Marzo 6/24 El Ministerio de Salud quiere que el año rural, que actualmente realizan algunos profesionales de la salud, sea obligatorio para todos. El problema es que no hay cupos suficientes y eso represaría los graduandos.
El tradicionalmente llamado Servicio Social Obligatorio, o SSO (creado con la Ley 1167 de 2007), nació como inspiración del año rural (decreto 3842 de 1949), pero dejó de ser requisito formal para titular profesionales de la salud, y especialmente médicos. El cambio en las condiciones sociales de la población y, sobre todo, la limitación en el número de plazas a cubrir y la llegada de otras realidades de atención médica, como la telesalud, abrió otros caminos de prácticas y experiencias formativas para obtener el grado.
Actualmente, el año rural lo realizan, desde 2014, quienes salgan designados en un sorteo para llenar las limitadas plazas existentes en las regiones del país y el aumento en el número de egresados de programas de ciencias de la salud, tales como medicina, odontología, enfermería y bacteriología, entre otros. En noviembre pasado, Minsalud amplió en siete carreras de la salud más (fisioterapia, nutrición y dietética, fonoaudiología, optometría, terapia ocupacional, terapia respiratoria y química farmacéutica) para que cumplan con el Servicio Social Obligatorio, como requisito previo para obtener la autorización del ejercicio profesional.
Pero ahora, el actual ministro de Salud, Guillermo Alberto Jaramillo Martínez, quiere volver a que este SSO sea, efectivamente, obligatorio. Pretende pasar el tiempo de un año a un semestre para duplicar la capacidad, pero -consciente que ésta no es suficiente- pone la condición de que si los próximos profesionales de la salud no logran obtener su cupo para el año rural, deberán esperar a que, vía sorteo, éste les sea asignado, y eso podría tomarles a los graduandos semestres y hasta años.
Todo ello está contemplado en una propuesta de resolución (clic para ver).
En la propuesta de resolución de Minsalud, que considera que quienes no hacen el rural no se están formando de la mejor manera, se propone que el SSO “se cumplirá por el término de seis meses en las poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud”, y que quienes no lo hagan en estas zonas deberán cubrir su año rural por un año.
Estarían exentos del servicio quienes ya hayan hecho el rural en otra profesión del área de la salud, quienes lo hayan hecho en el exterior por un tiempo mínimo de un año después de obtener su título, quienes hayan prestado servicio militar, los extranjeros con un título de posgrado en el exterior y que esté convalidado, y quienes comprueben que no pueden prestarlo “por enfermedad catastrófica, por caso fortuito o fuerza mayor”.
Solicitud de ASCOFAME
Al respecto, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) pidió al Gobierno Nacional que se amplíe el número de plazas, o de lo contrario siempre habría un número de jóvenes “a quienes se le aplazará de manera indefinida su registro en el ReTHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud)”.
Según informaciones de prensa, el ministro Jaramillo está empeñado en la idea a tal punto que el proyecto de resolución le costó el cargo a la directora de Desarrollo del Talento Humano en Salud, Edilma Suárez, quien trabajó hasta diciembre de 2023, luego de que el ministro Jaramillo le pidiera la renuncia, por las fuertes diferencias que tuvo con ella al respecto.
Por su parte, voceros de los estudiantes de programas de la salud, emitieron un comunicado en el que señalan que “nos preocupa en sobremanera estas nuevas propuestas que pueden retrasar nuestro ejercicio profesional y para las cuales no hay garantías efectivas de la seguridad de nuestros rurales en toda la geografía del país”.
Medida discriminatoria
Por su parte, el exministro de Salud del gobierno Duque, Fernando Ruiz (en una columna de Revista Semana), esta es una política lesiva que discrimina a los profesionales de la salud frente a otras profesiones y les pone a cargar sobre sus hombros y su futuro una responsabilidad del Estado, como es la atención en zonas rurales, frenándoles la posibilidad de avanzar en sus carreras.
Asimismo, advierte Ruiz que acortar el periodo conducirá a que muchas plazas queden desocupadas por tiempos prolongados, reduciendo la presencialidad de los recursos en servicio social obligatorio.
Para los estudiantes y sus familias, el tiempo de espera para lograr una plaza será absolutamente incierto. Tomemos el ejemplo de medicina. Para 2024 egresarán cerca de 7.000 nuevos profesionales de 62 facultades. Las plazas que estarán disponibles apenas superan las 2.000, que duplicadas podrían llegar a 4.000, lo cual generará un remanente de 3.000 médicos esperando su SSO. A lo largo de los próximos cinco años, tendremos más de 15.000 médicos esperando por una plaza rural
Por todo esto, concluye Ruiz, esa política tiene dos consecuencias muy graves: una para el egresado, que verá limitado su derecho al trabajo por cuenta de las decisiones antitécnicas del propio gobierno. Inequitativo y discriminatorio escenario teniendo en cuenta los costos que asumieron la mayoría de ellos y sus familias pagando altas matrículas universitarias y viendo truncado su desarrollo profesional, que en el caso de los médicos los conduce hacia la especialidad.
La otra consecuencia nefasta es que se retrasará la entrada de esos profesionales al mercado laboral; en un país donde los índices de médicos y enfermeras disponibles por millón de habitantes son aún muy bajos. Será un alto precio que pagaremos los usuarios y pacientes del sistema, reflejándose negativamente en mayores tiempos de espera para consultas y procedimientos. No se entiende de verdad esta política incoherente, cuando el Gobierno impulsa una reforma que pretende ampliar la base de servicios extramurales y la atención primaria, lo cual requiere miles de profesionales de la salud.
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