Llamado a salvaguardar la autonomía universitaria: Editorial de El Tiempo
Junio/24 Para el diario capitalino, lo ocurrido en la Universidad Nacional recuerda la necesidad de salvaguardar este precepto.
Luego de un prolongado lapso de total incertidumbre, esta semana hubo algo de luz en relación con el futuro de la Universidad Nacional de Colombia.
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El Consejo Superior Universitario (CSU) –con la renuencia de tres de sus integrantes, quienes abandonaron la sesión argumentando la ilegalidad de esta– eligió como rector al profesor Leopoldo Múnera, uno de los aspirantes al cargo que dejó vacante Dolly Montoya. El nombre de Múnera fue el que mayor respaldo consiguió en la consulta no vinculante entre la comunidad educativa. El CSU, que cuenta con una nueva representante de los estudiantes, Laura Quevedo, votó por corregir presuntos errores en la sesión del pasado 21 de marzo, en la que se eligió a José Ismael Peña, y en su lugar nombrar a Múnera como rector, no obstante un fallo judicial que al resolver una tutela ordenó al Ministerio de Educación respetar la presunción de legalidad de la primera votación, así como el debido proceso.
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Ante esta compleja e intrincada pugna, que incluyó episodios a todas luces censurables y muy preocupantes de presiones violentas a integrantes del CSU por encapuchados que se tomaron el edificio Uriel Gutiérrez, hay que rescatar el ejemplo de Peña de acatar la decisión del CSU, no obstante sus reparos para ahora esperar que los recursos de ley sean resueltos. Dicho apego a las instituciones hizo falta en la manera de proceder del Ministerio de Educación a través del ministro ‘ad hoc’, designado para este caso por el Presidente, el también titular de la cartera de cultura, Juan David Correa.
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Aunque para los estudiantes, que se encontraron ante la inminencia de una cancelación de semestre, la llegada de Múnera representa un alivio, ya que se espera que retorne la normalidad al campus, de este episodio todavía restan capítulos que habrá que seguir con atención. Hay que confiar, entonces, en que las decisiones judiciales que vengan sean respetadas por todos los involucrados, más allá de si les son favorables o no, y aquí el llamado puntual es al Gobierno para que los acate sin dilación. Le sigue también la invitación ya hecha para que sean la universidad, sus instancias directivas y la comunidad que la conforma las que adelanten, si así lo consideran, un cambio en las reglas para elegir rector, que, en cualquier caso, deberá ser conforme a la ley y a la Constitución y así evitar terrenos pantanosos y traumáticos como en los que en esta ocasión se cayó.
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Dicho lo anterior, toda esta polémica se une a los recientes debates en el Congreso en torno a la ley que busca una reforma de fondo de la educación. El proyecto de ley ha recibido tanto halagos como reparos, críticas que deben escucharse durante su discusión. Se valora su intención de buscar el acceso universal a la educación superior, sueño de cualquier sociedad, mientras se advierte también sobre la necesidad de tener cuentas más claras respecto a lo que esto le puede costar al país.
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Y al tiempo se invita a que el proyecto de ley incorpore a otros niveles y modalidades de preparación, tales como el sistema de formación para el trabajo y el desarrollo humano, el Sena, la formación técnica y tecnológica y el subsistema de formación para el trabajo, que hoy tiene a su cargo el ministerio de este ramo. Igualmente, a que la iniciativa les dé el espacio que se han ganado las instituciones privadas, que se reconozca que el nuestro es un sistema mixto en su esencia y que dar un giro brusco a uno ciento por ciento público puede tener consecuencias graves e inesperadas. Cerca del 46 % de la matrícula de la educación superior actual corresponde a instituciones privadas, unos 2,5 millones de jóvenes. Así mismo, se debe tomar atenta nota de lo dicho por quienes ven en la iniciativa una preocupación por ampliar la cobertura a expensas de la calidad.
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Mención aparte merece lo relativo a la autonomía universitaria. El texto tiene una alusión a la gobernanza de las universidades, públicas y privadas, que podría implicar un detrimento de dicho principio de rango constitucional, en tanto se alude sin suficiente claridad a mecanismos de gobierno y gestión que deberán ser directos en lugar de representativos, como hasta ahora ha sido la norma en la inmensa mayoría de instituciones de educación superior. Este último adjetivo, “directos”, ha generado revuelo, toda vez que podría estar desconociendo tanto la mencionada autonomía como la complejidad propia de los ámbitos académicos. Cualquier ajuste que no tenga en cuenta la necesidad de hallar complicados equilibrios en un marco de pluralismo, diversidad y espíritu incluyente conlleva el riesgo de que se deteriore el ambiente indispensable para construir conocimiento.
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Que sea el Congreso el escenario para llegar a consensos. Todo a sabiendas de que si hay un campo que exige máximo rigor y responsabilidad de los legisladores es justamente este, el de la educación.
