Sept 11/23 Un contrato de 9.050 millones habría terminado beneficiando a candidatos del alcalde Daniel Quintero. Además de la denuncia política, se cuestiona el objeto del contrato porque la UNAL no tiene programas relacionado con el mismo.
Todo surgió a raíz del contrato interadministrativo Nro. 4600097003 suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Social de Medellín – Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, representada por su vicerrector, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez (foto), para la “gestión de estrategias enmarcadas dentro del pilar de gobernanza de las comunicaciones”.
La polémica está dada porque la Universidad Nacional, en Medellín, no tiene ningún programa, especialmente pregrado, directamente relacionado con el área de Comunicación.
Además, porque en los archivos con los entregables habría aparecido una carpeta con material de propaganda política de varios personajes cercanos al alcalde Daniel Quintero y que hoy están en campaña.
Las denuncias sugieren que recursos del contrato se habrían usado para favorecer las campañas políticas del algunos miembros del movimiento Independientes, del alcalde Daniel Quintero, entre los que está el aspirante a la alcaldía Juan Carlos Upegui, primo de la gestora social y esposa del alcalde Quintero, Diana Osorio.
También se mencionan los nombres de Ana María Valle Villegas, Juan Daniel Pulgarín Correa, Sergio Andrés López Muñoz y el concejal de Independientes Carlos Mario Romero Misas.
Habría un grupo de asesores y funcionarios cercanos a los políticos beneficiados con el contrato.
El vicerrector Restrepo expidió un comunicado en el que anunció una investigación interna para aclarar la situación alrededor. La Universidad dijo que “se ha cumplido con el objeto del contrato y se han entregado las evidencias al respecto, y ninguna corresponde a las carpetas de acceso público con el contenido electoral que se ha difundido a la opinión pública”.
Sostuvo que la institución no está alineada con ninguna corriente política y que los contratos que suscribe se hacen bajo los principios rectores de la ley.
Posteriormente fue la propia Facultad de Ciencias Humanas y Económicas la que habló, también mediante un comunicado en el que señaló que “la Facultad es competente para adelantar este y otro tipo de contratos que se han suscrito durante los últimos años con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito y otras entidades públicas y privadas. La gobernanza y la comunicación pública integran los temas objeto del accionar de la Facultad”.
La Procuraduría General de la Nación ya abrió indagación previa para determinar las “presuntas irregularidades presentadas en la firma y ejecución de un contrato con la Universidad Nacional, que tenía como objeto apoyar las estrategias de comunicación de la administración”.
