Nov/26 Mejía Patiño, exrector de la U. del Tolima, señala que cualquier transformación en la política fiscal y económica debe comprender la complejidad de la sostenibilidad de las universidades públicas y sus responsabilidades crecientes. Tomado de El Nuevo Día.
Detrás de cada asignación presupuestal existen decisiones que demandan planeación, compromiso y una comprensión profunda de las necesidades de estudiantes, profesores, trabajadores, trabajadoras y comunidades. Por eso, el debate sobre la Ley de Rescate Económico no puede limitarse al equilibrio de las cuentas públicas; también debe considerar las condiciones que requieren las universidades para continuar fortaleciendo su misión académica, científica y social.
El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre ante el Congreso de la República, abre una discusión que la educación superior debe seguir con atención. Aunque se trata de una iniciativa que aún debe surtir su trámite legislativo, sus propuestas sobre gasto público, contratación y financiación hacen necesario examinar sus posibles implicaciones para las universidades.
La primera cuestión es si los recursos destinados a las universidades públicas responden a sus necesidades y responsabilidades institucionales. Garantizar una transferencia presupuestal no significa necesariamente que esta alcance para atender las demandas de una institución en constante crecimiento. Una universidad puede conservar sus ingresos y enfrentar mayores costos de funcionamiento, mantenimiento y renovación tecnológica. También puede recibir más estudiantes sin disponer de recursos proporcionales para atenderlos.
Esta discusión no es nueva. Desde hace décadas, las instituciones de educación superior han planteado la necesidad de que su financiación evolucione de manera coherente con la ampliación de sus responsabilidades. Esto nos debe motivar a mantener vigente la participación en una transformación del sistema de educación superior donde sea equitativa la distribución de las obligaciones que esos recursos sostienen y su evolución en el tiempo.
La segunda cuestión es la oportunidad de los desembolsos. En una institución educativa, una apropiación presupuestal y el dinero disponible en caja cumplen funciones distintas. Los salarios, los servicios y los compromisos de investigación tienen fechas de pago. El pago de las transferencias de manera oportuna permite organizar el calendario académico y garantizar la sostenibilidad académica, científica, política y social del proyecto educativo. Cualquier ajuste debería evaluar tanto los montos como las condiciones para que los recursos lleguen cuando se necesitan.
La tercera cuestión concierne a la comunidad universitaria. La financiación de la educación superior debe comprender el bienestar y las condiciones para permanecer. Alimentación, transporte, servicios públicos y alojamiento pueden determinar la continuidad de una carrera, o las óptimas condiciones de bienestar de quienes la sostienen: su personal profesoral y administrativo. Si las medidas económicas modifican el ingreso disponible de las familias o el costo de esos servicios, será necesario estimar sus efectos.
En este contexto, los centros de investigación tenemos una tarea concreta: formular preguntas, contrastar escenarios y aportar evidencia que permita comprender cómo las decisiones fiscales pueden incidir en la educación superior y en los territorios. Nos corresponde propiciar espacios de diálogo entre investigadores, estudiantes, comunidades y responsables de las políticas públicas, y traducir sus resultados en propuestas para la discusión legislativa. Así, la universidad puede contribuir a que las necesidades educativas y las brechas territoriales ocupen un lugar central en la agenda del rescate económico.
La universidad no puede limitarse a observar las decisiones económicas que condicionan su futuro. Su vocación le otorga tanto la capacidad como la responsabilidad de aportar argumentos y propuestas, en las que se reconozca la importancia de la sostenibilidad fiscal, pero también se insista en que las medidas destinadas a alcanzarla deben considerar las necesidades de las instituciones que forman profesionales, generan conocimiento y contribuyen al desarrollo del país.