Editorial de El Heraldo, de Barranquilla, sobre los retos que tiene el nuevo periodo presidencial de Juan Manuel Santos en Educación Superior, para impulsar una reforma que fomente la calidad y la cobertura.
El regreso a clases de los estudiantes universitarios, prevista para hoy en la mayor parte del país, tiene una connotación especial.
Mientras miles de jóvenes acudirán a las aulas en procura de su proyecto de vida profesional, el Gobierno nacional estará preparando un nuevo proyecto de reforma a la educación superior, tras el fracaso de la iniciativa de hace dos años.
Ahí estará un eje clave del conjunto de políticas públicas que deberemos desplegar para conseguir el propósito de una sociedad mejor, si asumimos, como lo acaban de hacer el Center for International Higher Education, CIHE, del Boston College, y la Universidad del Norte, de Colombia, que solo si nos educamos mejor conseguiremos los estándares de desarrollo que buscamos en nuestro tránsito hacia una nueva economía emergente.
Las dos instituciones juntaron un equipo de expertos, incluidos consultores nacionales e internacionales, para producir, al lado de sus investigadores, el documento “Educación superior de Colombia: Doce propuestas para la próxima década”, que plantea los que bien podrían ser referentes de la próxima discusión nacional.
La gran preocupación del estudio es cómo hacer para aumentar la cobertura sin menoscabo de la calidad que demanda la sociedad global del conocimiento.
Porque, evidentemente, los muchachos que hoy inician o continúan sus carreras profesionales hacen parte de una élite que se va enfatizando según las desigualdades regionales. Si bien en los últimos 12 años se duplicó el número de estudiantes matriculados, en general, solo 30 de cada 100 bachilleres colombianos pueden ingresar actualmente a una universidad.
El problema puede ser de falta de recursos, en cuyo caso al Estado le correspondería aumentar sus presupuestos de financiamiento que –hay que admitirlo– han sido responsable, en buena parte, de las mejores oportunidades que hoy tiene la población joven; sin embargo, podría ser también de creatividad, lo que demandaría ofertas educativas más flexibles; de eficiencia de recursos, que requeriría de manejos óptimos por parte de las oficinas estatales; de alianzas público-privadas, que estimularían marcos socialmente responsables.
Lo que viene ocurriendo es que en tanto ha hecho carrera la creencia, justamente, de que la educación superior es un privilegio y no un derecho generalizado, hay una concurrencia de instituciones que en oposición aparente a esa ecuación, vienen ofreciendo programas sin rigores legales o formativos.
Pronto, quienes egresen de esas escuelas se van a encontrar con la desilusión de haber perdido su tiempo y dinero, pues el mercado les estará exigiendo competencias que nunca recibieron o adquirieron a medias.
El otro gran cuidado que hay que tener, por tanto, es la calidad.
En esto también hay avances. De hecho, el proceso de acreditación que vela por estándares de excelencia, ha sido ponderado por expertos internacionales que han venido, incuso, a emularlo. Pero el sistema no es todavía una tarea acabada y requiere de nuevas miradas que pongan a tono los desafíos nacionales con las realidades de la ciencia, la proyección social, las expectativas del aparato productivo y, por supuesto, el mundo global, que también son referentes válidos.
Ahí quedan, pues, unas pistas clave para quienes están redactando la reforma.
