Abril/24 Para Lopera hay que ir más allá de los pobres alcances que plantean las propuestas de reforma a la ley 30 o ley general de educación, y pensar en grande.
El sistema universitario colombiano demanda, urgentemente, una reestructuración de sus fines y sus formas.
El sector lo sabe y es consciente de ello, pero no se atreve a avanzar en el tema, por el acostumbrado miedo al cambio, por el miedo a plantear temas que resulten polémicos para otros y por temor a perder el statu quo.
Además, porque por la falta de liderazgo, y muchas veces de capacidad, de parte de las asociaciones, de los rectores con prestigio y, sobre todo, del Ministerio de Educación Nacional, para abanderar una reforma, termina reinando el pobre consuelo de operar como se vienen haciendo las cosas, que hacer cambios profundos.
No importa que sea vox populi para el sector el que no hay un sistema articulado, que las políticas públicas solo buscan favorecer a los cercanos del gobierno de turno, que la educación superior no responde efectivamente a cuál es el país que queremos, y que quienes tienen una cuota de poder en el sistema sólo se interesan en mantener su propio éxito, así este implique sacrificar a otros.
Por ello, se necesita un ejercicio estructural, de fondo, de revisión del sistema y de sus políticas. Pero no un triste, incompleto y miope ejercicio de reforma de la Ley 30, tal y como lo ha planteado el actual gobierno, ni una pomposa concertación nacional para una, dizque, nueva ley general de educación, como plantea el Viceministerio de Educación Superior. De nada servirá trabajar un texto que solo apunte a revisar procesos e intentar algunos pequeños justes, si la perversidad del sistema y los intereses de los actuales actores no cambia.
En aras de responder a ese obligado y necesario ejercicio de concertación sectorial, en donde todos los actores pongan sus cartas sobre las mesas, y el diálogo permita responder qué educación superior necesitamos y para qué país, es bienvenida la idea de convocar una Constituyente Universitaria.
Pero no esa Constituyente que, movida por las ideas mesiánicas, populistas e irrealizables del presidente Petro, se está animando, interesadamente, por algunos profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, únicamente con la intención de desvirtuar la elección del rector Peña Reyes, hacer de la autonomía universitaria motivo de burlas y creer, inocente y peligrosamente, que es el deseo popular el que debe imponerse sobre las reglas de juego previamente definidas y el mérito. Tampoco se trata de una constituyente con miles de personas, en donde se imponga el parecer de quienes más griten o la capacidad de presión política que tengan.
Debe ser una Constituyente (congreso, reforma, acuerdo nacional, revisión sistémica, o como se le quiera llamar), en donde los actores, intelectuales, legisladores, ejecutivo y comunidad académica, apunten a la urgencia y necesidad de reformar tanto los mecanismos de elección de rectores y de conformación de los consejos superiores de las universidades públicas, como una revisión del modelo de remuneración por puntos de los docentes (decreto 1279), de las inequitativas y desproporcionadas diferencias en las transferencias inerciales del estado a las IES y universidades públicas, de las características de calidad que deben tener todas las sedes universitarias que el gobierno está proponiendo, de la corresponsabilidad social de los egresados de las universidades públicas beneficiados con la gratuidad, de la articulación e integración colaborativa entre la educación superior pública y privada, de los alances de los conceptos de educación postmedia y terciaria y su vínculo con la educación superior, de la definición de responsables y diferencias entre los alcances de inspección y vigilancia, de las responsabilidades penales y fiscales de las universidades públicas que desarrollan convenios interadministrativos, del reconocimiento y reglamentación de la formación extranjera y en línea, de las necesidades de formación por áreas de conocimiento según proyección del país y zonas geográficas, de la función y composición de los organismos colegiados de diseño de políticas públicas, de la de financiación con recursos públicos contra resultados, de la investigación no lucrativa, y los mecanismos de rendición de cuentas, entre un largo etcétera.
La sensibilidad sobre las necesidades de los cambios existe, e incluso hasta la conciencia de ello también. Lástima que el actual gobierno no tenga el liderazgo, la capacidad de convocatoria ni discurso que motive al sector a avanzar hacia un verdadero cambio, no de carácter político y populista sino estructural. Ojalá que el sector fuera menos dependiente del Estado y, en uso de la autonomía que tanto proclama y poco usa, se liberara para diseñar su propia constituyente y se atreviera a pensar en cómo podría reorganizarse y ser mejor.
