Oct 25/23 Es cierto que el financiamiento de la educación superior privada es determinante para su supervivencia, pero reducir el tema a un asunto de recursos es desconocer la esencia de la universidad, del sistema dual y de la democracia académica.
Cada vez es más común (fue uno de los temas esenciales en el pasado Consejo Nacional de Rectores, de Ascun) la expresión pública y preocupación de los directivos de IES privadas sobre el silencio del Gobierno Nacional con respecto a la educación superior privada como una actora esencial en el sistema de educación superior colombiano.
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Se conoce que, abiertamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, no es amigo de fomentar, de apoyar ni de girar recursos económicos a las universidades privadas. Según el primer mandatario, éstas ya han recibido mucho dinero del Estado, y ahora debe orientarse todo el apoyo a la universidad pública.
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Si bien el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, intentó bajar el tono a la preocupación ante los rectores de ASCUN, sugiriendo que el Gobierno cuenta con la universidad privada, lo cierto es que los hechos parecen confirmar la preocupación de los rectores: Las IES privadas están borradas de las propuestas gubernamentales, no han sido tenido en cuenta en las proyecciones de los prometidos y aún no cumplidos nuevos 500 mil cupos, los diversos anuncios sobre el Icetex parecen querer quitar un piso legal de apoyo a los estudiantes de las instituciones privadas y las propuestas de reforma intentarían minar la autonomía de los gobiernos de éstas, entre otros aspectos.
En su última intervención, en una entrevista con el diario El Colombiano, de Medellín, La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa (foto) respondió, ante la pregunta sobre si el sistema mixto se perdería con las propuestas de ley que:
“La preocupación que tienen en el sector es que no se estén asignando recursos a instituciones vía programa Ser Pilo Paga o Generación E. El sistema mixto es la composición de todas las instituciones del sector, oficiales y no oficiales. El Gobierno nacional no ha hecho una declaración sobre no continuar fortaleciendo a las instituciones no oficiales. Cuando decimos que vamos a fortalecer las instituciones oficiales, su antítesis no es el debilitamiento ni el marchitamiento de las universidades no oficiales, sino abrir la puerta para que instituciones como las oficiales puedan seguir teniendo muchísima más en presencia en zonas rurales”.
Su testimonio no sólo confirma el desinterés del Gobierno frente a las privadas, así como la ausencia de proyectos de fomento y de colaboración con la educación superior privada, sino que también presenta una visión reduccionista, y simplista, de lo que significa la educación superior privada en el contexto del sistema de educación superior, pretendiendo delimitar el tema a un asunto de recursos que, gobiernos anteriores por decisión propia, entregaban indirectamente a IES públicas y privadas, a través de programas de apoyo a estudiantes destacados (Ser Pilo Paga y Generación E).
Primero, porque constitucionalmente Colombia ha definido la coexistencia de un sistema mixto en educación superior, y por décadas las IES privadas no sólo han arriesgado sus capitales y patrimonios (no reciben un solo peso del Estado para aventurarse a iniciar operaciones y dependen de las lógicas del mercado de oferta y demanda, sin subsidio alguno) y han cumplido con todos los requisitos de ley para operar, sino porque dichas instituciones (con sus virtudes y defectos) han evitado que el drama social de la ausencia de cobertura y de calidad educativa en el país sea mayor o haya “estallado” antes.
Un país democrático, como Colombia, no puede dejar toda su educación superior en manos de la universidad pública. No porque no sea buena (hay excelentes instituciones), sino porque sería una forma de acabar con la universalidad, democracia, espíritu crítico y autonomía de la educación superior y las universidades. Además, porque todos los ciudadanos son libres, en medio de sus posibilidades, de elegir los programas e instituciones -públicos o privados- que deseen.
En el estado social de derecho que es Colombia la educación privada ha sido cooperadora de la educación superior pública, limitada en oferta, infraestructura, cobertura y respuestas a muchos de los desarrollos del país.
Esa misma educación superior privada (y mientras que la Ley no se cambie) ha sido determinante en la prestación del “servicio” público de la educación superior y, como tal, ha respondido ante las responsabilidades de ley y las acciones de inspección y vigilancia del Estado.
Además, y aquí hay uno de los grandes fallos de la política del actual gobierno, y es que éste parece desconocer que más allá de los oferentes de la educación, el millón (más o menos) de estudiantes que se hallan matriculados en el sector privado también son colombianos, en muchos casos con más necesidades que los estudiantes de las IES privadas (que ya cuentan, casi todos, con gratuidad en su matrícula).
Tristemente el gobierno, y la ministra, parecen meter en un solo saco a las IES privadas, sus directivos y sus estudiantes, desconociendo su responsabilidad constitucional de brindarles las garantías jurídicas y de armónica convivencia para que actúen en los mejores entornos de desarrollo.
El Ministerio de Educación da por un hecho que la ley estatutaria pasará y que se asignarán los recursos para el crecimiento de nuevas sedes universitarias públicas y la universalización de la educación superior pública. Ojalá se dé (¿y si no se da?). Pero con o sin ley estatutaria, el sistema no puede borrar de tajo lo avanzado. El avance en el derecho al acceso, podría ser un retroceso en el derecho a la Universidad (con mayúscula).
