Marzo 25/25 Si las universidades de Estados Unidos quieren seguir contando con recursos federales deben ceder a las demandas de la administración de Donald Trump, que implican un cambio en su orientación política y libertad académica.
Hace poco días el gobierno canceló un envío de 400 millones de dólares en contratos y subvenciones federales a la Universidad de Columbia, lo que llevó a esta institución a aceptar condiciones (presiones llaman otros) impuestas por el gobierno, tales como ejercer un más fuerte control sobre los estudiantes que participaron en disturbios pro-palestinos, prohibir las mascarillas en el campus, autorizar agentes de seguridad a expulsar o arrestar a personas y tomar el control del departamento que ofrece cursos sobre Medio Oriente de su facultad.
Columbia también acordó colocar su departamento de Estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África bajo un nuevo funcionario, según el memorando, quitándole así el control a su facultad.
Aunque académicos de Columbia, como Lee Bollinger, expresidente de esa Universidad, llamó al hecho una “toma de poder autoritaria”, lo cierto es que Columbia terminó aceptando las exigencias de la administración Trump.
Así, podrá recuperar proyectos cancelados como los que incluyeron el desarrollo de una herramienta basada en inteligencia artificial para ayudar a las enfermeras a detectar el deterioro de la salud de un paciente en el hospital dos días antes que otros sistemas de alerta temprana, y un estudio para mejorar la seguridad de las terapias de transfusión de sangre para adultos, niños y recién nacidos, y la investigación sobre los fibromas uterinos, que son tumores no cancerosos que pueden causar dolor y afectar la fertilidad de las mujeres.
La confrontación del gobierno con Columbia, que los críticos describen como chantaje ideológico y posiblemente ilegal, es sólo uno de los muchos disparos que la administración ha disparado en los últimos días contra la educación superior de élite estadounidense y, hasta ahora, la oposición ha sido sorprendentemente mínima, mientras los colegios y universidades sopesan si rendirse, negociar o contraatacar.
Lo cierto es que los defensores de la libertad de expresión, con profesores, estudiantes de posgrado e investigadores, están temerosos de perder sus trabajos o financiación, debido a sus opiniones políticas o simplemente porque trabajan en una institución que ha quedado bajo la mirada de la administración Trump.
El gobierno también anunció un grupo de trabajo sobre presunto antisemitismo en 10 universidades importantes; envió una carta a 60 escuelas advirtiendo que están bajo investigación por discriminar a estudiantes judíos; y arrestó a Mahmoud Khalil, un ex estudiante de Columbia que encabezó protestas pro palestinas, en virtud de una oscura disposición que otorga al secretario de Estado de Estados Unidos el poder de deportar a ciudadanos extranjeros cuya presencia en Estados Unidos tenga “consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de Estados Unidos”.
¿Llegarán a Colombia los cambios que Donald Trump quiere hacer a la universidad estadounidense?
También en la Universidad de Pensilvania
La administración también anunció que congelaría 175 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Pensilvania debido a las políticas de la universidad que permiten a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos, lo que la administración ha calificado de “degradante, injusto y peligroso para las mujeres y las niñas”.
Trump firmó una orden ejecutiva titulada “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”. Las encuestas han mostrado que la mayoría de los estadounidenses están a favor de que el género de nacimiento dicte la participación deportiva.
“Hay un miedo extraordinario en los campus universitarios al más alto nivel”, dijo Veena Dubal, profesora de derecho y consejera general de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP).
Y la situación se ha extendido a otras universidades, pese a que la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión, de prensa, de religión, de reunión pacífica y de petición al gobierno) aún garantiza a las universidades el derecho a moldear sus propias comunidades expresivas, y muchas de las exigencias que plantea la administración interferirían con ese derecho.
La semana pasada, la Universidad de Johns Hopkins anunció la eliminación de más de 2000 empleos debido a los recortes de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Y la Universidad de Harvard ha congelado las contrataciones.
Un funcionario de la Casa Blanca afirma que el congelamiento de fondos es “solo una muestra de lo que podría venir” para las universidad de la Ivy League ( grupo de ocho universidades privadas en el noreste de Estados Unidos, consideradas las más prestigiosas y selectivas del mundo).
Algunos observadores se han preguntado si las universidades –algunas de las cuales han perdido millones de dólares porque los donantes pro-Israel, descontentos con el sentimiento radicalmente pro-palestino en los campus, retiraron su financiación– están secretamente satisfechas con las acciones de la administración Trump, porque proporciona cobertura política para tomar decisiones impopulares entre los estudiantes y el profesorado.
Demandas contra el gobierno
El debate no termina, y por ahora académicos han demandado a la administración Trump en un esfuerzo por bloquear la deportación de estudiantes y académicos extranjeros que han sido objeto de persecución por expresar opiniones pro palestinas y críticas a Israel.
La Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Estudios del Medio Oriente (Mesa, por sus siglas en inglés) presentaron el una demanda en un tribunal federal estadounidense en Boston acusando a la administración de fomentar “un clima de represión” en los campus y sofocar los derechos de libertad de expresión garantizados constitucionalmente.
La demanda surge tras el sonado arresto de Mahmoud Khalil, un palestino nacido en Siria y exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien posee una tarjeta de residencia permanente, y de Badar Khan Suri, un estudiante indio de posdoctorado en la Universidad de Georgetown, ambos detenidos en medio de los esfuerzos del gobierno por deportarlos. Ambos habían expresado abiertamente su apoyo a los palestinos. Sus abogados cuestionan la legalidad de los esfuerzos de la administración Trump por deportarlos.
