Mayo/24 Para el diario bogotano, al intentar nombrar un rector (e) en la U. Nacional, el Ejecutivo sienta un precedente preocupante.
Hace ya varios siglos que en esta parte del mundo se alcanzó el consenso sobre lo importante que era levantar una barrera sólida entre la academia y la política. En Colombia, como en tantos otros países, este acuerdo se había concretado en la autonomía de la que goza la universidad pública, por supuesto, dentro del marco constitucional. De hecho, dicha autonomía está consagrada en la carta política. Es un reconocimiento que la sociedad les hace a quienes se dedican a producir conocimiento, a sabiendas de los riesgos que para la propia sociedad trae consigo que esta labor termine en función de quien se encuentre en el poder. No es poca cosa, hay que ser muy claros, lo que este principio busca proteger.
De ahí que preocupe tanto la decisión del Gobierno de nombrar un rector encargado en la Universidad Nacional, inmersa en una agria polémica después de que el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió a José Ismael Peña mediante un proceso que según la Procuraduría General de la Nación se llevó a cabo ajustado a las normas.
La designación del Ministro de Cultura, Juan David Correa, en calidad de Ministro de Educación ad hoc para que se nombre nuevo rector, implica el no acatar lo dispuesto por el CSU, y ha generado más de un cuestionamiento sobre su legalidad. El caso es que la Ley 1740 de 2014, norma que rige la inspección y vigilancia de las universidades en Colombia, no faculta al Ejecutivo para actuar de tal manera. Los primeros sorprendidos son miembros antiguos de la universidad que desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla no recordaban una actuación de este talante. Por lo demás, todos los gobiernos han sabido respetar tal autonomía. Así las cosas, al proceder de esta manera el Gobierno termina poniendo en riesgo precisamente todo lo que la autonomía universitaria busca proteger, además de sentar un precedente muy peligroso para las restantes instituciones de educación superior del país, sobre todo las públicas, pero incluso también las privadas. El gobierno de las universidades está cuidadosamente diseñado para mantener no solo autonomía académica, sino la garantía de que todos sus estamentos tengan una participación equitativa en la toma de decisiones. Esto en relación con la pretensión de que el rector de la universidad sea elegido por una suerte de democracia directa, lo que en el papel puede sonar atractivo, pero desconoce la esencia de la academia y de su sistema de gobierno.
El encargo a Correa, ha dicho el Gobierno, durará mientras el Consejo de Estado resuelve las quejas que el mismo Ejecutivo interpuso sobre la elección de Peña, lo que también ha despertado dudas entre juristas. Porque a este proceso no le han faltado nubarrones: no han sido solo las disputas jurídicas, las presiones del propio Presidente en discursos, sino también el matoneo ejercido contra los integrantes del Consejo y que en ocasiones ha bordeado el Código Penal. Fue en este ambiente en el cual se produjo la renuncia de la representante de los estudiantes, Sara Jiménez. También se han registrado intimidaciones, amenazas y actos de vandalismo, generando el ambiente menos propicio para encontrar una solución a esta compleja situación.
El llamado es a no abandonar la institucionalidad. La salida tiene que darse por este cauce. No hay opción.
