No es crear nuevas universidades, es reforzar las actuales: Ignacio Mantilla -julio/22

El exrector de la U. Nacional de Colombia y comentarista del diario El Espectador, presenta las consideraciones prácticas de por qué es mejor aumentar la oferta con las actuales universidades públicas, en vez de crear nuevas como, aparentemente, busca el gobierno entrante.

En varias ocasiones y desde múltiples orillas he sido abordado recientemente para que manifieste mi opinión sobre la propuesta de crear nuevas universidades públicas. Mi respuesta ha sido la misma: no conozco proyecto alguno en tal sentido y no puedo, con base en una ocurrencia, de esas que a todos nos brotan a veces en Twitter, apoyarla o criticarla.

Pero al margen de la causa de la insistencia en la pregunta, quiero eso sí, expresar mi opinión sobre la oferta pública de las universidades en Colombia y compartir con los lectores mi posición y análisis sobre la conveniencia o inconveniencia de una eventual iniciativa tendiente a aumentar el número de universidades públicas, opinión que ya en alguna ocasión, hace unos años, había expresado públicamente. 

Algunos datos

Recordemos que la última universidad pública creada en Colombia, que cuenta con egresados, es la Universidad del Pacífico, con sede principal en Buenaventura, fundada hace 34 años. Recientemente, hace apenas cuatro años, se crearon la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) con sede en Yopal y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), abierta en Popayán. 

Eso no quiere decir que durante 30 años no hayan sido inauguradas otras nuevas sedes universitarias públicas, creadas en otros municipios de algunos departamentos, pues las universidades públicas, en su mayoría, han ofrecido programas académicos en lugares diferentes a su sede principal; incluso la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) ofrece programas fuera del país y tiene una sede en Miami. 

Fuentes de financiación

En total hay actualmente 34 universidades públicas. Todas ellas reciben recursos del orden nacional para funcionamiento e inversión, como está establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y algunas obtienen adicionalmente recursos locales de las ciudades donde funcionan sus sedes o del departamento donde se ubica la sede principal. Como fuentes importantes adicionales están las denominadas «estampillas», que se han aprobado en el Congreso autorizando transferencias a las universidades con destinación específica, provenientes de diferentes fuentes de impuestos, principalmente departamentales. Existe una única estampilla nacional: “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia” que fue tramitada ante el Congreso de la República por la la Universidad Nacional de Colombia en 2013 y fue aprobada para 20 años, estableciendo que las transferencias correspondientes del recaudo se harían asignando el 70% a la Universidad Nacional y el 30% a las demás universidades durante los primeros 5 años y que luego se invertiría este porcentaje (30% – 70%) durante los siguientes 15 años. 

Una de las tres funciones misionales de una universidad, junto con la formación y la investigación es la extensión universitaria y por esta vía se suman a los recursos antes mencionados, más los provenientes de matrículas, los que genera la extensión universitaria no solidaria, correspondientes a asesorías, consultorías y cursos de extensión principalmente.

Como bien se puede comprender, la complejidad y el tamaño de nuestras universidades públicas está en relación directa con su financiación y esta la debe garantizar el Estado para que tengan la capacidad necesaria para desarrollar su misión exitosamente. 

Una nueva ley de educación superior

De acuerdo con las primeras declaraciones del recién designado ministro de educación Alejandro Gaviria, se quiere modificar la Ley 30 de 1992 por iniciativa del nuevo gobierno. Seguramente, de tener éxito ese propósito, las universidades se verán beneficiadas en su financiación y podrán ampliar su cobertura por ejemplo, pero será la nueva ley de la educación superior la que regule también la creación de nuevas universidades.

Requerimientos para una nueva universidad

En mi opinión, aunque parezca una blasfemia, no se necesitan más universidades públicas, es más, podrían ser menos. Considero equivocado pretender la creación de nuevas universidades en cada municipio de 50.000 habitantes, aunque sea el mayor deseo de los alcaldes y todos estén dispuestos a donar un lote y pagar los servicios.

Crear una nueva universidad no significa solamente adecuar y dotar una infraestructura para aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, oficinas, talleres, cafeterías, espacios deportivos y culturales. No basta tampoco con adquirir bases de datos y garantizar una buena conectividad. Hay que contar con una planta administrativa suficiente y hay que contratar profesores idóneos, con vocación docente, que se dediquen exclusivamente a la universidad, que investiguen, que inspiren y que contribuyan a formar buenos profesionales y nuevos investigadores. 

Hoy en día, a todos los nuevos profesores universitarios que sean contratados de planta se les debe exigir que tengan doctorado, es lo aconsejable, y el país escasamente gradúa anualmente unos 16 doctores por cada millón de habitantes, que en su mayoría no están dispuestos a frenar su carrera académica o investigativa sin una oferta que les permita conformar o hacer parte de grupos de investigación para desarrollar sus proyectos. Una buena universidad hoy en día no es solamente un campo de formación y entrenamiento para quienes van a ejercer una profesión futura. 

Se suma a los anteriores prerrequisitos para fundar una universidad, la no menos importante tarea de adoptar una normativa interna: estatutos, acuerdos y reglamentos, así como la conformación de consejos y comités académicos y la formulación de un plan de desarrollo a largo plazo, que pueda asegurar la financiación y la calidad académica más allá de uno o dos períodos presidenciales. 

Potencial actual 

Las universidades públicas actuales han ido consolidándose en todos estos aspectos, algunas como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, desde hace más de 150 años, y en su mayoría las universidades públicas disponen de la capacidad exigida para acreditarse en alta calidad.

Mejor que crear nuevas universidades sería entonces fortalecer las universidades públicas existentes para que sean ellas, en su sabiduría y autonomía, las encargadas de crear nuevas sedes en otros municipios, administradas por ellas, bajo sus reglas y sus estatutos, incentivadas, eso sí, por el gobierno con nuevos o mayores recursos para ofrecer y adelantar con calidad los programas académicos requeridos, pero bajo su responsabilidad y obligadas a rendir cuentas.

La enseñanza que nos ha dejado la pandemia no hay que perderla: aunque hay procesos pedagógicos que pueden desarrollarse desde la virtualidad y algunos programas de posgrado particularmente pueden ser exitosos, también la pandemia nos ha señalado que la presencialidad no se puede sustituir enteramente y que especialmente el acompañamiento docente y el relacionamiento con los compañeros y la vida universitaria misma, es esencial en la formación de los jóvenes. Hacer una oferta universitaria en los territorios no se consigue llevando solo conectividad y contratando a los mismos maestros de los colegios locales vecinos en una jornada adicional o construyendo salones y baños. 

Un modelo exitoso

La experiencia ganada en los últimos lustros en la Universidad Nacional, fruto de muchos esfuerzos y experimentos, debe servir de referente para considerar muy seriamente la oferta de programas como el PEAMA – Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – que llenaría las expectativas de formación universitaria en todas las regiones del país. ¿En qué consiste? Se trata de un experimentado modelo en el que la Universidad Nacional ofrece y pone a disposición cupos para cursar prácticamente todas sus carreras de Bogotá, Medellín o Manizales, pero en otras sedes creadas por la misma Universidad en ciudades tales como Leticia, Tumaco, Arauca o San Andrés. Se admiten semestralmente grupos de estudiantes que inician su formación básica de estudios generales en esa sede pequeña durante los dos primeros años. Después de este tiempo, el estudiante se traslada a la sede central elegida para continuar y culminar allí su carrera.

Naturalmente en el éxito de este programa es esencial que los profesores que tienen a cargo esas primeras asignaturas sean los mismos de las sedes principales. Veamos un ejemplo: un estudiante que ha elegido Ingeniería Civil en Medellín y fue admitido en Tumaco, es un alumno más del mismo profesor que tiene a cargo el desarrollo del curso de Cálculo Diferencial en Medellín o Bogotá, donde asisten presencialmente 40 estudiantes; algunas semanas las clases se impartes en Medellín y se transmiten a Tumaco, pero otras semanas el profesor debe viajar a Tumaco y desde allí, con 20 estudiantes asistiendo presencialmente, se transmite su clase a los estudiantes que están en Medellín.

Una fortaleza de este programa es que los estudiantes admitidos en un pequeño municipio pueden elegir de un amplio menú de carreras y no solamente del puñado de programas que allí se podrían ofrecer con docentes e infraestructura exclusivamente locales vinculados a una eventual, recién creada universidad.

También se desmonta así la falsa creencia de que las universidades deben formar solo los profesionales que necesita una determinada región, como si un joven que vive en Arauca no pudiera soñar con ser filósofo, por ejemplo. Por otra parte, está comprobado que la oferta de un par de carreras solamente, en una pequeña ciudad, después de las primeras promociones agota la demanda laboral que pudo haber motivado una oferta inicial y aumenta la frustración de quienes, además de haber tenido que cursar una carrera como única opción, no consiguen un trabajo profesional en su región de origen.

Con el PEAMA los jóvenes eligen lo que realmente les gusta y desean estudiar para cumplir sus sueños. El futuro traslado a una sede principal les permitirá tener una formación de alta calidad con la garantía de su acceso a buenos espacios culturales, laboratorios bien dotados y grandes bibliotecas a su disposición. Su vida universitaria en otra ciudad contribuirá además en su formación integral, es parte de ella, como podríamos reafirmar todos quienes hemos tenido la oportunidad de realizar estudios en el exterior. Por otra parte, el frecuente traumatismo que se presenta en la fase inicial de su carrera disminuye permaneciendo al principio en su ciudad de origen; así el alto riesgo de deserción, que es mayor al iniciar los estudios universitarios, puede evitarse con la oportunidad brindada de adaptarse al orden académico sin un cambio abrupto de sus condiciones socioeconómicas.

En síntesis

Las universidades públicas son esenciales en cualquier país, pero es su alta calidad la que debe fortalecerse y exigirse, y esa excelencia esperada no se logra fácilmente y menos aún en poco tiempo. Desarrollar adecuadamente una nueva universidad pública puede costar varias décadas, mientras que aprovechar, no solo la infraestructura física sino fundamentalmente la experiencia administrativa y la calidad académica de las existentes, puede ser, con la esperada voluntad política, una tarea de meses. Una cosa es aumentar la oferta pública, que indudablemente es necesaria y otra cosa es  hacerlo eficientemente a corto y mediano plazo.

Las mejores universidades latinoamericanas, como me decía un colega chileno, deben ser grandes, públicas, autónomas, laicas y respondonas; deben ser las mejores consejeras de los gobiernos, pero independientes de ellos porque no es tarea de la Universidad ofrecer lo que un gobierno le pide, sino lo que la sociedad necesita. 

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