Carlos Mario Lopera P., director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, cuestiona el garrafal error estratégico que está cometiendo el Ministerio de Educación Nacional al encerrarse a cocinar la propuesta de reforma de Ley 30 (que supuestamente iba a presentar el MEN desde mediados de diciembre), sin consultar a la comunidad educativa nacional. La molestia que esto ocasiona y la manera como se hace, pueden echar al traste, a lo mejor, una interesante propuesta.
Probablemente la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, que se está cocinando en el cuarto piso del Ministerio de Educación Nacional, traerá beneficios para nuestro sistema de educación superior, pero la forma como la están cocinando indica que el estilo de los cocineros conllevarán a un producto crudo o quemado, pero no apetitoso ni para el deleite de los comensales.
¿Por qué? Sencillamente porque los usuarios de dicha reforma, es decir opinión pública, directivos universitarios y docentes no saben de qué se trata. No sobra recordar que la finalidad de la educación superior es contribuir al desarrollo social a través de un ejercicio de carácter público como lo es la educación; es decir, es un contrasentido proyectar una reforma educativa sin la participación social.
Es absurdo, pero el futuro del sistema de educación superior colombiano, que en palabras del presidente Juan Manuel Santos debe constituir los rieles por los cuales deben marchar las locomotoras de su propuesta de gobierno, no se conoce cómo serán ni qué consistencia tendrán.
La propuesta de reforma de la Ley 30, que al parecer es la agrupación de una serie de proyectos que pretenden modificar la arquitectura del sistema y permitir, según algunos, la operación de sociedades con ánimo de lucro y entidades extranjeras, entre otros aspectos, se está cocinando sin que nadie sepa qué ingredientes se están adicionado.
Quienes se consideran académicos se demuestran sorprendidos por este esperpento estratégico. En educación superior, y no es la primera vez que pasa en Colombia, los proyectos deben ser previamente concertados y tener consensos, no sólo porque los académicos, por naturaleza son críticos y hasta vacas sagradas, sino porque esa es la esencia de la gestión universitaria: Argumentativa y participada.
Ni siquiera los congresistas, a quienes sorprendentemente la ministra les pide que la apoyen, la conocen. Tampoco dicen conocerla integrantes de CONACES. Puede ser buena y seguramente el Ministerio tendrá preparado un show mediático para presentarla (a pesar que al interior hay funcionarios que no están de acuerdo con la estrategia y algunos de los proyectos que se están consolidando), pero tan pronto salga ya hay lobos hambrientos dispuestos a atacarla.
Independientemente de la valoración que tengamos por la celeridad, intelecto, metodología o integrantes, de asociaciaciones como ASCUN, ACIET y SUE, por sólo citar algunas, éstas representan gran parte de la comunidad que directamente se beneficiará o afectará con la norma, y la comunidad académica nacional merece respeto y debe ser consultada al respecto. Cabe recordar que muchos congresistas de las comisiones sextas tienen intereses o defienden los intereses de algunas IES.
De la ministra Campo, la verdad, no sorprenden estas salidas, pues es claro que la educación superior no se gerencia con desconocimiento, en un coctel o en un consejo directivo gremial. Del Viceministro Botero sí sorprende la situación, pues es “perro viejo” en el sistema y sabe que por el sólo hecho de no ser consultados oportunamente, varios estamentos del sistema serán grandes opositores cuando se dignen publicar la propuesta.
Lo triste del caso es que un sistema educativo con mucha hambre y ganas de una reforma exquisita, se va a sentir defraudado con el plato que le sirvan, bien por la comida o por la forma en que la sirvan, sino por las dos.
Carlos Lopera: cmlopera@universidad.edu.co
