Dic/24 Para el periódico, “la controversia -sobre el Icetex- pasó, pero lo que queda de ella no es alentador, frente a decisiones que van a influir en la vida de miles de jóvenes”.
Es mucho lo que está en juego en la polémica en torno a los recursos del Icetex. Aunque en algunos sectores la dan por superada, la verdad es que la incertidumbre persiste. Por eso es necesario volver sobre este asunto, pues de esto depende, en primera instancia, la posibilidad de que cerca de un millón de personas, la mayoría de ellos jóvenes de estratos 1, 2 y 3, obtengan su título de pregrado o posgrado y, en últimas, la viabilidad del actual modelo de educación superior en Colombia.
La controversia comenzó hace tres semanas cuando trascendió que había demoras en el giro de recursos del Gobierno a la entidad, correspondientes a los compromisos del 2024 y que tampoco estaban disponibles los fondos para quienes aspiran a ser beneficiarios de apoyos en el 2025.
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Tras el revuelo, el propio presidente Gustavo Petro, así como su ministro de Educación, Daniel Rojas, salieron al paso con mensajes de tranquilidad, afirmaron que la plata estaba y que no había motivos para la preocupación. Al mismo tiempo, el ministro habló de un plan para convertir al Icetex en una entidad bancaria, sin dar mayores detalles.
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Días después se supo que ya estaba listo el giro por 169.000 millones de un total de 369.000 que requiere la entidad. Se dijo entonces que la crisis se había superado, pero, desafortunadamente, muchos interrogantes persisten. Esta entidad, como es conocido, se ocupa tanto de fondos de apoyo a personas que han accedido a ayudas estatales, como es el caso de Generación E, como de créditos a cualquier particular. Mientras en el primer frente los dineros estatales cubren la totalidad del valor de las matrículas, en el segundo son necesarios para subsidiar la tasa de interés.
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En lo concreto, faltan todavía 200.000 millones para superar la incertidumbre. Es, así mismo, una mala señal que el actual gobierno no esté disponiendo de recursos a futuro ni para programas de apoyo a población vulnerable ni para el subsidio de los créditos a quienes han tocado las puertas del Icetex para poder estudiar. Si bien, y como ya se ha dicho, esta decisión es legítima en tanto el Ejecutivo es autónomo para decidir qué rumbo le da a la educación, lo que prende las alarmas es que no se ve claro el camino que reemplace el actual: el de un modelo mixto en el que el Estado subsidia la demanda. Ya se ha advertido que las metas planteadas para el fortalecimiento de la educación pública muestran enormes retrasos y hay razones de peso para ser escépticos respecto a la capacidad de gestión del Gobierno para, de un día para otro, reemplazar un modelo por otro, apoyado exclusivamente en el pilar de la oferta pública.
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Se está jugando con candela, para decirlo coloquialmente. Urge una pausa y una reflexión sobre las consecuencias concretas y reales en la vida de miles de jóvenes que van a traer en el corto plazo estas decisiones. El llamado es a que el Gobierno cumpla con compromisos que no puede evadir y desembolse lo que aún falta de la actual vigencia.
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Y hay que renovar la invitación a reflexionar si de verdad vale la pena desechar de tajo un camino que tanto ha costado construir y que con aciertos y errores le ha traído al país avances notables en las últimas tres décadas. Con un ajuste de sensatez y realismo, el actual gobierno puede enriquecer el esquema que ya existe, antes que arrasar con él.
