El presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, Jorge Yarce, presente un panorama desafiante para la educación superior, en momentos que se habla de reforma o de política pública en educación superior.
Han transcurrido ya casi veinte años de vigencia de la ley 30 de 1992, la última gran reforma de la educación superior en Colombia. Luego de fracasada la propuesta de reforma hecha por el gobierno –mal planteada, mal defendida y con un entierro de tercera- sólo queda mirar al futuro con la esperanza de que todos los sectores interesados en ella se pongan de acuerdo en una plataforma básica de lo que debe ser esa reforma.
El gobierno (con el anterior viceministro de Educación Superior) quiso hacer la reforma sin la academia. Esta no supo ponerse de acuerdo porque predominaron los extremos y no había un escenario de conciliación. Los estudiantes, que reaccionaron tardíamente, se quedaron más en palabras que en hechos, y a la hora de la verdad no hay propuestas serias de parte de ellos. En el fondo, se hicieron demasiados diagnósticos y las soluciones fueron pocas, sin una integración coherente. Todos tienen muy claro a qué se oponen, pero no tienen claro lo que proponen.
Reformas: un parche sobre otro parche
Lo que está sobre el tapete es un parcheo de la Ley 30, no elaborar una ley marco, que buena falta le hace a Colombia, o al menos algo más completo, como la Ley 115 de 1994 “ley general de educación”, pero centrada específicamente en el nivel superior, que dé unas pautas generales, que luego la reglamentación y las posteriores reformas la adapten a circunstancias de cada época. De ese modo no se está haciendo en cada reforma una colcha de retazos de las leyes existentes sino modificaciones que respetan un marco fundamental. En distintos momentos y por distintas personalidades del sector se ha reclamado la falta de esta ley marco. Ahora el CESU habla de una Política Pública en Educación Superior, esperemos que así sea.
Porque temas como la financiación o la mal llamada privatización de la universidad solo sirven para enardecer los ánimos y evitan tocar los temas de fondo como es que la universidad se ha convertido en un negocio cuya prioridad es facturar, al menos en el sector privado. En el sector público siempre nos anclamos en la autonomía y en los presupuestos de las universidades oficiales. Pero si se toca el tema de los indicadores de gestión ahí saltan los tradicionales opositores a la fiscalización de las universidades por la sociedad, la rendición de cuentas que tanto les duele a las oficiales.
Ha trascurrido medio siglo de reformas y de una continua perorata en torno a las reformas hechas o por hacer. Mientras tanto las realidades sociales nos muestran que la universidad colombiana se ha ido quedando rezagada frente a las exigencias de la sociedad. No tenemos una universidad competitiva de cara a Latinoamérica y el mundo, donde llevan la delantera universidades americanas, europeas y asiáticas que han hecho de la tecnología la palanca del avance de sus universidades.
Por eso en las clasificaciones sobre las universidades, que se han puesto de moda en los últimos años, las nuestras quedan muy mal paradas. No es difícil sacar conclusiones: a pesar de las mejoras logradas en el sistema, no logramos los altos estándares que exige la globalización.
La reforma, tarea de toda la sociedad
La universidad piensa que ella debe ser la principal protagonista de la reforma, y que una reforma impuesta desde fuera no sirve. Punto de vista poco sostenible si se mira cómo las mejores universidades del mundo han replanteado su misión desde el punto de vista de todos los actores comprometidos con ella, empezando por los gobiernos. Es un problema que afecta a toda la sociedad.
No puede constituirse la Academia en un gueto cerrado que se dicte a sí mismo los parámetros de su desarrollo futuro. El país debe tomar decisiones sobre la universidad que se necesita en la hora presente, claro está contando con los académicos, profesores y estudiantes, pero pensando en el bien común, no sólo en los intereses de aquellos.
Tenemos que pensar en una universidad que abra paso al progreso de la sociedad. Hay que adaptar la universidad a las perentorias exigencias de la sociedad del conocimiento, de la economía y de la información, mediando siempre la tecnología. Parece ser inadecuada la tendencia mayoritaria a dar prioridad a los estudios en humanidades y ciencias sociales, en un momento en que la demanda social es de ingenieros y técnicos para satisfacer los requerimientos del crecimiento económico y de competitividad frente a los países más avanzados.
La universidad manifiesta una clara resistencia al cambio. Hay que meterse en la cabeza que la innovación tecnológica debe ocupar un lugar privilegiado en la concepción nueva de la universidad. No es capricho de nadie ni mirada negativa a las humanidades o a las ciencias sociales. Es aceptar la perentoria realidad del mercado de demanda.
Hay que introducir cambios en la cultura de las universidades como organizaciones de enseñanza y aprendizaje para que se den cuenta que deben ofrecer nuevos servicios a la sociedad, que la interdependencia entre los países hace más evidente, y obliga a una flexibilidad y dinamismo de las instituciones para que puedan dar respuestas adecuadas a la demanda interna y externa.
Mucho le debe la sociedad a la universidad, es cierto. Pero lo es también al revés: que la universidad se debe a la sociedad y le debe a la sociedad. Esta no se satisface con que la universidad profesionalice a mucha gente o la especialice. Necesita que la investigación ocupe un lugar preferente para que se abra paso la aparición de patentes comerciales que sea fuentes de ingreso para las instituciones y para el país. Y eso solo se logra con estándares de calidad muy altos, no con la mediocridad generalizada a la que estamos acostumbrados.
Una universidad arqueológica
Los títulos profesionales se han comercializado burdamente. No son símbolo de diferenciación cualitativa sino de carta de entrada a la vida laboral. Las universidades son las grandes expedidoras de títulos que son como la promesa anticipada de un futuro laboral para los jóvenes, que luego se dan cuenta de que eso no basta. Burocratizadas, monetizadas, y ajenas al acontecer social. Amenazadas, además, por el creciente mundo de la educación virtual que avanza a pasos agigantados. Si las universidades no se ponen las pilas, formarán parte del pasado arqueológico de la educación. La oportunidad que se presenta es la de convertir los sistemas universitarios en sistemas abiertos, flexibles, competitivos, cambiantes y con enorme capacidad de adaptación a las exigencias del desarrollo económico y social del país.
Las universidades no son empresas industriales o comerciales pero son organizaciones que deben estructurarse y regirse por principios y procesos que las hagan cumplir sus objetivos en forma eficiente académica y económicamente. Esto no es entregarlas en manos del capitalismo, es la realidad que se vive en todo el mundo.
La “universidad empresa” no pretende desvirtuar a la universidad en su concepción tradicional de “hogar de la sabiduría”. No pueden quedarse disfrutando de un estatus nobilísimo aunque al margen del progreso. La necesidad del desarrollo científico-tecnológico y su deber de aportar al desarrollo de la sociedad que a su vez es sociedad del conocimiento que le impone a la universidad la obligación de gestionar ese conocimiento en forma eficiente.
Nuevo sentido de la productividad académica
El academicismo encierra a la sociedad en el pasado y convierte su saber en un reducto en el que se defienden intereses de los integrantes de la universidad por encima de los intereses sociales. Esos se legitiman en el cumplimiento de la función social de la universidad. Las reglas por las que se rige la universidad tienen que estar en cierta consonancia por las que se rigen los demás sectores. En el caso de las universidades oficiales no basta con garantizarles un presupuesto cada vez mayor y resolverles sus problemas económicos sino en exigirles la productividad adecuada al medio. El hecho de que la universidad pueda tener un lucro, y no necesariamente como ocurre en Colombia estén bajo el amparo del no lucro, no significa desvirtuar su sentido sino ponerlas en igualdad de competencia frente a otras organizaciones.
Desde su cultura propia la universidad impulsa el progreso científico y tecnológico de la sociedad. No es simplemente un supermercado de conocimientos donde cada estudiante se abastece. Necesitamos universidades generadoras de ciencia y promotoras de descubrimientos e invenciones útiles a la sociedad y al mundo globalizado. Eso no es el reto de unas personas individuales dentro de ella. Es un desafío corporativo y un desafío que hay que plantear desde las estructuras legales de reforma del sistema universitario.
La universidad no puede esperar a que la cambien los acontecimientos del mercado económico o de las ofertas del mercado universitario provenientes de otros países o del sector de la educación virtual.
O mejora o desaparece
Si no aprieta el paso, la universidad será absorbida pro otras formas de dar educación superior y de profesionalizar a la gente. Y el reto de aportar a la innovación del conocimiento tiene unas implicaciones socioeconómicas insoslayables de cara a su propia sostenibilidad. Eso le confiere ventajas competitivas, que constituyen una fortaleza para su desempeño en el mundo globalizado.
La universidad debe contar con las estructuras legales adecuadas para manejar su capital, que es intelectual y productivo, en forma dinámica y variable, con autonomía, sujetándose a reglas de competitividad y de eficacia, única forma de sobrevivir en el futuro. Aquí es necesario hacer hincapié en la triple función de alto desempeño que requiere la universidad contemporánea: ciencia y tecnología, investigación pura y aplicada, y generación de innovaciones que representen un valor en el mercado de registro de patentes.
La autonomía debe ser llevada sobre otros rumbos distintos de los tradicionales que acentúan los aspectos defensivos del carácter “sagrado” del ámbito académico y de autosuficiencia para dictarse sus normas internas de gobierno. Es más bien avanzar hacia una autonomía como capacidad de auto-gestionar su propio progreso. Darse la organización que la haga una organización operativamente eficaz, rentable, que tienda a la auto-sostenibilidad económica, al menos en parte. Tiene que tener libertad de actuar pero una libertad comprometida con los resultados y con la comunidad.
Si la universidad es “educación para lo superior” debería replantear también su papel de entidad formadora de líderes para la sociedad. No sólo en todos los campos del saber-hacer y de la investigación y la tecnología, sino de gente capaz de ser constructora de comunidad, que es una de las deficiencias más notorias de las universidades colombianas. Lo que explica su escasa presencia en el ámbito social y su casi nula incidencia en las decisiones de tipo político y económico.
Necesitamos reformar la educación superior, pero deberíamos aprovechar para afrontar esa reforma bajo el amparo de una ley marco o estatutaria que regule el derecho fundamental a la educación como servicio público, o al menos una ley general de la educación superior que facilite el encuadre básico de la actividad de las instituciones de educación superior, que ofrezca un marco estable de referencia, que deberá ser adaptado mediante leyes particulares a las circunstancias especiales de cada momento.
