Análisis del Diario del Sur sobre la conveniencia o no de incrementar o quitar los controles de seguridad en las universidades y permitir el acceso de la fuerza pública.
A raíz de las declaraciones de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, que propuso, entre otras medidas, adelantar requisas en la entrada a universidades y colegios públicos, se desató una polémica entre quienes están de acuerdo con ejercer mecanismos para evitar que la violencia se mete a estos claustros, y los que argumentan que esto conlleva a pasarse por encima la autonomía universitaria.
Para analizar este asunto tenemos que recordar que la autonomía universitaria cobra vida en la Constitución Política de 1991, entendida como el poder legitimo de una comunidad académica de autogobernarse y autolegislarse colectivamente, haciendo coincidir el concepto de libertad con el precepto de autonomía, derecho que se consagra en el artículo 69.
Frente a los planteamientos de la ministra, el rector de la Universidad de Nariño, Silvio Sánchez Fajardo, se muestra en desacuerdo con la presencia de la Fuerza Pública en los centros de educación superior, salvo unas circunstancias especiales, cuando agentes del crimen ataquen a estudiantes, profesores o directivos. Sin embargo, argumenta que la universidad es un territorio autónomo en donde convergen diversas expresiones y formas de pensar, en donde debe prevalecer la tolerancia y la paz.
El académico explica, además, que en esas circunstancias especiales de amenaza, él mismo permitiría la entrada de la Fuerza Pública, pero otra cosa es prohibir las tendencias políticas y sociales, porque allí impera la pluralidad.
En torno a los dos criterios interviene la opinión pública, en el sentido de que las universidades públicas no pueden ser ruedas sueltas en un Estado de Derecho y que los agentes del orden pueden hacer su ingreso, porque se presume que esos claustros están encaminados bajo las directrices constitucionales de ley y orden, es decir que no pueden imperar situaciones irregulares, como se pudo observar semanas atrás de la presencia de guerrilleros en la Universidad Nacional en Bogotá, en donde según las imágenes de un video, personas armadas, con uniformes y símbolos del Ejército de Liberación Nacional, Eln, hicieron una especie de parada militar en desafío de las políticas del Gobierno Nacional.
Esto, bajo ningún punto, se puede permitir y ni quiera cabe salir con argumentos de la autonomía, porque la universidad no puede hacer apología al delito. Sabemos que grupos como el Eln y las Farc son considerados por el Estado como ilegales y no se puede facilitar su entrada en un centro de formación. Otra cosa es que algunos estudiantes colinden con las ideologías de estas organizaciones.
Según el análisis de expertos, “la autonomía universitaria, entendida como la capacidad de autodeterminación y autogobierno ejercida en el marco de una realidad concreta, implica para sus actores el ejercicio responsable de la misma, que se traduce, ante todo, en un accionar en el que predomina lo que Weber denominaría una ética de la responsabilidad…”.
El problema, más allá de la autonomía, radica en que la violencia se metió a las universidades y contra ese fenómeno tiene que luchar con toda la fortaleza toda la comunidad educativa, porque se atenta directamente contra la vida. No olvidemos que esta semana fue asesinado el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali, Ebert Mosquera Hurtado. Un menor de edad lo abaleó dentro de las instalaciones.
Hechos similares han ocurrido en las universidades públicas de Bogotá, en Antioquia, Atlántico, Santander, entre otras. Pese a que es una realidad, no cabe en la cabeza que estos sitios de crecimiento educativo se hayan constituido en territorios de guerra y los integrantes de estas comunidades sean los blancos de actores armados.
Si las condiciones de seguridad se deterioran en una universidad, hasta el punto de que se registren crímenes atroces como el del decano Mosquera Hurtado, es necesario que se piense en mecanismos eficaces de control y allí debe entrar la Fuerza Pública, no como un elemento de coacción hacia los estudiantes, profesores o directivos, sino en defensa de los mismos.
