quisiera hacer algunas reflexiones al respecto.
Cuando una sociedad se piensa un modelo de educación, se piensa en un modelo futuro de sociedad, en una forma en la cual ésta puede o no alcanzar el desarrollo y con él, el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y el disfrute de sus derechos. Por ello la reforma educativa se debe construir considerando la participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo, ya que reitero lo que está en juego no es sola la “rentabilidad de un servicio” sino ante todo la garantía de la realización de un derecho. Cosa que hasta éste momento parece no haberse tenido en cuenta, pues muchas han sido las voces que consideran que en efecto una reforma a la educación superior es absolutamente necesaria, pero no en la forma en la que se establece en la propuesta impulsada por el presidente y su ministra de educación.
Los argumentos están claros, la propuesta de reforma no cumple con las mínimas necesidades que hoy enfrentan las universidades públicas del país en términos de financiación, pues no basta con enunciar que la educación superior es un Derecho sino que es indispensable proveer los recursos suficientes para hacerlo realidad y en este sentido, debe garantizarse su financiación pública, so pena de convertir este Derecho en un privilegio de quienes puedan costear los valores impuestos por el mercado privado de la educación.
La propuesta que permite a la empresa privada invertir en las universidades públicas deja como principales cuestionamientos: ¿qué pasará con su interés privado de obtener rendimientos o ganancias de esta inversión y sí esto conllevará al aumento de las matrículas para obtener dichos beneficios?, o ¿cómo regular el contenido y la oferta académica, para salvaguardar no sólo lo que resulte más favorable para los intereses de la empresa privada, sino además para la conveniencia y garantía del disfrute de la actividad investigativa, lúdica y del desarrollo del pensamiento?.
La realidad de Bucaramanga para nada resulta ajena a este contexto nacional, sino por el contrario, esta crisis la sentimos vívida en la Universidad Industrial de Santander. Pero el problema no termina allí, quizás resulta ser un eslabón más en la cadena de una sistemática falta de garantía del derecho a la educación. Y para no ir más lejos, basta mirar la situación de la educación básica primaria y secundaria en la que, de acuerdo con las cifras publicadas por “Bucaramanga ¿Cómo vamos?”, entre el año 2007 y 2010, hubo un descenso del diez por ciento (10%) de la cobertura escolar para los niños y niñas de entre cinco (5) y diecisiete (17) años, lo que implicó que aproximadamente doce mil (12.000) niños y niñas se quedaran sin cupo escolar. A esta grave situación debe sumársele, la ausencia de condiciones sociales, culturales y económicas favorables que les permita a los niños, niñas y jóvenes continuar educándose sin verse abocados a la deserción escolar que en el año 2010 aumentó de un 3,6 % a un 10, 8 %, es decir la cifra fue casi triplicada.
Esta realidad impone cuestionar que el deber de garantizar el derecho a la educación de calidad sea el principal objetivo de las actuales políticas públicas y de las iniciativas legislativas en esta materia, no solo a nivel nacional sino también a nivel municipal, pues este derecho es indispensable para el desarrollo continuo de las personas y las sociedades, como instrumento esencial en la erradicación de la pobreza, la discriminación y la exclusión.
