Abril/26 A propósito de las reacciones por la posible reforma al 1279, Lopera Palacio, director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, explica porqué el gobierno debe avanzar, urgentemente, en la reforma.
Si hay algo con lo que Daniel Rojas Medellín se puede consagrar y dejar un positivo recuerdo de su gestión como ministro de Educación, es dejar reformado el decreto 1279 de 2002, que define la forma como se debe remunerar a los docentes de las universidades públicas.
Sus otras acciones no tendrían la misma repercusión positiva. Ni el voluminoso presupuesto para la educación (que seguramente se verá menguado por la crisis fiscal); ni el golpe al Icetex, siempre polémico; ni las múltiples sedes universitarias (la mayoría sin iniciar y ninguna realmente “nueva” terminada, sin claridad en sus objetivos y con el riesgo de volverse elefantes blancos); ni el favorecimiento a la educación superior pública, en descrédito de la privada, entre otras cuestionadas acciones.
Pero si Rojas logra dejar reformado el decreto 1279 bajo el espíritu planteado en el borrador que se ha conocido públicamente, lograría lo que ningún ministro de Educación, desde que llegó esta norma hace 24 años, se ha atrevido a hacer o ha tenido el coraje de hacer, pese a que es casi que un consenso entre todos que sostenerlo es inconveniente, financieramente injustificable y antiético permitir el crecimiento de los salarios sin techo alguno, con cuestionables prácticas de docentes y de varios CIARP y sin un asidero en la realidad del mercado laboral del país, y en particular del académico.
Mantener el decreto o reformarlo en minucias, sin cortar la cabeza del mal (poner un techo a los salarios, generar mecanismos de control de la producción académica cuestionable por sus contenidos, cantidad y forma de producción, y amarrar los incrementos a la realidad económica de las IES y del país), sería una lamentable salida política, y no haría un favor al país.
El borrador de decreto ya tiene con los pelos de punta a las asociaciones sindicales profesorales de las universidades públicas y, de paso, a varios de sus rectores (que, en últimas, han sido elegidos con los votos de esos profesores, o que cuando terminen su periodo regresarán como docentes a disfrutar los propios beneficios del estatuto docente).
Es comprensible, mas no justificable. Todos queremos ganar más, pero hay que reconocer que este es el sector público y no el privado; es decir, que esos salarios se pagan con los recursos obtenidos vía impuestos.
Sí, la posibilidad de reformar la norma en la línea del documento borrador le va a generar a este gobierno tensiones políticas y movilizaciones profesorales. Pero este gobierno es experto en manejar las dinámicas de la protesta social y sabe que, bien presentado el tema al país, el discurso de los profesores (por más seguidores que algunos tengan en redes) no triunfará a la hora de compararlo con la molestia e inconformidad de la gran fuerza laboral del país que no llega a los dos salarios mínimos legales vigentes y a los más de 11 millones de personas trabajan con ingresos inferiores al mínimo, frente a un grupo de aproximadamente 15 mil profesores que tienen la posibilidad de inflar indefinidamente su salario, y decenas de ellos (que pueden ser cientos), que obtienen, de por vida, ingresos de hasta 30, 40 y 50 veces un salario mínimo por mes.
¡No eche para atrás, señor ministro! Usted se comprometió, en octubre de 2024, a acabar esta situación. Si bien el nuevo decreto no va a ser perfecto y la norma no va a terminar con las revistas depredadoras, con la ilegalidad de los mercenarios de la academia y con los productores masivos de contenido, sí es un buen mensaje para el sector y el país, más allá del gobierno de turno. La triste realidad y el desgaste político de décadas de discusiones (que vienen desde el 1444 de 1992) esperando las grandes concertaciones académicas nacionales no pueden seguir esperando la gran reforma de fondo. Hay que avanzar en algo.
Es cierto, también, que la reforma desmotivaría la productividad de aquellos académicos que se mueven más por el lucro que por la pasión de investigar y aportar socialmente. Porque el verdadero académico no vive con hambre, pero tampoco en el pleno lujo. Y si hay algunas mentes brillantes en la universidad pública que debieran ganar más, podrían darse bonificaciones excepcionales, pero no puntos convertidos en factor salarial.
Así, la reforma también daría un significativo aporte a la necesaria equidad sectorial y en hacer un llamado a reorientar recursos y acabar con preocupantes e injustas inequidades existentes entre universidades públicas “grandes” y “pequeñas”, entre las universidades del SUE y el resto de IES de las TyT; y entre profesores de planta y ocasiones y de cátedra, entre otros. Ese es el paso a seguir, ya en un próximo gobierno.
Sí, estamos en campaña electoral y este Ministerio y Gobierno están próximos a finalizar. Anunciar, como ya lo ha sugerido el señor ministro, mesas de concertación es una forma elegante de enterrarlo y de meter la cabeza debajo de la tierra como hicieron los ministros anteriores. Ministro, ¿va a caer en lo mismo que hicieron todos sus antecesores y que Usted tanto ha criticado?
Ministro Rojas, está cerca de matar al tigre; no se asuste con la piel. Si quiere pasar a la historia del sector por hacer una reforma positiva y radical, siga adelante con el decreto. Este gobierno ha tomado muchas decisiones valientes y muchas también absurdas, pero tenga la certeza de que en ésta, el país y el próximo gobierno (sea cual sea), se lo agradecerá.
