Junio 6/18 Así le respondieron los rectores de 28 universidades argentinas, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en respuesta a la afirmación de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien dijo que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.
El escrito titulado “La universidad es un derecho para todos y todas” sostiene que la “desafortunada” frase de Vidal “desacredita y desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo, al contraponerla con la inversión en jardines de infantes” y que “ignora un proceso global irreversible: la masificación y universalización de la educación superior”. El comunicado acompaña con datos la afirmación: durante las últimas cuatro décadas, la matrícula terciaria aumentó en Iberoamérica de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a alrededor de 25 millones en 2011. “¿Qué tipo de inserción en el mundo quieren nuestras autoridades si deciden que vayamos en sentido opuesto, incluso, a fenómenos que se dan en nuestra región?”, se preguntaron los rectores.
“De haberse sostenido la idea de que a la universidad solo van los ricos, poco sentido hubiera tenido construir instituciones en territorios tan poblados y donde habitan hombres y mujeres que, pareciera, solo tienen derecho a ir a un jardín de infantes”, advierte el texto.
La declaración agrega que la postura de Vidal “también ignora el valor de las actividades diarias de docencia, investigación y extensión, que contribuyen a la solución de las necesidades de cada comunidad local y regional en la que se encuentran y a revitalizar la economía a través de la continua innovación científica y tecnológica, y su impacto sobre el desarrollo económico: aumento de la productividad, generación de nuevos productos y mayor competitividad en el mercado internacional.” Además, el escrito rescata la Reforma Universitaria de 1918, que este mes cumple su primer centenario, y su importancia en el inicio de la “des-elitización” de la universidad pública.
“Es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos posibles para sostener la transformación de la educación superior y universitaria en un derecho humano y un bien público social realmente universal”, concluyeron los rectores, y agregaron que “no se va en esa dirección recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas dicotomías entre nuestras instituciones y jardines de infantes”.
Adaptación de Página 21
