Abril 20/23 Se trata del proyecto de Ley 374/2023C que busca crear un fondo para el fomento de la formación de posgrado con recursos públicos y donaciones, administrado por Mineducación.
La iniciativa es del representante a la Cámara por el Valle del Cauca Duvalier Sánchez Arango (Partido Alianza Verde), y pretende que las universidades públicas que califiquen para participar en el fondo puedan recibir, como mínimo, el 60 % del valor de la matrícula de cada estudiante.
En el caso de las especialidades médico-quirúrgicas se demandaría que, para que las universidades obtengan el pago económico, estas tengan que crear cupos nuevos.
La proyección es financiar 35.448 estudiantes de posgrados en los primeros cuatro años, con un costo aproximado de medio billón de pesos.
Según un análisis de congresista, en programas de posgrado de las universidades en Bogotá, las especializaciones oscilan en un rango de entre 22 millones y 30 millones, siendo las médicas las más costosas. Las maestrías y doctorados en general tienen un precio de 35 millones las primeras y 60 las segundas por su duración y variando según sea necesario conseguir materiales de apoyo para su realización.
Igualmente se propone la creación de un “Comité intersectorial de posgrados”, con participación del sector académico, y responsable de estudiar dinámicas y tendencias en formación posgradual con el fin de definir las áreas y núcleos básicos del conocimiento a ser financiados con recursos del fondo de fomento a la formación posgradual.
El Comité estaría integrado por 3 representantes del sistema de universidades estatales, uno por cada gremio estratégico, los ministros o viceministros de cada ministerio, 2 representantes de los estudiantes de las universidades públicas e invitados especiales (no permanentes) por trayectoria destacada (ex directivos de COLCIENCIAS -MinCiencias-, investigadores categorizado por MinCiencias, etc).
Según el congresista, el problema de los posgrados en el país tiene varios componentes. Entre ellos los siguientes:
- Altos precios tanto en la red de universidades públicas como privadas.
- Altos precios tanto en Bogotá como fuera de Bogotá.
- Oferta de programas con baja adecuación a las necesidades productivas.
- Regiones con débil oferta de programas de posgrado y concentración de programas e infraestructura en las regiones más ricas del país.
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