Marzo 4/24 De 55 rectores de universidades privadas, solo 7 se inscribieron para elegir a su segundo representante en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU.
Y el elegido (o mejor, reelegido) será el rector de la Universidad de la Costa, Eduardo Alfonso Crissien Borrero (foto), quien terminó su periodo y es el único que se postuló para ser votado.
Así, Crissien será el segundo rector de universidad privada en el CESU. El otro rector es el rector de la Universidad de la Sabana, Rolando Roncancio, quien lleva menos de un semestre de los dos años que obtuvo para ser representante por las universidades privadas.
La candidatura única de Crissien podría leerse como la de un liderazgo imbatible, pero la verdad es que el protagonismo de éste en el sistema es poco. En sus dos años en el CESU no lideró un debate significativo y los demás rectores poco le copian como vocero sectorial. Algo similar (aunque con un poco más de visibilidad) para con Roncancio.
Además de Crissien, que podrá re-elegirse con su único voto (por ser el único candidato), los otros seis rectores que se inscribieron para votar son:
– Carlos Sánchez Gaitán, de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
– Luis Fernando Múnera Congote, de la Pontificia Universidad Javeriana. Su antecesor, Jorge Humberto Peláez, estuvo en el CESU.
– Carlos Enrique Cardona Quiceno, de la Universidad Católica Luis Amigó
– Edgar Ernesto Sandoval Romero, de la Universidad Libre
– José Consuegra Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar , y quien ya ha sido por varios periodos consejero.
– Elkin de Jesús Narváez Gómez, de la Universidad Católica de Oriente
¿Por qué tan baja participación?
Si el CESU tuviera un activo protagonismo en la política pública seguramente las vocerías estarían muy disputadas, pero esta apatía refleja todo lo contrario. La agenda del CESU se construye al amaño del Ministerio de Educación Nacional, sus rectores poco o nada intervienen en temas de interés para el sector y los temas críticos para la universidad privada (financiamiento, Icetex, inspección y vigilancia, y calidad) escasamente se mencionan en el Consejo.
Y aunque, según la Ley 30 de 1992, es un organismo asesor del Ejecutivo en política pública de educación superior, ha pasado sin pena ni gloria en el debate sobre las reformas de ley y la propia crisis de la educación superior privada por causa de la forma como este Ministerio la ha ignorado.
Además, porque generalmente la mayoría de consejeros se caracterizan por actuar con un bajo perfil. Poco o nada rinden cuentas a sus representados, no se atreven a cuestionar, con carácter, las políticas del gobierno, y se sienten más cómodos con los viajes, los viáticos y la cercanía al viceministro o la ministra, para buscar favores para sus propios universidades.
Además es tan desmotivante el actuar del CESU en esta época que pasan los años y las Instituciones Universitarias privadas (que son la gran mayoría del sistema (105) no tienen vocero en el CESU, pero sí las públicas (que son 34), y ni siquiera participan como invitadas.
La desmotivación hacia el CESU se refleja también en las otras representaciones: de estudiantes, profesores y comunidades académicas, en las que terminan siendo los pocos que conocen la dinámica “electoral” del CESU quienes saben llegar a esas vocerías.
Y es una dinámica electoral que no se surte con propuestas sino con amiguismo y llamadas para convencer a los colegas de inscribirse y votar por ellos.
¿Y el representante de los profesores universitarios?
Al tiempo de la elección del vocero de los rectores de las universidades privadas, el CESU surte el trámite para la elección, o re-elección, del consejero de parte de los profesores universitarios, rol que tradicionalmente ha sido ocupado por voceros de universidades públicas.
Algo similar ocurre. Potencialmente pueden votar 89 profesores (de públicas y privadas), pero sólo se inscribieron 22 y se postularon los siguientes 7: Luis Orlando Aguirre Rodríguez (de la UIS, y consejero desde 2016), Carmen Eugenia Fonseca Cuenca (de la Pedagógica Nacional), Edgar Javier Carmona Suárez (de Uniquindío), Andrés Escobar Mejía (de la UTP), Carlos Arturo Téllez Bedoya (de la Jorge Tadeo Lozano) y Jorge Pachón García (de Unillanos).
Lo cierto es que con ley estatutaria o no, con reforma de ley 30 o no u otra norma, el binomio CESU-Mineducación está llamado a ser revaluado completamente.
