Será el Congreso, y no el MEN, el que asigne recursos a las universidades públicas

Enero 18/22 La Corte Constitucional señaló que debe respetarse lo normado, con el riesgo de presenciar el lobby de rectores con sus padrinos en el Congreso.

Debe ser el Congreso de la República y no el Ministerio de Educación, el que asigne y distribuya el presupuesto de las universidades públicas del país.

Según la Corte, debe respetarse el proceso de distribución de recursos definido por la Ley, aunque podría aparecer un modelo politizado de asignación de recursos, desde el Congreso, en virtud del lobby y senadores y representantes a la Cámara que son padrinos de algunas universidades públicas.

Esta podría ser una de las consecuencias de lo definido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-346 de 2021, del pasado 14 de diciembre, en respuesta a la demanda de la Sección 2201 del artículo 2 de la Ley 2063 de 2020 «por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021».

La Corte declaró inexequible que los recursos para las universidades públicas fueran apropiados en la misma partida presupuestal del Ministerio de Educación Nacional, sin que estos fueran diferenciados, así como debidamente indicados los gastos de inversión y de funcionamiento de las universidades.

La Ley demandada en su apartado es la que destinó los 313 billones del Presupuesto General de la Nación del año 2021, entre los que se incluyen los 46 billones del Ministerio de Educación Nacional, que contemplan los recursos que esta cartera distribuye, según su lógica, a las universidades públicas.

Los recursos tradicionalmente llegan al Ministerio y este ha asimilado las universidades públicas a establecimientos públicos en materia presupuestal con lo que, para la Corte, se desconoce su autonomía universitaria. Por tanto, en virtud de su carácter de entes públicos autónomos, dijo la entidad, el presupuesto global de las universidades oficiales debe incluirse en la ley anual de presupuesto, tal y como ocurre por ejemplo con la Rama Judicial, pues él forma parte del presupuesto general de la Nación.

El tribunal considera que el esquema de asignación presupuestal a las universidades desde el Ministerio es inconstitucional, porque implica la existencia de una «bolsa común» conformada por los recursos del MEN y las universidades públicas.

El modelo de asignación de recursos

Según la Sentencia C-220 de 1997, de la propia Corte Constitucional, se le impuso al Legislador (Congreso) la obligación de incluir en la ley anual de presupuesto el presupuesto global de las universidades oficiales, el cual debe prever el monto total de los rubros de funcionamiento e inversión de dichas instituciones.

La misma sentencia señaló que en la ley anual de presupuesto debe existir una partida que corresponda a las universidades públicas y en las que consten tanto sus gastos de funcionamiento como los de inversión.

Por lo mismo, para la Corte, la expedición del Decreto 1805 de 2020, en el cual el Gobierno nacional señaló la cifra correspondiente a los gastos de inversión de cada una de las universidades públicas y la partida global de los gastos de funcionamiento para estas, no puede ser entendido como una forma válida de eximir al Congreso del deber constitucional de establecer dichos gastos en la Ley 2063 de 2020. El Gobierno nacional no podía realizar una tarea que le compete de forma exclusiva al Congreso de la República: establecer los recursos de funcionamiento de las universidades públicas.

Para la Corte las universidades públicas no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público y no pueden ser tratadas, ni presupuestal ni administrativamente, como entidades dependientes del Estado, tal y como hasta ahora se ha venido dando. Según el alto tribunal, “la vinculación de las universidades públicas al MEN se da únicamente en relación con las políticas y la planeación del sector educativo”.

La demanda fue presentada por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, quien sustentó los argumentos del Comité de Asuntos Jurídicos del Sistema Universitario Estatal SUE, y respaldada por ASCUN, al considerar que la forma como se viene definiendo la asignación de recursos del Estado a las Universidades Públicas, constituye una vulneración del principio de autonomía universitaria, en la medida en que sujeta a las universidades públicas a criterios y pautas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Así las cosas, a partir del año 2.023 la apropiación del gasto en la ley anual de presupuesto, con independencia de los recursos destinados al MEN, permitirá que el Congreso de la República conozca y controle el monto real de las apropiaciones a favor de cada universidad.

Mientras que para algunos esto podría politizar la asignación del presupuesto a las universidades, para otros esto garantizará una conformación más pluralista del presupuesto y una mejor expresión de los intereses de las universidades públicas del orden nacional y territorial, al tiempo que otorgará mayor claridad y transparencia a la aprobación de ese gasto.

La decisión también genera un impacto en otros rubros de inversión que, desde el Ministerio se vienen haciendo a proyectos de inversión sectorial, pues ahora estos recursos se destinarían todos a las universidades.

Negativa del Ministerio

En la sentencia se indica cómo Juan Carlos Bejarano Rodríguez, en representación del Ministerio de Educación Nacional, solicitó a la Corte declararse inhibida por ineptitud de la demanda y, subsidiariamente, declarar la exequibilidad de la Sección 2201 de la Ley 2063 de 2020. Por el contrario, la autonomía de las universidades públicas se vería afectada si la Corte accede a las pretensiones del demandante. «Incluir de manera acéfala» los aportes de la Nación a las universidades públicas nacionales o territoriales en la Ley Anual del Presupuesto «no solamente imposibilitaría su operatividad en determinar el sector de la Nación encargado de materializar su ejecución, sino también en una evidente transgresión a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de 1991»

Pero para la Corte el artículo 69 de la Constitución Política y la jurisprudencia sobre el alcance de la autonomía universitaria, prohíben que los recursos que la Nación aporta al financiamiento de las universidades públicas sean apropiados dentro del presupuesto asignado para el MEN, mediante la ley anual de presupuesto.

Finalmente, la Corte estimó necesario precisar que la regla de que la Ley del Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones debe contemplar una sección que corresponda al presupuesto global de las universidades públicas, solo será exigible para la elaboración y aprobación de la Ley del Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones para las vigencias fiscales del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023 y siguientes. De esta manera, la Corte evita que la nueva regla interfiera en el trámite de aprobación de la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, que está en curso, y que, por mandato del artículo 349 constitucional, debe discutirse y expedirse en los tres primeros meses de cada legislatura.

A propósito, lea: La inentendible resolución del MEN que da 20 mil millones a unas pocas universidades

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