Marco Antonio Vélez y John Mario Muñoz, profesores Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la U. de Antioquia llaman al Ministerio a iniciar sobre las problemáticas que aquejan la educación superior pública en el país. Tomado del portal de esta IES.
La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro tiene por objeto propiciar alternativas de equidad e igualdad para el pueblo colombiano. Propósito loable y entendible para un gobierno que se postula como gobierno del Cambio y de la búsqueda de la superación de las condiciones de desigualdad y pobreza que afectan históricamente a la sociedad colombiana. Los profesores universitarios consideramos de la mayor importancia el logro de estos objetivos.
Estos mismos propósitos tienen que ver con el acceso a la Educación Superior de jóvenes que tienen en la educación universitaria su mejor posibilidad de superar situaciones de desigualdad e inequidad. De allí que el movimiento estudiantil y en general el movimiento universitario colombiano haya sido un bastión en la lucha contra las pretensiones del gobierno anterior de Iván Duque de colocar sobre las espaldas del pueblo colombiano la carga tributaria para garantizar el gasto del Estado.
El profesorado universitario fue protagonista de estas luchas en el año 2018, aquellas que posibilitaron la obtención de 4.5 billones adicionales para compensar en parte el déficit histórico de la Educación Superior Pública. Se mitigó así en parte la situación de crisis financiera de las universidades públicas y las Instituciones técnicas y tecnológicas. Se obtuvieron recursos adicionales por encima del incremento inercial del IPC según los parámetros de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior. En esta movilización los profesores universitarios, además, avanzamos en la garantía de equidad que supone mantener un beneficio tributario a través de los gastos de representación no gravados.
La reforma tributario de 2016 había desconocido este beneficio, agravando las deficitarias condiciones salariales del profesorado. Hay que dejar en claro que en dicha medida de reconocimiento de gastos de representación exentos de tributación, se busca un paliativo frente a la baja remuneración, los salarios en la Educación Superior Pública apenas garantizan un nivel de bienestar mínimo, que se deteriora progresivamente frente a la inflación y el incremento de las exigencias de formación propias de la docencia universitaria de calidad.
Como profesores y profesoras de las universidades públicas debemos estar alertas para posibilitar que estos beneficios ya ganados, se mantengan y no sean vulnerados en la actual propuesta de Reforma Tributaria.
De otro lado, es necesario mantener una alerta frente a la posibilidad de reforma inconsulta del Decreto 1279 que regula el sistema salarial del profesorado universitario. Hay pretensiones y propuestas que buscan modificarlo, ante el peregrino argumento de que hay remuneraciones muy altas, producto del sistema de obtención de puntos por publicaciones, que como se ha demostrado por diversos estudios, beneficia a un sector muy reducido de profesores y profesoras que han hecho uso licito de las potencialidades del sistema. Es posible poner topes al Decreto de remuneración salarial, por arriba y en la base, pero cualquier cambio debe ser producto del debate y la concertación.
Creemos, igualmente, que la Reforma de la Ley 30 de Educación Superior debe ser integral y de fondo. No basta con modificar aquellos artículos que tienen que ver con los recursos para la financiación de las Universidades y las Instituciones técnicas y tecnológicas, es decir, los artículos 86 y 87 de la citada ley.
Hay que avanzar en un debate de fondo sobre todo el sistema universitario estatal y sus diversos escenarios, a saber: fines y objetivos de la educación superior, principios que la regulan, gobierno universitario democrático, elección democrática de las autoridades universitarias, formas de acceso igualitario a la educación superior, problemática de género, entre otros temas.
Llamamos al Ministerio de Educación a iniciar un debate de fondo sobre dichos temas y problemáticas que aquejan al sistema de la educación superior pública en Colombia. Los profesores y profesoras universitarios estamos dispuestos a contribuir con un diálogo sensato, razonado y propositivo para abocar la discusión de estos temas y encontrar las mejores posibilidades para una Educación Superior Pública de calidad, democrática y con acceso igualitario para la población colombiana.
