Julio 11/22 Llamado como “Compromiso de ASCUN para aportar en el empalme y en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo”, los rectores enumeran los temas claves para abordar en el nuevo gobierno.
Además del financiamiento, y abogar por la situación de la educación superior privada, el presidente de Ascun, Luis Fernando Gaviria Trujillo, en carta enviada al nuevo gobierno, y también firmada por el director ejecutivo, Oscar Domínguez, enumeran los 7 temas claves, entre los que -señalan- se pide superar la pesada estructura de un sector, con procesos “excesivamente normatizados, densos y demorados”.
Estos son los aspectos destacados por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN:
1) Ratificar la naturaleza del sistema de educación superior dual y su importancia para el país. El artículo 67 de la Constitución señala: “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. La solidez de nuestro sistema dual no sólo se da por su aporte a la diversidad académica e institucional, sino por el complemento ideal y el compromiso para llevar educación superior a colombianos de diversas condiciones sociales, en los municipios más remotos del país, y también a nacionales en el extranjero, con diversas y válidas ofertas académicas.
2) Dar respuestas a la juventud colombiana y ofrecer alternativas a sus expectativas y necesidades. Los jóvenes demandan del Estado propuestas que atiendan sus reclamos sobre mayores y mejores oportunidades de acceso a la educación en todos sus niveles y garantizar condiciones dignas de empleo. El Gobierno es el actor protagónico para potenciar políticas y normas que permitan favorecer la vinculación laboral de los egresados, así como la mayor interacción de los planes de estudio con el mundo empresarial y productivo. Queremos aportar nuestra visión en este propósito.
3) Confirmar la educación superior como un derecho universal. Responder efectivamente al llamado global de la UNESCO y de la educación superior en el mundo, para que el acceso a la misma se consolide como un derecho universal. Esto implica, desde el Estado y el legislativo, revisar las condiciones de financiamiento de la oferta y la demanda, las condiciones de infraestructura de la educación superior pública, el alcance de la gratuidad educativa y el diseño de condiciones equitativas de participación en el mercado educativo para las instituciones de educación superior privadas, no oficiales, sin ánimo de lucro, así como nuevas políticas públicas que promuevan la regionalización, inclusión, diversidad y acceso a la educación superior para todos los colombianos.
4) Ampliar cobertura y promover permanencia y graduación en educación superior. Construir un esquema de colaboración entre las distintas instituciones, para el uso adecuado de la capacidad instalada de las instituciones del sector, oficiales y no oficiales, definir un modelo consensuado de metas, avanzar en la definición de un margen de tarifas a partir de los costos y requerimientos de la calidad y crear programas de fomento para el acceso, la permanencia y la graduación.
5) Redimensionar e integrar la relación entre educación, ciencia y tecnología. La labor formativa no puede ser gestionada de manera separada del compromiso de la educación superior con la investigación, la innovación y la competitividad del país. La formación en niveles de maestría y doctorado debe volcarse hacia las necesidades y expectativas de Colombia como país, y no hacia otros países u organizaciones particulares. La urgente sinergia entre el sector productivo, la academia y el Estado, contribuirá con la mejora en la productividad, el emprendimiento, el empleo juvenil y la proyección de Colombia como una nación autónoma.
Nuestra Constitución define que “El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo…”, reconocemos los avances y logros, la buena disposición de las instituciones y grupos de investigación, pero también las grandes exigencias que implica el soporte de la investigación y la extensión para hacer evaluación, análisis, seguimiento y ejecución en todos los ámbitos de desarrollo del país y de manera especial en el cuidado y sostenibilidad ambiental.
La innovación acompañada de la investigación que se desarrolla en los escenarios académicos debe continuar su consolidación, permitiendo a más colombianos y colombianas generar posibilidades de bienes y servicios con esa innegable capacidad de quienes nacen en este territorio y quieren con su creatividad aportar al desarrollo productivo a través del emprendimiento y la innovación.
6) Fortalecer los mecanismos de financiación y sostenibilidad de la educación superior en su conjunto. La Constitución Política de Colombia en su artículo 69 también resalta que “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Esta tarea del Estado es preciso analizarla a partir de las características de nuestro sistema dual, de las diferentes tipologías institucionales, de las potencialidades y vocaciones de las regiones, de las oferta de programas frente a las expectativas e intereses de los estudiantes, de las posibilidades de las familias para apoyar esta etapa formativa, además de las dificultades de inserción laboral del egresado, entre otras circunstancias que exigirán considerar las decisiones que se tomen frente al financiamiento de las instituciones para mayor cobertura, pero, también, para ampliar oferta y garantizar infraestructura. El sector en su conjunto está en la mejor disposición de identificar fuentes de fondeo de recursos, de apoyar el ajuste del Icetex para garantizar acceso y permanencia con las mejores opciones y de analizar posibilidades de colaboración con los sectores empresariales.
7) Avanzar hacia una cultura de la flexibilidad en el sistema de educación superior. El sector cuenta con una sólida, pero pesada, estructura. Sus procesos son excesivamente normatizados, densos y demorados y eso afecta su dinámica, le quita competitividad y lleva a que estudiantes, egresados y el mismo sector productivo duden, en ocasiones, de su efectividad. La educación superior requiere normas más flexibles y modernas, que agilicen los trámites procedimentales ante las agencias del Estado, en su diseño y oferta de programas, en el reconocimiento de estudios y convalidaciones, así como en la imperiosa necesidad de contar con un sistema de reconocimiento de estudios entre los diversos niveles, actores y protagonistas del sistema. Como un referente reciente de políticas, la Conferencia Mundial de Educación Superior hizo un llamado a los gobiernos para favorecer esta transformación del sector.
