Junio 21/18 El Ministerio de Educación le confirmó al CESU que el polémico decreto que reforma el Sistema de Aseguramiento de la Calidad está en trámite para firma de Presidencia, sin importar los más de 700 comentarios del sector, la petición de rectores de hacer mesas de trabajo, la aprobación en Cámara de Representantes de un debate de control político a la ministra por este tema y las críticas internas de más de una decena de profesionales del Viceministerio de Educación Superior que cuestionan procedimientos e impactos que traerá la norma, tal y como está.
La versión que firmaría la Presidencia tendría importantes cambios con respecto a la primera que presentó el Ministerio, pero no se conoce por el sector.
El fin de este gobierno, el apoyo de unos pocos rectores y el aparente agotamiento de los tiempos para el decreto han llevado al Ministerio a sostener esta posición que podría traducirse en demandas contra la norma.
Las quejas de los propios funcionarios del Ministerio
Más de una decena de cualificados funcionarios de la propia Subdirección de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, del Viceministerio de Educación Superior, enviaron una carta a la ministra Giha, la viceministra Ruiz, a Magda Méndez (directora de Calidad) y Ana María Arango (Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad), en la que expresan su “preocupación sobre la adopción del modelo de referentes de calidad”.
Entre las principales preocupaciones (que la dirección del Ministerio no ha respondido formalmente) se encuentran:
- La ausencia de un estudio sobre el impacto financiero y en la operación del nuevo sistema.
- Ausencia de apropiación presupuestales para operar el nuevo sistema.
- Redacción poco clara, imprecisa, compleja, incoherente y ambigua.
- Inseguridad jurídica que crearía la norma al empoderar de importantes decisiones a los jefes de área.
- Desconocimiento de los términos perentorios para la resolución de trámites, definidos en la Ley 1188 de 2008.
- Vacíos legales que podrían terminar en silencios administrativos positivos.
- Confusión de roles de CNA y Conaces en el nuevo sistema.
- Riesgo de transgresión del principio constitucional del debido proceso.
- Inconsistencia en el proceso al eliminar la etapa de completitud.
- Riesgo jurídico de modificar, vía decreto, la Ley 1188 de 2008.
- Duda procedimental en los nuevos roles de los pares y su relación con las Salas de Conaces.
- Crítica a la idea de suspender la operación durante la implementación del nuevo decreto, pues afectaría la proyección de oferta de las IES.
- El desconocimiento de la llegada de un nuevo gobierno.
- Cuestionan que la prueba piloto se haga una vez aprobado el decreto y no antes.
Así, concluyen los propios funcionarios, es una “utopía” la programación prevista si se tiene en cuenta todo lo anterior y el volumen de IES y programas.
Clic para ver el texto completo de la carta de los profesionales del Ministerio
