Sept/25 Para Cadena Afanador, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, muestra cómo ante la actuación del Consejo de Estado frente a la rectoría de la UNAL, se caería en una “trampa de gobernabilidad” en la que resultaría difícil conciliar de forma simultánea la legalidad, la legitimidad con la comunidad universitaria y la estabilidad institucional.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, el 4 de septiembre de 2025 negó la nulidad de la elección de José Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional (UNAL) para el período 2024-2027, en un fallo que fue celebrado por algunos sectores como una reivindicación del principio constitucional de la autonomía universitaria. Dicho fallo confirmó la legalidad de la elección rectoral de Peña, pero no implicó su restablecimiento en el cargo ni reconocimiento de derecho alguno.
El fallo pone en tela de juicio la legalidad de la elección como rector de Leopoldo Múnera Ruiz, quien continúa en el cargo a la espera de una nueva decisión del Consejo de Estado, donde cursan varias demandas relacionadas con su elección, las cuales seguramente serán acumuladas. Se espera que el tribunal supremo en lo contencioso administrativo falle sobre estos casos en un lapso no superior a un mes, lo que genera una enorme expectativa, no sólo entre la comunidad universitaria de la UNAL, sino de las instituciones de educación superior (IES), así como entre los diversos actores del sistema de educación superior.
Esta compleja situación afecta a la que es considerada por muchos como la mejor universidad del país (por ejemplo, es la única universidad que ha permanecido de forma continua desde el año 2017 entre las 1000 mejores del mundo, según la reconocida Clasificación o Ranking de Shanghái). Asimismo, afecta al Sistema Universitario Estatal, al ser un referente entre las universidades públicas.
La autonomía universitaria permite que las universidades actúen de forma independiente como una necesaria conciencia crítica de la sociedad. Es coherente que el Consejo de Estado haya priorizado en su análisis este mandato constitucional, que es un pilar esencial del sistema de educación superior, al privilegiar el cumplimiento de la normativa interna universitaria en el proceso de elección del rector. Según el fallo, la legalidad de dicho proceso no es objeto de discusión.
Sin embargo, no siempre la legalidad garantiza la gobernabilidad en una IES. En el evento en que el Consejo de Estado declare nula la elección de Múnera, la cual sucedió el 6 de junio de 2024, y que Peña sea reestablecido en el cargo de rector, habría un alto riesgo de que se materialice lo que se denomina un gobierno bloqueado, con un probable escenario de parálisis en la toma de decisiones, deterioro del clima institucional, resistencia activa de las agremiaciones sindicales y de la mayoría de integrantes de los estamentos, un reducido margen para generar estabilidad en la universidad y una deficiente ejecución del plan rectoral y de gestión de las reformas, tanto las que se están desarrollando como las que se propongan.
El próximo fallo del Consejo de Estado y las decisiones que en consecuencia adopte la UNAL y el Consejo Superior en el marco de su gobernanza, parecen conducir a una trampa de gobernabilidad, donde resultaría difícil conciliar de forma simultánea la legalidad, la legitimidad con la comunidad universitaria y la estabilidad institucional.
El Consejo Superior de la UNAL no está integrado por un número impar de miembros, pues lo integran ocho consejeros con voz y voto, de los cuales, hay dos puestos vacantes: el representante de los estudiantes (quien será elegido después de mediados de octubre) y el representante de los exrectores (quien renunció, y será elegido hasta enero de 2026). Esta situación reduce temporalmente a seis el número de consejeros con voz y voto, lo que podría influir en la dinámica de futuras decisiones.
La decisión que adopte el Consejo de Estado se dará en el contexto de un auténtico test de estrés tanto para la UNAL como para el sistema de educación superior. La discusión, en términos de legalidad y autonomía universitaria, no es sencilla, ya que se presenta en un entorno de crisis en materia de gobernabilidad, gobernanza y legitimidad.
En términos de gobernanza universitaria, las IES deben revisar de forma permanente la necesidad de consolidar procesos e implementar reformas que, entre otros aspectos:
- Sean sostenibles a mediano plazo.
- Refuercen la arquitectura institucional.
- Fortalezcan el debido funcionamiento de los órganos colegiados.
- Brinden claridad en los procedimientos y las reglas de juego.
- Promuevan la distribución del poder, evitando su concentración o la exclusión de actores relevantes.
- Fomenten la transparencia en las decisiones y la rendición periódica de cuentas.
- Implementen mecanismos de control independientes.
- Incentiven la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, sus estamentos y agremiaciones en la toma de decisiones.
- Impulsen la idónea representación estamental en un contexto de cultura de democracia universitaria.
- Brinden claridad sobre el alcance consultivo o vinculante de las consultas universitarias.
Con el fortalecimiento de la gobernanza universitaria, se consolida la capacidad de dirección efectiva de una universidad y se facilita el reconocimiento de la autoridad universitaria en relación con los cargos de rector y directivos.
Esta premisa brinda herramientas de acción que permiten gestionar las tensiones existentes entre legalidad, gobernabilidad y legitimidad en el entorno universitario. La crisis de la Universidad Nacional requiere decisiones que trasciendan lo jurídico y aborden las dimensiones estructurales de la gobernanza universitaria colombiana. Estas lecciones son igualmente aplicables a muchas IES públicas y privadas que enfrentan carencias y realidades similares.
