Sept/27 Orozco, columnista de El Observatorio, profesor de El Externado y presidente de Avanciencia, advierte el peligro que comete el presidente Petro al fragmentar el sistema de educación superior entre públicos y privados, mientras se ven pruebas de universidades de garaje.
La rica historia de la universidad como una de las instituciones sociales más exitosas nos muestra pugnas por el control desde su origen. Sin desconocer los antecedentes, no exentos de disputas como fue en la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, pasando por el Pandidakterion de Teodosio II o la madrasa de Qarawiyyin de Fátima al-Fihri, la universidad como fenómeno europeo se debatía entre la autonomía de la relación profesores-estudiantes frente a la influencia de la Iglesia y los gobernantes. Las universidades obedecían al designio papal y eran controladas por el clero en cuanto a contenidos, moral y disciplina. También reyes y príncipes buscaban controlar las universidades para formar funcionarios leales y consolidar su poder político.
Pero ¿qué es la universidad? Aclaremos la ontología de lo que es universidad y no puede ser de otra forma. Una universidad existe cuando se congregan estudiantes y profesores en la búsqueda del saber. No importa si lo hacen en un aula, un laboratorio, en una cafetería o en un parque. La universidad está en la relación viva de estos dos roles que se juntan para indagar, compartir y crear conocimiento. De allí la primera tesis. Siguiendo la lógica del derecho natural de John Locke, la universidad, al ser la unión de estudiantes y profesores, les pertenece a estos dos estamentos porque son producto de su trabajo conjunto por la formación, la investigación y la extensión social de las ciencias y las artes.
Si asumimos que la universidad son estudiantes y profesores en interacción, y son por tanto dueños de sus actos y de sí mismos, entonces viene el segundo elemento vital de la universidad: la autonomía. Asegurar la libertad de pensamiento, de investigación y de enseñanza de una universidad es una máxima para poder cumplir con su misión social y científica. Asimismo, lo es el autogobierno para que, sin influencia de un poder externo, pueda tomar sus propias decisiones administrativas con independencia, criterio y justicia. La autonomía universitaria se logró tras siglos de luchas históricas de estudiantes, profesores e intelectuales contra el control eclesiástico, político y estatal. En América Latina la Reforma de Córdoba de 1918 es el hito más influyente, y en Colombia, luego del movimiento estudiantil de 1928 y la valerosa gesta de Ricardo Hinestrosa -Rector del Externado – frente a la dictadura de Rojas Pinilla que dio origen a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la autonomía universitaria se hizo letra como derecho constitucional en la Carta de 1991. Esto significa que la universidad, esa congregación de estudiantes y profesores, tiene el derecho a resistir la influencia e intereses de los gobernantes y demás grupos de interés externos a su dinámica.
Ahora bien, el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es un servicio público. No importa el origen del patrimonio que permite la infraestructura física y legal de estatutos, personería jurídica, si son fundaciones, cooperativas o entes autónomos universitarios como se define en la Ley 30 de 1992. Si la educación es un servicio público, todos los prestadores deben regirse bajo la misma normativa, en la que gocen de autonomía para cumplir su función social sin discriminación por su origen patrimonial. No existe razón filosófica para diferenciar universidades públicas y privadas si todas se deben a un servicio público sin fines de lucro. Los ciudadanos con nuestros impuestos pagamos el funcionamiento de las universidades que reciben presupuesto del Estado, y también pagamos derechos pecuniarios, hacemos donaciones y facilitamos el rendimiento de inversiones financieras que permiten el funcionamiento de las que no reciben ese ingreso.
Sin embargo, como expone recientemente El Observatorio de la Universidad Colombiana, el Presidente Petro descalifica y estigmatiza erróneamente a las universidades privadas. Pretender, como lo hizo en la presentación del 2 de septiembre sobre los resultados de las pruebas Saber-Pro, que fragmentar el sistema de educación superior le da réditos políticos es un grave error para quien ostenta la mayor dignidad política como mandatario de todo un país, no solo de lo público. Necesitamos hoy más que nunca claridad conceptual sobre la naturaleza de la universidad. Señalar sin fundamento que todo lo privado es malo, que la universidad cuyo patrimonio no fue dado por el Estado es un negocio (entendiéndolo peyorativamente y no como significa negocio: la negación del ocio), en el que se lucran sus “dueños”, lacera la esencia de la universidad y crea una disputa que enfrenta como enemigos la universidad pública y la privada.
Estigmatizar instituciones “privadas” que han sido símbolo de calidad en América Latina y baluarte del país, al señalar que “universidades como los Andes, la Javeriana, el Rosario, etc., las de caché, de donde salen los abogados que nos quitan los derechos” solo demuestra el desprecio por una academia que no puede controlar para hipostasiar su ideologismo político. Atenta Petro contra su propia alma mater, la Universidad Externado de Colombia, cuando indicó al referirse a la expresión libre de profesores que analizaron y opinaron sobre el caso de Álvaro Uribe, que “me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano”. Por cierto, en el marco de esta “trifulca externadista”, como la tituló el profesor del Externado Ramiro Bejarano, indicó Yesid Reyes Alvarado -director del departamento de derecho penal y criminología del Externado- en su columna de El Espectador que “No comparto el cuestionamiento que Daniel Coronell hace sobre mi integridad ética; no obstante, mi cargo siempre ha estado y seguirá a disposición del señor rector.” ¿Podría la máxima autoridad de la universidad abanderada por defender la autonomía universitaria en Colombia ceder ante presiones externas para excluir y silenciar a sus profesores?
Sin embargo, acierta el presidente cuando afirma que “lo que hay es una enorme cantidad de universidades de garaje estafando a la juventud y a la familia colombiana”. Y para ello no escatimó en darnos una clara prueba de ello. Al nombrar a Juliana Guerrero viceministra de juventud, evidenció cómo una institución de educación superior titula sin cumplir los requisitos de ley. Como denunció la Representante Jennifer Pedraza, la nombrada viceministra no tiene el registro de sus pruebas Saber-Pro de ICFES, condición legal necesaria para expedir un título profesional en Colombia. Para conocer detalles sobre la Fundación de Educación Superior San José, en la que se detalla su ascenso en millonarios contratos y convenios con el Estado y la titulación express, invito al lector a ver la excelente investigación de la Revista Cambio.
En lugar de diferenciar las universidades por su naturaleza jurídica, que no tiene incidencia en las dinámicas académicas y científicas en la relación entre profesores y estudiantes, y sí teniendo como principio fundamental la autonomía universitaria para la prestación de un servicio público, debiésemos buscar su diferenciación por la calidad. A menos de que el gobierno se crea con capacidad y legitimidad para determinar la gobernanza, orientación académica, opiniones, investigaciones y servicios de extensión de los profesores de una universidad, porque ésta depende de los ingresos que le gira, no deberíamos considerar y menos fomentar una diferencia contenciosa entre universidad pública y privada.
La calidad de la educación superior debe iniciar por el cumplimiento de los requerimientos estipulados por la ley; de comprobar que se realizan con idoneidad las labores de docencia, investigación y extensión, y por garantizar la autonomía universitaria y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión. Es necesario que acabemos con esa falsa dicotomía entre universidad pública y privada para abrir el verdadero debate: cuáles son las universidades de garaje que denuncia Petro. O sea, cuales no tienen calidad -no cumplen con la promesa de valor de la educación superior-, sirven para enriquecer a quienes las gobiernan y se prestan para favorecer intereses políticos o acallar la libertad de pensamiento y opinión, cediendo frente a las presiones de gobernantes y medios de comunicación. Son estas entidades, las que no dignifican la autonomía de la relación entre profesores y estudiantes, las que deben poblar la categoría de universidad de garaje lejos de la falsa ideología de que existe universidad pública y privada.
