 |
Para el Dtor Nacional de Planeación de la U. Nacional, Carlos Alberto Garzón Gaitán, en la propuesta del nuevo Plan Nacional de Desarrollo no está clara la apuesta por lo público ni por lo estatal, no se propone una estrategia de sostenibilidad financiera de largo plazo para las IES estatales y se deja en segundo plano las ciencias sociales y humanas. |
El siguiente es el texto de su opinión
Basado en los pilares de paz, equidad y educación, el PND asume este último “como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.
En lo que tiene que ver con educación superior, incluye apuestas interesantes cuya sostenibilidad de largo plazo debe asegurarse. Se destacan la educación obligatoria hasta grado 11 y avanzar progresivamente hacia la jornada única, que en un mediano plazo incrementará el número de cupos requeridos y exigirá una reorganización del sistema.
Propone también convertir a Colombia en líder latinoamericano en áreas prioritarias de ciencia y tecnología, relacionadas con salud, costos ambientales, mitigación del cambio climático y productividad agropecuaria. En este mismo sentido, plantea formar investigadores e innovadores que lideren esta transformación, para lo cual, las instituciones universitarias en general no están preparadas. Por lo tanto, se requerirá determinar cuántas y cuáles dentro del sistema pueden soportar idóneamente ese cometido, es decir, definir realmente el sistema de universidades estatales (SUE) con roles y presupuestos diferenciados y así analizar cómo, operando en red, la Universidad se convierte se convierten en una nueva vía para la prosperidad.
Cobertura con calidad y articulación de la investigación al desarrollo, mediante la transferencia de conocimiento y tecnología para el emprendimiento y el crecimiento empresarial, resultan quizás los retos más interesantes. Pero si se tiene como válida la idea de “construir sobre lo construido”, no se pueden trazar nuevas metas desatendiendo problemas de fondo aún sin resolver, en especial en la educación pública. El plan no profundiza sobre el modelo de financiación de la educación superior ni recoge evaluaciones previas en esa materia, como la del Consejo para la Educación Superior (CESU), que vale la pena recordar, con el fin de propiciar la discusión sobre los modelos en juego.
Evaluación necesaria
Varios asuntos se consideran problemáticos, de acuerdo con la experiencia en la aplicación de la Ley 30 de 1992. En primer lugar, se trata de un modelo inercial que no considera el crecimiento real de cada una de las instituciones ni su complejidad y que consolida la inequidad característica del sistema existente, al momento de implantarlo. No contempla cómo resolver las inequidades regionales ni incluye a las IES públicas diferentes a las universidades.
Aunque ha generado un leve aumento de los recursos apropiados en estos 20 años de vigencia, no toma en consideración las nuevas ofertas de cupos, la diversidad y complejidad tecnológica ni la consolidación de las funciones de investigación y extensión. Tampoco estima los costos de una planta docente, cada vez más capacitada y productiva académicamente, para responder a la calidad exigida por el Estado y la sociedad.
El modelo trazado en 1992 no toma en consideración los subsidios necesarios ni las acciones afirmativas derivadas de la política social, señaladas en la Constitución Nacional y que tradicionalmente se enmarcan dentro del concepto de bienestar.
No permite inversiones nuevas que no se constituyan en base presupuestal para ser indexadas a futuro ni contempla los recursos de funcionamiento que se generan de las nuevas inversiones y que, por lo tanto, se vuelven recurrentes para las instituciones. No incluye la existencia de índices de costos de educación superior que superan la inflación, tanto en la oferta pública como en la privada, ni está ligado a fuentes fijas crecientes.
Si bien se tiene un componente flexible, basado en el crecimiento del pib, asignado por indicadores, esta estrategia perdió rigurosidad técnica al modificarse el uso de los indicadores, con el propósito contradictorio de resolver las inequidades entre instituciones, eliminando en el cálculo las variables que las diferencian; además, los recursos asignados por esta vía representan solo un pequeño porcentaje del presupuesto de las ies.
A ello hay que agregarle que está ausente la evaluación del deterioro, la depreciación de la infraestructura física y tecnológica y las demandas de información contenida en bases de datos nacionales e internacionales, así como los costos de los nuevos servicios de valor agregado en TIC. No tiene en cuenta los resultados de las IES en cobertura, calidad, pertinencia, gestión e investigación
Revisado el modelo puesto en vigencia por la Ley 30 de 1992 frente a los pilares del plan, es claro que no incluye los costos de la calidad ni va a permitir una apuesta de aumento de cobertura de gran calado, como la que se requiere en un escenario de paz.
Puntos para repensar
En el plan no se establecen metas específicas para cada nivel y modalidad de la educación superior, ni entre lo estatal y lo privado, ni entre financiación a la demanda o de la oferta, ni entre créditos y donaciones. Si no existe una apuesta clara por lo estatal, para un Gobierno siempre será más efectivo, en el corto plazo, financiar la demanda en instituciones privadas bajo la modalidad de créditos condonables a las familias. En este caso, la eficiencia va en contravía de la eficacia y de la pertinencia, en especial en términos de inclusión.
La política de desarrollo consolida la estrategia de financiación a la demanda, crea nuevas variedades y precisa los criterios de focalización de los estímulos y subsidios, tanto de los jóvenes y sus familias como de las instituciones. Los recursos públicos escasos seguirán subsidiando a las empresas, al asumir plenamente la financiación del SENA, y a las universidades privadas, al pagar las matrículas, logrando un mejor uso de su capacidad instalada.
La autonomía académica en la educación superior, que ha sido blanco de diversos intentos de limitación a través de leyes que reglamentan profesiones y estandarizan contenidos, se pone en riesgo. La recomendación es tener especial cuidado al momento de definir la misión y las funciones de la llamada Superintendencia de Calidad y el contenido de los “contratos plan”, para no violar la autonomía.
El programa “Ser pilo paga” debe complementarse con acciones hacia población vulnerable, tanto de las grandes ciudades como de los municipios de frontera, en cuyo caso los estudiantes no tienen los mejores resultados en las pruebas de Estado ni capacidad de pago para que, en caso de no graduarse o no hacerlo en el tiempo establecido —algo muy probable—, tengan cómo subsanar el crédito.
El PND privilegia los campos del conocimiento orientados directamente a la competitividad e innovación, dejando en segundo plano las ciencias sociales y humanas junto con la creación artística. Esta falencia es grave por el papel que jugarán las universidades y la educación en general durante el posconflicto.
Ahora bien, cada apuesta requiere una cantidad inmensa de recursos, el riesgo es que no se pueda disponer de ellos por las restricciones que impondrá la crisis de los precios del petróleo. En medio de estas dificultades, se confirmará si realmente el Gobierno privilegiará a la educación y, en nuestro caso, a la educación universitaria, como una de las mejores maneras de garantizar la inclusión económica y social en el posconflicto.
Déficit de supervivencia
El mecanismo de financiación para la oferta pública exige definir un nuevo punto de partida en la distribución de recursos para todas las instituciones y aumentar la base presupuestal en el monto que se ha evaluado por el SUE como de déficit de supervivencia –ni siquiera es un déficit técnicamente calculado.
Una vez lograda esta estrategia, se puede proceder a disminuir progresivamente las brechas sociales y económicas en el contexto actual del sistema de educación superior colombiano, para lo cual se requieren recursos adicionales y una redistribución más equitativa entre instituciones y regiones.
Resulta fundamental reconocer y medir la heterogeneidad y complejidad del sistema, así como establecer la existencia de diferentes énfasis misionales, identificando al menos tres grupos de universidades en el SUE: unas pocas, máximo cinco, intensivas en investigación; un segundo grupo, intermedio, que combine docencia y una investigación emergente; y un tercer grupo orientado a atender fundamentalmente la demanda por pregrados. El sistema se organizará regionalmente alrededor de las universidades de investigación, fomentando la cooperación y el trabajo en redes.
La progresividad para el logro de la equidad puede diferenciarse en cada grupo. En una primera fase, por ejemplo, se pueden apropiar más recursos para las universidades cuya inversión por estudiante al año esté por debajo del promedio y llevarlas a la nivelación; luego se calcula en cada grupo el nuevo promedio y se repite la operación. Cada ajuste en la inversión tiene que ir atado a compromisos de calidad y cobertura.
Es importante conservar e incrementar inversiones transversales a las instituciones (Colciencias, MEN), en factores directamente relacionados con la productividad académica: formación doctoral de profesores, adquisición de bases de datos, negociación nacional de licenciamiento del software que el Estado pondría a disposición de las ies estatales y montaje de Centros Compartidos para prestar servicios tecnológicos que requieran equipos robustos sofisticados, entre otras opciones.
El Gobierno debe promover la eficiencia de las ies públicas y privadas, relacionada con gestión financiera, sistemas de información y de costos, entre otros. Incentivar y reconocer la implementación de buenas prácticas en todos los procesos misionales de gestión y soporte es otra iniciativa propuesta.
En fin, ideas y propuestas existen, lo que se requiere es diálogo constructivo, cooperación y disposición para avanzar en una política pública financiada con recursos frescos para soportarla sosteniblemente.
Fuente: UN Periódico
