Marzo 19/20 Además de ser imprudentes y de caer en la terquedad, la decisión de algunos rectores de mantener personal administrativo, e incluso docente, desatendería lo ordenado por el Código Penal Colombiano.
Según el Código Penal Colombiano (artículo 368): “El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.
Y vale recordar que la propia Corte Constitucional ha insisitido que la autonomía universitaria no es plena y no puede estar por encima de la ley.
Las IES han suspendido clases o las están haciendo a través de medios virtuales, y sus docentes están laborando desde las casas, pero aún quedan algunas que piden a sus directivos, profesionales de apoyo y hasta docentes que trabajen presencialmente en la Institución, contraviniendo los pedidos de los gobiernos nacional y local.
Llama la atención el erróneo pensamiento de que hay que proteger a los estudiantes, pero es como si pensaran que los empleados no corren riesgo de infección del coronavirus. Además de imprudente, y de incumplir lo normado, va en contra de los discursos de formación integral, de preocupación por el bienestar de la comunidad académica y hasta del humanismo cristiano, pues en la lista de IES cuestionadas por sus propios colaboradores aparecen algunas de comunidades y pensamiento religioso.
Obligar a ciudadanos trabajadores a movilizarse de su casa hasta el trabajo, en transporte público, y compartir con otras personas, pese a su voluntad y a las orientaciones gubernamentales, puede ocasionar que se sancione al posible potador de un virus, y hasta a sus jefes, por propagación de la epidemia (artículo 369 del Código Penal), y corre el riesgo de caer en prisión de 4 a 10 años y además deberá pagar una suma de aproximadamente $300 millones.
Algunas IES se escudarán en que formalmente el gobierno nacional no ha decretado una cuarentena, pero el fenómeno extraordinario del Covid-19 parece ser suficiente para entender que no habría necesidad de ello.
Adicionalmente, la propia Fiscalía General de la Nación ha advertido que judicializará a quienes desconozcan los protocolos sanitarios adoptados por las autoridades de salud para controlar el impacto de la pandemia.
¿Y qué pasaría si entre los casos positivos de coronavirus aparece uno o varios de personal docente y administrativo de una IES, infectado por el contacto en el lugar de trabajo?
