Junio 20/18 A pocas semanas de finalizar la actual administración del Ministerio de Educación, la especulación, la incertidumbre y la preocupación ronda el sector por la posibilidad de que el Gobierno Nacional firme el decreto que re-estructura el SAC, luego de que éste recibiera más de 700 observaciones, y el Ministerio mantenga su intención de sacarlo sin que la opinión pública conozca la versión final.
Y eso que la ministra Yaneth Giha se comprometió con todo el sector educativo, cuando se hizo el lanzamiento del libro “Referentes de Calidad: Una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad”, que fundamenta conceptualmente el decreto, que sólo habría decreto cuando hubiera plena claridad al respecto.
Ya se vaticinaba, a finales de abril, la lluvia de críticas que vendrían.
No ha vuelto a decir nada.
Desde el propio Ministerio ha habido celebración entre algunos funcionarios de la Dirección de Calidad, por los ajustes del decreto y el supuesto envío de éste a Palacio, para firma, auncuando esta versión luego ha sido recogida, porque el propio Ministerio desea terminar de alinear fuerzas con sus posibles aliados en una especie de “retiro” que hará en Paipa este fin de semana, para definir el plan a seguir.
Lo cierto es que dentro del propio Ministerio hay división y un importante grupo de funcionarios del Viceministerio de Educación Superior expresaron, en comunicación oficial a la ministra y la viceministra, sus diferencias y preocupaciones con el impacto del decreto.
Además, en Conaces hay serias dudas sobre el mismo; el CNA -que no saldría bien librado y que incluso perdería su acreditación internacional- dice de labios para afuera que lo respalda, aunque varios de sus consejeros lo rechazan en reuniones privadas (más temerosos de posibles represalias del Ministerio), y el CESU tiene una posición tibia (que sí, que no, que no fue exactamente una aprobación, que sólo era para estudio…), que el Ministerio ha aprovechado para seguir adelante con la iniciativa, que aparentemente tiene el respaldo de las universidades tradicionales y acreditadas, y que tampoco parecen haber sido conscientes de los impactos financieros y procedimentales que traería el decreto (por ejemplo, la multitud de visitas que tendrán las IES; el excesivo control y desconfianza, puede llevar a una dinámica contraria a la autorregulación; el desgaste institucional producido por las exigencias de un externo más que por las decisiones basadas en la autonomía y el aseguramiento interno de la calidad).
La operacionalización, costos, posibles vacíos legales, complejidad para el propio Ministerio y riesgo para muchas IES pueden resultar siendo de más difícil manejo e impacto negativo en el sector, que los beneficios que trae la propuesta, tales como la intencióin de unificar el sistema y corregir algunas de sus fallas.
¿Cómo así, han preguntado algunas IES en las observaciones, entre otras muchas, que se estabece un “Régimen de Transición” en el que see afirma que las IES no acreditadas institucionalmente que no logren la aprobación de condiciones Institucionales en el nivel de registro solo podrán solicitar el proceso de evaluación siempre y cuando haya transcurrido mínimo un año?. ¿No limita esto el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de las IES?.
Argumentan quienes están en desacuerdo con el proyecto de decreto, que la Corte Constitucional, ha sentado el núcleo esencial de la garantía constitucional a la autonomía universitaria, sus titulares y sus restricciones, y que se evidencia en el proyecto de Decreto, la supuesta autorización del legislador al ejecutivo para, en pro del “aseguramiento de la calidad”, entrar a determinar aspectos propios de la autodeterminación, autolegislación, autoregulación y autogobierno de las IES, siendo claro que vía decreto no se puede desfigurar el derecho a la autonomía universitaria.
¿Por qué el Ministerio no comparte con el sector la versión ajustada?
¿Por qué insiste en un tema que genera opiniones encontradas a pocas semanas de salir la ministra y la viceministra?
¿Por qué heredar un conflicto al próximo gobierno (algunos rectores consultados por El Observatorio han indicado que tan pronto salga el decreto lo demandarán por aspectos relacionados con violación de autonomía, ausencia de estudios de impacto financiero, no consulta con el sector, y desconocimientos constitucionales, dicen ellos)?
El CNA y el SNA se perjudican
¿Por qué, si sale el decreto, sacrificar al CNA y condenarlo a perder la acreditación de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education(INQAAHE), que es uno de los más importantes reconocimientos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Colombia, con respecto a la región? (ver informe de acreditación INQAAHE). Esa acreditación internacional implica que el CNA y el SNA se visibilizan internacionalmente como agencia, siendo la única no europea con una acreditación dos agencias (RIACES E INQAAHE), pero esto impacta directamente a las universidades en su acreditación institucional y de programas. Sin embargo esa re acreditación quedo condicionada a lograr la autonomía todos los sentidos http://www.inqaahe.org/aligned-agencies. La visita debe ser recibida el próximo año y, por lo tanto, es inminente en el contexto del proyecto de Decreto la pérdida de la acreditación es del Sistema Nacional de Acreditación y por efecto del CNA.
¿Qué pasará?
El trabajo adelantado, la investigación sobre Referentes y el debate que inicia es una buena herencia que este Ministerio podría dejar al otro. Querer imponer un decreto de otra manera contribuirá a fragmentar más el sistema.
Ojalá que los asistentes al “retiro” de Paipa, sean debidamente iluminados.
