Junio 2/20 El silencio del rector Juan Carlos Henao y las directivas a las muy fuertes críticas de algunos profesores de derecho muestran un talante poco conciliador en una U. de corte liberal.
Los mecanismos de elección, participación y representación, así como de rendición de cuentas e inversiones de la Universidad, entre otros, son algunos de los principales cuestionamientos que se hacen.
Desde hace cerca de dos años, reconocidos abogados como Hernando Parra Nieto, Nestor Osuna Patiño, Juan Pablo Estrada Sáncehz y Ramiro Bejarano Guzmán (foto izq), vienen cuestionando la falta de claridad de parte de la Rectoría de Henao (foto derecha), así como de la secretaria general Martha Hinestrosa, para responder públicamente a varias de sus consultas. (Ver las directivas de la Universidad).
La opinión no conoce la versión oficial de la Universidad, pues ésta no emite comunicados y su rector tampoco da las explicaciones solicitadas.
Para mostrar el panorama de la situación, El Observatorio reproduce las consideraciones de un derecho de petición que estos cuatro profesores interpusieron ayer:
1.- Sea lo primero señalar que nos vemos precisados a acudir a este medio ante el silencio que la Rectoría y la Secretaría General han adoptado frente a los varios reclamos e inquietudes fundadas que inclusive públicamente hemos planteado sobre aspectos de interés de la Universidad. En efecto, a pesar de nuestros respetuosos requerimientos y llamados para que las directivas atiendan lo que es un clamor
general de la Universidad, han pasado cerca de dos años y ni usted ni ningún directivo se han ocupado de responder o pronunciarse de una manera que alivie los temores que hoy ya hacen parte de la crisis por la que atraviesa nuestra Casa de Estudios y ofrezcan la claridad a la que están obligados.
2.- Durante su período rectoral, doctor Juan Carlos Henao Pérez, hemos solicitado que rinda cuentas comprobadas y detalladas de su gestion, que se convoque a elecciones transparentes a los profesores para renovar el Consejo Directivo el cual lleva en ejercicio de funciones más de 23 años, que se informe a la comunidad sobre el alcance del cuantioso aporte que la Universidad ha hecho como accionista del grupo empresarial Bolívar, que se creara y se proveyera a través de medios democráticos la decanatura para la facultad de derecho y se implementara un estatuto docente que de estabilidad a los profesores y ofrezca una justa remuneración, y, en particular, crear un sistema que permita a toda la comunidad tener canales democráticos y transparentes donde expresarse y ser oída, entre otros legítimos ruegos.
3.- El estado actual de la Universidad es preocupante, porque la administración se conduce con el criterio de puertas cerradas, y eso le ha permitido a usted como Rector y a la Secretaría General manejar la Universidad a sus anchas como un bien propio, sin rendir informes, ni permitir a nadie el examen real y no formal o insustancial de libros, papeles o archivos, todo lo cual hoy ha generado la preocupación de que estaría atravesando la Institución por una grave crisis de liquidez cuyas proporciones y causas son desconocidas.
4.- Es tan excluyente la administración, que usted como Rector ha propiciado la tesis de que uno de los miembros principales del Consejo Directivo, doctor Andrés González Diaz, abandonó sus funciones y que, por tanto, su curul debe ser ocupada para el resto del mandato por su suplente, doctor Fernando Silva, defensor a ultranza de las decisiones y arbitrariedades de las directivas de la Universidad. Con tal fin se ha invocado que el doctor González abandonó su cargo por haberse ausentado durante el tiempo que ejerció funciones como gobernador y embajador, pero sin que este haya manifestado su intención de renunciar a sus responsabilidades e ignorando que en el pasado otros profesores dejaron de lado sus
responsabilidades al asumir funciones públicas como los Rectores Fernando Hinestroa y Carlos Restrepo Piedrahita, entre otros, sin que entonces hubiesen sido marginados de sus dignidades. Igualmente, se ha alegado que el doctor González dejó de ser profesor, cosa que además de no corresponder a la verdad, no es de recibo, porque también el distinguido profesor emérito doctor Mario Fernández, miembro del aludido Consejo, dejó su cátedra hace más de tres años y nadie se ha preocupado de alegar su exclusión. Todo indica que esta decision busca impedir que el doctor González se reincorpore como miembro principal del Consejo Directivo para que su suplente, sea quien siga aprobando todas las decisiones omnímodas de la Rectoría y la Secretaría General.
5.- También la actual administración ha dilatado la convocatoria de elecciones de los representantes de profesores al Consejo Directivo, máximo órgano de la Universidad, las cuales después de muchas dilaciones injustificadas finalmente convocó pero no han podido llevarse a cabo por causa de la pandemia, pero lo hizo a través de un procedimiento excluyente de algunos profesores, por lo general personas que no son del apreciable trato de las directivas, para impedirles el derecho a elegir y ser elegido. Como consecuencia de esta decision, la Universidad ha encargado a la Secretaria General, doctora Martha Hinestrosa, la resolución de todo lo que tenga que ver con estas elecciones y hasta la organización del escrutinio de las votaciones, olvidando que ella no es profesora y que, por el contrario, hace parte de los problemas endémicos que acosan a la Universidad.
6.- En la hora actual las directivas de la Universidad siguen renuentes a presentar cuentas comprobadas y detalladas de su gestion y se han negado de todas las maneras posibles a admitir que se realice una auditoria externa real, a pesar de la reiterada y pública insistencia nuestra en que ello ocurra. Las directivas explican que efectivamente permitieron la realización de una auditoría, porque en efecto autorizaron a una empresa escogida por ellas mismas para que hiciera una revisión formal y simple de los estados financieros, lo cual, como se sabe no es una auditoria, pues esta implica el examen riguroso de los ingresos y egresos, comprobantes y facturas, documentos respecto de los cuales la Universidad no permitió su examen, y lo que es peor, tampoco parece estar dispuesta a dejarlos conocer. En otras palabras, la revisión de libros y papeles se pregona por las directivas ante la comunidad externadista, pero su ejercicio se entorpece. Tampoco han dejado las directivas conocer el resultado de una asesoría sobre la infraestructura y futuro de la Universidad que se solicitó al prestigioso académico Carlos Angulo Galvis, porque al parecer sus recomendaciones afectan el poder excluyente que ejercen Rector y Secretaria General.
7.- La administración de la Universidad, sin haber siquiera consultado al Consejo Directivo, solicitó autorización al Grupo Bolívar para adquirir un importante paquete de acciones por una cuantia considerable. Tal operación se autorizó por el Grupo Bolívar, pero no ha sido ejecutada aún, ni puesta en conocimiento y menos debatida al interior del Consejo Directivo.
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8.- A todo lo anterior, se agrega el desdén por elaborar un estatuto docente que regule las categorías profesorales y asegure una equitativa remuneración, amén de un otorgamiento de becas fundado en los méritos académicos. Tal solicitud es apremiante porque tiene que ver con el lleno de los requisitos para la próxima acreditación de la Universidad, la cual podría verse comprometida de no atenderse este importante requerimiento.
9.- Los suscritos profesores acatamos y defendemos el principio constitucional de la autonomía universitaria, porque es una garantía para la independencia y autonomía de las Universidades; empero, ella no puede convertirse en instrumento para hacer de los centros de educación superior tribunas de odiosas dictaduras que gobiernan las Universidades a su antojo desarrollando una especie de albaceazgo, y, por esa razón, y además para honrar la transparencia insertaremos en El Radical esta comunicación para que a manera de carta abierta quede reiterada la inconformidad de unos profesores con lo que está sucediendo.
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