Julio 6/23 El debate se enciende en Estados Unidos donde se analiza si la práctica de favorecer la admisión de hijos de exalumnos resulta discriminatoria frente a otros aspirantes.
Un interesante debate entre discriminación negativa y positiva, autonomía universitaria, negocio (matrículas) y exclusión-inclusión.
La historia es tomada del análisis del periodista Sergio Gómez Maseri, para el diario El Tiempo:
A solo días de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos acabó con la llamada ‘acción afirmativa’ para la educación superior en ese país, quedó abierto un nuevo frente de batalla en este mismo campo que con seguridad va causar nuevas fisuras en un dividido país.
Este lunes, un grupo de organizaciones civiles, entre ellas varias que representan a latinos en el país, presentaron una queja ante el Departamento de Educación pidiendo terminar también con otra práctica usada por universidades del país bajo la cual se privilegia en el proceso de admisiones a los hijos de exalumnos y los que donan fondos para los centros educativos.
Los peticionarios alegan que se trata de otra forma de “discriminación positiva”, pero en este caso para beneficiar a las élites y aquellos con más recursos.
“¿Por qué estamos recompensando a los hijos por los privilegios y ventajas acumulados por generaciones anteriores? El apellido de su familia y el tamaño de su cuenta bancaria no son una medida de mérito y no deberían influir en el proceso de admisión a la universidad”, dice Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles, que está a cargo del caso.
Preguntas que siempre han existido, pero que ahora son vistas bajo una nueva luz tras la decisión del máximo tribunal el jueves de la semana pasada.
Ese día, la Corte tumbó 45 años de precedentes al sentenciar que los programas de admisiones de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte eran discriminatorios contra blancos y otras personas al asignar ciertos cupos a personas de origen afroestadounidense o latino para promocionar la diversidad y ampliar las oportunidades para sectores menos favorecidos.
Una práctica que había sido autorizada por otra sentencia de la Corte de 1978 en la que conceptuó que ciertas razas tenían menos acceso a centros de educación superior, especialmente los de élite o “Ivy League Collages”, dado los altos costos, su alta demanda, las bajas tasas de aceptación y la discriminación intrínseca en el sistema.
Según la Corte, el determinante para ingresar a una universidad debe ser el mérito académico y no el color de la piel.
Pero para Espinoza-Madrigal, si el mérito es el nuevo rasero que la Corte Suprema de Justicia pide aplicar, entonces no tiene sentido que las universidades privilegien a ciertos estudiantes solo por que sus papás asistieron a la misma universidad.
En el caso puntual de Harvard, los documentos que se presentaron ante la Corte para el estudio de la demanda sobre acción afirmativa revelaron las ventajas que tienen los hijos de exalumnos para ingresar a este prestigioso centro educativo.
Según los documentos, la tasa de aceptación para ellos es cercana al 35 por ciento mientras que la del público general solo alcanza un 6 por ciento.
Muchos de estos centros educativos, particularmente los privados, defienden la práctica alegando que es una forma de fomentar los lazos entre exalumnos, hace parte de sus tradiciones y es una fuente de financiación pues muchos exalumnos donan recursos que luego son usados en ayudas estudiantiles para personas con menos recursos.
Advierten, las universidades que inmiscuirse en este tipo de decisiones violaría su derecho a autodeterminar la naturaleza de su negocio.
Pero la percepción del público frente a la práctica es muy negativa. De acuerdo con dos sondeos, uno del Washington Post y otro del PEW Center, el 75 por ciento de los estadounidenses no está de acuerdo con que se dé un trato preferencial a ciertos estudiantes solo porque sus padres fueron a la misma universidad.
La queja de las organizaciones civiles será procesada por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. Y si bien el desenlace es incierto, el tono usado la semana pasada por el presidente Joe Biden indica que se intentará reevaluar la política.
“Le he pedido al departamento de educación examinar prácticas como las admisiones heredadas y otros sistemas que amplían el privilegio en lugar de la oportunidad”, dijo el mandatario.
Si bien varios estados han comenzado a coquetear con la idea, solo uno -Colorado- ha prohibido que se considere “el legado” como criterio en el proceso de selección para las universidades públicas.
A nivel individual otras como Amherst College, Johns Hopkins, MIT, UCLA, y las universidades de Michigan y Texas no usan ya la práctica. Pero tanto a nivel público como privado siguen siendo una minoría.
Pero una decisión similar como la que tomó la corte sobre la acción afirmativa, podría tener un profundo alcance.
En el caso de Amherst College, por ejemplo, la universidad sostiene que desde que eliminó la discriminación positiva para élites, la tasa de aceptación de hijos de exalumnos bajó al 6 por ciento mientras que la de público general o estudiantes de primera generación subió al 19 por ciento.
Una proporción inversamente proporcional a la que existía antes.
En otras palabras, una vez se consideró solo el mérito de los estudiantes, se vino abajo el número de aceptaciones de quienes ingresaban por “herencia”.
Lo más probable es que el caso llegue en algún momento a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que decidir si aplica el mismo rasero que utilizó frente a la acción afirmativa o privilegia el derecho individual de las universidades.
