Feb 13/26 Las irregularidades de la Fundación San José han dado brillo mediático a las representantes Jeniffer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes se han “deleitado” en sus acusaciones, con fundamento y defensa en el deber ser, aunque con ciertas imprecisiones y exageraciones, por el desconocimiento de la opinión pública y porque están a pocos días de ir a las urnas para buscar seguir en el Congreso.
Ante los llamativos silencios del gobierno y Mineducación (caracterizados por hacer mucho ruido mediático frente a casos de corrupción) y la lentitud de este último en actuar al respecto, una vez que reventó el escándalo del irregular título de Juliana Guerrero, el país ha conocido una seguidilla de nuevos escándalos de la Fundación de Educación Superior San José gracias a las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao: Que la situación de graduar sin Saber Pro no ha pasado solo con Guerrero, que son decenas de casos similares, que hay más de mil egresados de esa IES vinculados al actual gobierno, que se habrían cobrado hasta 20 millones por título, que hay dudas sobre la legalidad de los procesos de reconocimiento de estudios y que la “empresa” de Francisco Pareja tiene fuertes vínculos con el gobierno y ha sido beneficiada de contratos cuestionados por su objeto y montos, entre otros.
Pero las dos últimas intervenciones de las congresistas han tomado un cariz de exageración y amarillismo, que buscan agravar la situación del gobierno y la IES, y autopresentarse como “redentoras”.
“Ya hicimos la investigación por ustedes”, Pedraza al ministro Daniel Rojas
Tras el anuncio del Ministerio de aplicar “las más altas medidas” a la San José, Pedraza cuestionó al ministro y le pidió más actuación:
“Ministro Daniel Rojas, esta medida es insuficiente, no hay toma de activos ni sustitución de las directivas de la San José. A la Universidad de Antioquia sí la intervinieron, pero con la San José llevamos 6 meses rogando. ¿Qué más necesitan? Ya hicimos la investigación por ustedes, hay imputados por falsos títulos, hasta llegó primero la Fiscalía que ustedes y todavía siguen los mismos directivos allá. ¡No más negligencia!”, le dijo Pedraza (foto izquierda) en redes sociales.
Ello despertó una cadena de mensajes en redes sociales entre la política y el ministro, quien le respondió: “Este tipo de medidas no se toman a la ligera como usted, candidata, quisiera y menos se toman a demanda de su campaña política. Mi trabajo no puede supeditarse a su urgencia electoral. Si le queda tiempo en estos días de búsqueda intensa de votos podrá averiguar y entender que el proceso de la U de Antioquia está respaldado por meses de trabajo, de medidas rigurosas y con absoluto respeto al debido proceso. Entiendo que el tiempo juegue en su contra en esa dificilísima carrera por tratar de superar el umbral electoral dado que las encuestas no le favorecen, pero entenderá que la función pública no está para favorecerla a usted y a sus pretensiones en las elecciones al congreso, sino al pueblo al que servimos. Con sinceridad, le deseo Mucha suerte”.
Y llegó el nuevo mensaje de Pedraza: “Si al Ministro de Educación le parece que intervenir una universidad que vende títulos es exagerado y “a la ligera”, estamos en la olla. Llevan 11 meses en “medidas preventivas”. ¡ONCE! Aquí hay 2 personas imputadas y detenidas: mi trabajo ya tuvo efectos y no vamos a parar, para eso me eligieron. Así le incomode, antes que candidata SOY congresista, este es mi trabajo, ¿y el suyo? Garantizar (entre otros) que no haya negociantes de la educación y de los títulos, una tarea que le quedó grande. Gente estafada en sus narices, egresados (de verdad) con diplomas sin valor y usted sigue sin dar respuestas, se dedica a minimizar los delitos y la estafa de los dueños de la San José… ¿Será porque son amigos del Gobierno como Francisco Pareja? El electorero aquí es usted. ¡ACTÚA MÁS RÁPIDO LA FISCALÍA QUE EL MINISTERIO! Increíble”.
Entonces intervino el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, quien le dijo a la congresistas que: “Las medidas de inspección y vigilancia se enmarcan en la Ley 1740. En ella no existen las intervenciones, tampoco la toma de activos o la sustitución. Las medidas no tienen el carácter de control disciplinario, penal o fiscal, justamente para ello existen los órganos de control. Tampoco actuamos como superintendencia u operador judicial. Igualmente precisarle, en todas las actuaciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación se desarrollan a través del debido proceso, que también es un derecho constitucional aplicable a actuaciones administrativas para su salvaguarda.
Pedraza continuó con su debate, y le respondió a Moreno, con fotos del articulado de la Ley 1740, de inspección y vigilancia: “Viceministro, aquí le dejo los artículos de la Ley 1740 que ustedes no han querido aplicar con diligencia. SÍ TIENEN CARÁCTER SANCIONATORIO. No engañe a la gente para a justificar la negligencia. Ustedes podrían haber: 1. Reemplazado a los directivos, 2. sancionarlos, 3. imponer multas, sanciones, 4. suspender registros calificados y hasta 5. cancelar la personería jurídica de la San José. Pero no, prefieren durar 11 meses en “medidas preventivas y mientras tanto a esta hora HAY GENTE ENTRANDO a estudiar y pagando matrículas en ese estafadero. Asuman la responsabilidad”.
Y, hasta ahora, el debate se encuentra en la última respuesta del viceministro a la representante a la Cámara: “es irrespetuoso que sugiera que estoy engañando a la gente o que mi actuación es negligente. No es mi estilo propiciar o alentar debates por las redes, respeto a quienes lo hacen, pero no tengo vocación de influencer. Le explico sin insultos, como siempre ha sido mi trato con usted: Hay una confusión conceptual en su publicación pues existe una diferencia entre medida preventiva y sanción administrativa.
1. Las medidas preventivas y de vigilancia especial tienen como propósito garantizar la adecuada protección de los derechos de los estudiantes a recibir un servicio educativo de manera continua y con calidad, como lo dispone la Constitución, y en ese sentido, por tratarse de medidas que inciden en el ámbito de la autonomía, el cual es un principio constitucional, debe aplicarse la proporcionalidad y racionalidad, donde la intensidad y el momento de la medida es determinado no por capricho, sino por el fin que persigue la medida, porque sea el medio adecuado, conducente y necesario, así como por su pertinencia y razonabilidad.
2. Si se determina que se incumplen las medidas impuestas (como ha sucedido en otros casos) la ley 1740 permite que se impongan nuevas medidas, incluidas las sanciones administrativas que deben configurarse según lo dispuesto en la propia ley.
Asimismo, aclararle y a los lectores que el reemplazo no es una sanción es una medida de vigilancia especial que se toma cuando se materializan supuestos de hecho como la obstrucción o el incumplimiento de las medidas que determine el Ministerio.
Aprovecho para aclarar, no tengo, ni he tenido ninguna relación laboral, académica o personal con la institución o sus directivos, tampoco depende del Viceministerio determinar una medida unilateral, pretender endilgar esa responsabilidad a una persona es distorsionar la realidad. Comparto el genuino interés de quienes buscan proteger a las víctimas afectadas”.
Un Ministerio “tibio” con la San José “porque se trata de sus amigotes”: Juvinao
La pelea entre Juvinao (foto derecha) y el ministro Rojas es públicamente conocida en el sector, y en cuanto tema pueda haber críticas y pugnas entre ambos no se pierde la oportunidad; especialmente en los temas sobre el Icetex y la San José.
Juvinao también ha cuestionado la actuación del Ministerio en el tema de la San José, y lo acusa de ser “tibio” en su actuación al respecto.
El pasado 24 de enero, Juvinao denunció que la Fundación San José había cobrado, en 2025, a la Gobernación del Magdalena $310 mil por unos kits escolares que ella cotizó, en una papelería de Bogotá por $30.500, en desarrollo de un contrato de alfabetización.
Se trata del programa departamental de alfabetización “Yo Sí Cambio – Todos Alfabetizados” ejecutado por el Departamento del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación Departamental, mediante dos contratos sucesivos suscritos con la Fundación de Educación Superior San José, en calidad de operador del programa educativo flexible de alfabetización, Ciclo I del modelo A Crecer, dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores en condición de analfabetismo.
Si bien el contrato genera muchas dudas en su objeto, alcance, monto y condiciones de la San José para operarlo, así como del entorno político del entonces gobernador Carlos Caicedo (en problemas con la justicia por actos de corrupción), no hay por el momento una investigación formal al respecto, más allá del ruido mediático.
Lea el análisis de Opinión Caribe sobre este contrato
Ese tal Japonés no existe
La denuncia del exagerado costo en los kits escolares poco impacto tuvo en el ámbito nacional, por lo que Juvinao optó por retomar el mismo contrato y hacer una nueva denuncia, en este caso relacionado con un “contrato de la U. San José por $12.500 millones para enseñar japonés en el Magdalena”.
Según la representante “el objetivo del contrato era ofrecer formación en dos idiomas (inglés y japonés) con entidad certificada. Con el fin de cualificar el personal docente que prestará el servicio de alfabetización” a población que incluía , personas en condición de vulnerabilidad y pobreza, víctimas del conflicto armado, población rural y campesina, grupos étnicos y población con discapacidad en municipios como Aracataca, Remolino, El Banco, Pivijay y Plato, entre otros.
Su cuestionamiento ya no fue el valor del kit sino el por qué se iba a enseñar japonés en el Magdalena, mucho más a personas que, por su condición social y de vulnerabilidad, difícilmente lo iban a requerir, como una forma de poner en duda el contrato, inicialmente suscrito, en 2022, a nombre de la San José, por Luz Piedad Correa Zubieta, integrante de la junta del Instituto Triángulo, socia de la San José y representante legal suplente, y renovado en 2025.
| . |
 |
| . |
No obstante el contrato cuestionado no detalla la exigencia de enseñar japonés. La propuesta de la San José se centraba en erradicar el analfabetismo en el departamento del Magdalena mediante la alfabetización de jóvenes en extraedad y adultos, bajo un enfoque humanista y de desarrollo de habilidades para la vida, en poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto, con metodologías activas y dialógicas basadas en los estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional para el Ciclo Lectivo Especial Integrado (CLEI I). En cuanto a sus entregables y componentes técnicos, la propuesta contemplaba la formación inicial de docentes y facilitadores, la incorporación del modelo al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las instituciones educativas, la organización de actividades pedagógicas distribuidas en módulos académicos, y la generación de informes académicos finales, evaluaciones de desempeño y certificaciones que avalen la promoción de los beneficiarios al culminar exitosamente el ciclo.
Incluso, en los informes de interventoría para el pago del contratista hay referencia a formación en inglés o japonés.
Estas denuncias parecen estar pasando de lo técnico y social a lo político y personal.
En el Magdalena muchos se cuestionan la actuación de la congresista, quien en sus denuncias no menciona los casos de corrupción del exalcalde y exgobernador Carlos Caicedo, como el gran ordenador detrás de muchos de estos contratos y con quien Juvinao tuvo una cercanía en 2020 (que ya no existe y son contradictores), cuando lo asesoró en temas de comunicaciones, que fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por el no lleno de requisitos, pero que fue archivado.
